09_Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Nicaragua por Nayar López

1.- Artículo de Roberto Regalado:  “FMLN: de la insurgencia a la oposición, y de la oposición al gobierno”

**click en el link.

 **  contexto_latinoamericano FMLN

2.- Texto de Manuel Ortega “Nicaragua 2006: el regreso del FSLN al poder

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN ESPECIAL / 2007 / 205-219

ARTÍCULOS

 Nicaragua 2006: el regreso del FSLN al poder

 Manuel Ortega Hegg

Universidad Centroamericana-UCA (E-mail: mortega@ns.uca.edu.ni)


Resumen

El presente artículo trata sobre los principales eventos económicos, sociales y políticos ocurridos en Nicaragua durante el año 2006. Una economía sin mayores logros sustantivos, una agenda social postergada que obligó a los trabajadores a búsquedas de respuesta salariales y las expectativas abiertas por el cambio de gobierno con las elecciones generales de este año, conforman los principales acontecimientos que se reseñan.

Abstract

This article synthesizes the most important economics, socials and political events of 2006 in Nicaragua. The situation of the economy, the social agenda, the results of the national elections and the expectations for the new sandinist government of Daniel Ortega are the most important events that are discussed in this paper.

PALABRAS CLAVE • Economía o Política • Elecciones generales • Elecciones autonómicas • Elecciones legislativas • Elecciones presidenciales


I. LA COYUNTURA ECONÓMICA

En este último año de gobierno del empresario Enrique Bolaños (2001-2006), que había prometido durante su toma de posesión en 2002 convertirse en el mejor Presidente de Nicaragua, el país ha tenido un discreto desempeño económico. A pesar de proyecciones optimistas de organismos como CEPAL que pronosticaban un crecimiento del PIB del 6% para el año 20061, los datos finales indican que el crecimiento real fue de apenas un 3,7%. El promedio de crecimiento de la economía nicaragüense durante su administración es del 3%, aunque el país necesitaría hacerlo al 7% de manera sostenida si quisiera comenzar a reducir la situación estructural actual de pobreza existente2.

Sin embargo, los datos indican que el gobierno de Bolaños deja un ambiente económico menos adverso que el que recibió a comienzos de su gobierno, cuando la economía tendía a la recesión como consecuencia de un entorno internacional desfavorable debido al clima de incertidumbre provocado por el reciente ataque a las Torres Gemelas, la crisis cafetalera, quiebras bancarias, y una macroeconomía frágil.

En 2006 el entorno económico-político exhibe una relativa estabilidad macroeconómica debido a una mayor disciplina fiscal, control de la inflación y el exitoso cumplimiento del programa con el FMI finalizado en el mes de diciembre. En el ámbito monetario, las Reservas Internacionales Brutas se han más que duplicado respecto al 2001, al pasar de 383 millones de dólares al mes de diciembre a 874 millones de dólares a julio del 2005, permitiendo ampliar su cobertura respecto a la Base Monetaria en número de veces de 1.57 a 2.23 y en número de meses de importaciones de 2.59 a 3.89, en el mismo período; el contexto internacional en términos de precios de los productos nicaragüenses aparece como propicio para el crecimiento; se mantiene el respaldo económico y político de la comunidad internacional, luego de un significativo alivio de la deuda externa, así como del apoyo presupuestario de países cooperantes y donantes para combatir la pobreza. El control de la inflación, la disciplina fiscal y el crecimiento de la economía ha creado un ambiente de seguridad económica para los inversionistas, sobre todo en el ámbito de los servicios turísticos. Este panorama favorable desde el punto de vista macroeconómico llevó al Presidente saliente a declarar a finales de su mandato que “dejaba la mesa servida”(Sandino, 2006).

Sin embargo, otros indicadores no parecen coincidir con este análisis optimista del Presidente saliente. El país no logra ampliar su capacidad productiva y se mantiene un balance negativo en la cuenta comercial de aproximadamente 35,8%. Por otro lado, a pesar de que el saldo de la deuda externa se ha reducido sustancialmente, la deuda interna sigue teniendo un peso sumamente alto para la economía nicaragüense, habiendo representado el 27% del PIB del año anterior. Más aún, los datos no muestran una reducción significativa de la pobreza ni de las desigualdades, y el desempeño actual de la economía no parece favorecer el cumplimiento de las metas del milenio (Equipo Nitlapan-Envío, 2006a).

De ahí que la mayoría de la población no sienta que haya sido invitada a la mesa servida que dice dejar la administración saliente. Una encuesta de opinión pública nacional dada a conocer en junio por Cid Gallup, indicaba que un 73 por ciento de los nicaragüenses consideraba que el país iba por el camino equivocado. La mayoría de las encuestas electorales de este año 2006 coincidieron en esta valoración ciudadana.

Esta percepción es coincidente con el Índice de Desarrollo Humano 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuando indica que Nicaragua sigue ocupando el lugar 112 de un total de 177 naciones. Este puesto es el mismo del año pasado. Este informe revela que la esperanza de vida de los nicaragüenses es de 70 años; la tasa bruta de matrícula en enseñanza primaria, secundaria y terciaria mejoró levemente a 70 por ciento, pero que el acceso a fuentes de agua mejorada disminuyó dos puntos porcentuales, hasta alcanzar 79 por ciento de la población. Señala también que casi ocho de cada diez nicaragüenses sobreviven con dos dólares diarios, y que 45,1 por ciento de la población sobrevive con apenas un dólar. En cuanto a la desigualdad, el 20 por ciento de la población nicaragüense más rica participa en el 49,3 por ciento de los ingresos o consumo, frente al 5,6 del 20 por ciento más pobre. La desigualdad también se constata en los ingresos percibidos entre mujeres y hombres, 2.018 dólares frente a 4.512 (álvarez, 2006).

II. LA COYUNTURA SOCIAL

1. Los efectos del incremento del precio del petróleo

La coyuntura social nicaragüense se vio muy afectada durante el año 2006 por el fuerte incremento internacional de los precios del petróleo. En abril de 2006 el crudo sobrepasó los 72 dólares por barril en el mercado internacional, casi duplicando los 40 dólares de agosto de 2004. El precio empezó a bajar hasta en octubre de 2006, cuando llegó a menos de 60 dólares por barril.

De manera general, este incremento en el precio del petróleo afectó a la población por el encarecimiento de la vida, pero los efectos más notorios se expresaron en el agravamiento de la crisis energética y en el incremento del precio del servicio del transporte público.

2. La crisis energética

En Nicaragua el 83% de la energía depende de los derivados del petróleo. A pesar de poseer importantes potencialidades de fuentes alternas de energía, como la energía geotérmica, eólica e hídrica, el país no ha invertido en su desarrollo. Pero tampoco lo ha hecho en el mantenimiento de la capacidad instalada existente, mostrando cada vez mayor insuficiencia de energía y altos niveles de obsolescencia de equipo, con costos de generación crecientemente altos por su dependencia del petróleo,

El incremento en los precios del petróleo, sumado a las deficiencias en el sector energético, provocó constantes racionamientos de energía durante todo el año, llegando a producirse apagones de hasta 15 horas en algunas regiones del país. La crisis llevó a enfrentamientos de los consumidores con el gobierno y la transnacional española UNIÓN FENOSA, empresa distribuidora de energía, alcanzando puntos críticos en algunos meses.

La incapacidad del gobierno para manejar esta crisis se hizo totalmente palpable y su actuación estuvo en su totalidad parcializada a favor de la transnacional, ofreciéndole subsidios monetarios (9 millones de dólares) y energía subsidiada de la empresa estatal Hidrogesa, incrementar la tarifa a los consumidores y autorizarla al uso de métodos arbitrarios para la detección de consumidores ilegales, a través de la ley de estabilidad energética.

En enero de 2006 la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), una de las redes más beligerantes del país, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Estabilidad Energética (Ley 554)3 y ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, una demanda en contra del alza del 7% en la tarifa del servicio eléctrico que fue aprobada por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el 16 de diciembre de 2005 y entró en vigencia el 2 de enero de 2006.

Las protestas de la población se generalizaron en todo el país, exigiendo incluso la salida de la empresa transnacional. Este proceso culminó el 21 de agosto en una marcha con la consigna de “No a la entrega de 9 millones de dólares a UNIÓN FENOSA” y la toma de las instalaciones del ente regulador de la energía (INE); bajo esta presión el Consejo Directivo del ente regulador resolvió iniciar un proceso de arbitraje, con base a la cláusula 27 del contrato de concesión de distribución a UNIÓN FENOSA. Por otro lado, el 25 de agosto, miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República denunciaron la nulidad del contrato de concesión de distribución de energía a UNIÓN FENOSA.

En medio de estas circunstancias, el INE emitió licencia formal de importación de hidrocarburos a Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANIC), facultando a esta empresa para negociar la traída de petróleo ofrecido por el presidente venezolano Hugo Chávez en condiciones muy favorables (Núñez de Escorcia, 2007).

Sin embargo, dados los déficits de generación, la crisis energética se mantuvo durante todo el año.

3. El incremento de los precios del transporte

La otra afectación importante provocada por los altos precios del petróleo fue el incremento de las tarifas del transporte público. La población nicaragüense se vio afectada por la aplicación por parte de los transportistas de un incremento arbitrario en el pasaje urbano. Así, el año inició con paros de transporte que afectaron a más de 850 mil usuarios de Managua. Los transportistas reclamaban un subsidio gubernamental de 20 millones de córdobas para compensar los altos precios del combustible o que les autorizaran un alza de 14 centavos de dólar en el precio del pasaje. Luego de una semana de paro, no había aún una solución a la problemática y se reportaban heridos y detenidos por enfrentamientos entre los transportistas y la Policía Nacional. El 14 de febrero de 2006, los transportistas y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo. El Gobierno concedió al sector un nuevo subsidio de 4.7 millones de dólares, los cuales se iban a obtener de un impuesto temporal sobre las utilidades mensuales de las empresas petroleras. La propuesta fue avalada por la Asamblea Nacional, pero la medida no prosperó, dadas las protestas y resistencias de las compañías petroleras que obligaron al Estado nicaragüense a echarse atrás. La crisis se superó hasta finales del año con la reducción de las tarifas del transporte negociada por el alcalde de Managua y los transportistas, luego de conseguir petróleo venezolano en condiciones de pago muy favorables.

4. La huelga médica

La problemática salarial del sector salud fue otro elemento de la agenda social sumamente tensionado durante 2006. Los médicos nicaragüenses han tenido un salario básico en el sistema de salud pública de entre 200 y 350 dólares. Desde hace algunos años, la lucha por mejoras salariales los llevaron a organizarse en una federación llamada Médicos Pro Salarios. La intransigencia del gobierno a las demandas llevó a que los médicos decretaran una huelga que se inició el 17 de noviembre del año 2005, y paralizó 32 hospitales y unos 100 centros de salud de todo el país. La huelga duró seis meses y finalizó el 15 de mayo. El objetivo de la huelga era que el salario les fuera nivelado al de sus colegas centroamericanos, es decir, a un mínimo de 1.000 dólares mensuales. El gremio médico aceptó un 16,25% de aumento salarial a partir de mayo, lo que completaba un 30% para el año 2006 con el aumento que había recibido en diciembre de 2005. Los médicos obtuvieron además el compromiso del gobierno de darles acceso a viviendas, seguro colectivo, plan de retiro y capacitación médica, pero sobre todo, el compromiso del gobierno de introducir en la Asamblea Nacional en el mes de septiembre una iniciativa de ley que regulara la carrera sanitaria y la política salarial para el gremio médico. Este acuerdo se cumplió el 13 de diciembre de 2006, cuando el Legislativo aprobó la Ley de Equiparación Salarial, en beneficio de las y los médicos y odontólogos que laboran para el sector público de Nicaragua. Por medio de dicha ley, el Estado asumió el compromiso a equiparar gradualmente los salarios de este sector a los de sus homólogos de otros países de Centroamérica en un período de cinco años.

Aunque con menos repercusiones en la vida cotidiana del país, otras huelgas por salarios durante este año fueron las de los trabajadores de la Dirección General de Ingresos y los trabajadores del sistema judicial. Ambas terminaron en procesos de negociación relativamente favorables a los huelguistas.

5. La prohibición del aborto terapéutico

Uno de los temas que más controversia generó durante el año 2006 fue el tema del aborto terapéutico. La Iglesia Católica utilizó las fiestas patronales de Managua a inicios del mes de agosto para impulsar una fuerte campaña contra el aborto terapéutico. El tema rápidamente se convirtió en un tópico electoral, y salvo el candidato Edmundo Jarquín, del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que rechazó su abolición, el resto de los candidatos se convirtió en defensores e impulsores de esta campaña. Destacó la defensa a esta posición conservadora del candidato del FSLN, Daniel Ortega, y de su esposa, Rosario Murillo, la que luego se convirtió en posición oficial de su partido. Ya el 13 de septiembre Daniel Ortega había firmado, durante una reunión con 500 líderes evangélicos de las Asambleas de Dios, el documento elaborado por esta denominación, que proponía penalizar el aborto terapéutico hasta con 20 o más años de cárcel. Ortega prometió los votos de los 38 diputados del FSLN para eliminar del Código Penal la figura del aborto terapéutico, vigente en Nicaragua desde hace más de cien años.

Con estos apoyos de los partidos mayoritarios del país, las iglesias católica y evangélica convocaron a una marcha conjunta que se realizó el 6 de octubre y concluyó con la entrega a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de firmas en contra del aborto terapéutico; el Presidente sandinista de la Asamblea Nacional, René Núñez, y los legisladores que recibieron a los altos jerarcas católicos y evangélicos que encabezaban la marcha, ofrecieron derogar el artículo 165 del Código Penal que establece la figura jurídica de aborto terapéutico y así lo hicieron el 26 de octubre. Cabe indicar que la Asamblea Nacional no quiso recibir a una delegación de mujeres representantes de diferentes organizaciones que protestaba contra la derogación de dicho artículo, ni quiso escuchar las opiniones científicas emitidas por médicos especialistas en ginecología y obstetricia, alineándose totalmente al criterio de los jerarcas eclesiásticos.

Con ello, Nicaragua se convirtió en el tercer país latinoamericano en retroceder en la garantía del ejercicio a los derechos humanos de las mujeres. El movimiento de mujeres calificó este hecho como un grave retroceso del carácter laico del Estado, y un atentado al derecho a la vida de las mujeres.

III. LA COYUNTURA POLÍTICA

El año 2006 fue un año electoral en Nicaragua. El 5 de marzo se realizaron las elecciones autonómicas en las dos regiones autónomas del Atlántico-Caribe del país y el 5 de noviembre las elecciones generales para Presidente y Vicepresidente de la República, diputados nacionales, diputados departamentales y diputados al Parlamento Centroamericano.

Según algunos observadores estas elecciones presentaban varios obstáculos, particularmente a los partidos emergentes, distintos del PLC y el FSLN, quienes controlan el Consejo Supremo Electoral. Algunos de esos obstáculos fueron señalados el 1 de agosto por la misión de observadores electorales de la OEA presentes en Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington: “La conformación partidaria de los órganos electorales, las imprecisiones de la Ley Electoral, un padrón electoral con deficiencias, un proceso de cedulación inapropiado y lento, limitaciones operativas y logísticas y una tradición política polarizada y confrontativa”. El jefe de la misión de observadores, el ex canciller boliviano Gustavo Fernández, resaltó que “las condiciones no son óptimas y se pueden mejorar”. Por otro lado, en ambas elecciones la injerencia externa fue alta, destacando la injerencia constante y sistemática de la embajada norteamericana en Nicaragua que pretendió evitar una posible victoria del FSLN y, de contrapartida, el apoyo del Presidente venezolano Hugo Chávez a Daniel Ortega y su partido.

Adicionalmente es importante recordar que las reformas electorales del 2000 pactadas entre el Líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega, y el líder del PLC, Arnoldo Alemán, bipartidarizaron toda la organización electoral desde el Consejo Supremo Electoral hasta las Juntas receptoras de votos, al establecer la obligación de elegir alternativamente como Presidente y primer miembro de estos consejos electorales a los representantes de los dos partidos que hubieren obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales (PLC y FSLN). De esta manera, el sistema se orienta a garantizar los intereses de los partidos pactantes, pero no los del resto de competidores. Ello ha introducido incertidumbre en los partidos minoritarios y suspicacias sobre la neutralidad y profesionalismo de este poder del Estado (Ortega, 2003). Esta bipartidarización hace que el Consejo Supremo Electoral funcione con bancadas, como la Asamblea Nacional, lo que utilizan en algunos momentos como un arma política para negociar ventajas partidarias. Antes de las elecciones regionales, por ejemplo, los magistrados del PLC se negaron a hacer quórum para tomar decisiones sobre asuntos importantes del proceso electoral, presionando para conseguir una amnistía de su líder Arnoldo Alemán. El Consejo entró en crisis, la que finalmente tuvo que ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

1. Los resultados de las elecciones autonómicas

Las elecciones autonómicas en Nicaragua se realizan cada cuatro años en las dos regiones autónomas que reconoce la Constitución Política: la Región Autónoma Atlántico Norte y la Región Autónoma Atlántico Sur. La característica particular de la multietnicidad de estas regiones es la que explica su autonomía, parte importante de la cual es la elección de sus propias autoridades. La Ley Electoral establece que en cada Región Autónoma se deben elegir un total de 45 representantes, en 15 circunscripciones por región, para constituir los respectivos Consejos Regionales. En el seno de cada Consejo Regional se elige un Coordinador Regional que funge como el Ejecutivo de cada región autónoma. La Ley Electoral establece que en estas elecciones pueden participar partidos y asociaciones regionales, además de los partidos políticos nacionales. Las primeras elecciones autonómicas se realizaron en 1990.

En las elecciones regionales de la Costa Caribe, participaron 8 partidos políticos, con un total de 675 candidaturas, de las cuales 166 fueron mujeres, que representan el 25% del total. Los partidos participantes fueron la Alianza PLC, la Alianza FSLN, Alianza ALN, Alianza MRS, Alianza por la República, Camino Cristiano Nicaragüense, y los partidos regionales Yatama (Hijos de la madre tierra) y movimiento Unidad Costeña (PAMUC)4.

Los resultados de las elecciones autonómicas de este año fueron dados a conocer oficialmente por el Consejo Supremo Electoral el 18 de marzo con la proclamación de los 45 miembros electos para conformar cada uno de los Consejos Regionales, y mostraron una clara e inesperada ventaja del PLC sobre el FSLN y los demás partidos. El desprestigio de su líder Arnoldo Alemán, condenado por corrupción, y la escisión de su seno del ALN, hacía que los pronósticos sobre los resultados electorales no le fueran favorables al PLC. Sin embargo, en la Región Autónoma Atlántico Norte, el PLC ganó 16 concejales, YÁTAMA 13 y el FSLN 16. En el Sur, el PLC ganó 22, YÁTAMA 6, el FSLN 11 y ALN 6. El partido local indígena YATAMA protestó estos resultados aduciendo que habían sido amañados para favorecer al PLC, logrando al final recuperar un escaño.

En términos de género, entre los 45 electos en el Norte, sólo 4 son mujeres (1 FSLN, 2 YÁTAMA, 1 PLC). En el Sur, de los 45 electos, 11 son mujeres (1 YÁTAMA, 4 PLC, 3 ALN, 3 FSLN).

Estos resultados fueron leídos de distinta manera por los partidos políticos, pero indudablemente sirvieron para medir fuerzas y redisponerse para las elecciones generales a realizarse el 5 de noviembre.

2. El regreso de Daniel Ortega al poder

A pesar que las encuestas electorales señalaron persistentemente la ventaja del candidato sandinista, el resultado más sorprendente de este año electoral fue la reelección de Daniel Ortega, ex Presidente del país (1984-1990) y líder del FSLN, que vuelve a ocupar el poder perdido en 1990, luego de haber sido derrotado en tres intentos anteriores.

A estas elecciones se presentaron la Alianza PLC y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partidos de derecha, la Alianza FSLN (Alianza Nicaragua Triunfa), la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y el Partido Alternativa por el cambio (AC). Los candidatos en la elección presidencial fueron por el PLC: José Rizo (Ex Vicepresidente de Bolaños) para Presidente y Antonio Alvarado (Ex Ministro de Educación y salud de los gobiernos liberales anteriores) para Vicepresidente; por ALN: Eduardo Montealegre (banquero y ex Ministro de Relaciones internacionales y Hacienda de los gobiernos liberales anteriores) para Presidente y Fabricio Cajina, ex alcalde, para Vicepresidente; Por el FSLN: Daniel Ortega para Presidente, y Jaime Morales, ex miembro del Directorio de la Contrarrevolución en la década del ochenta, para Vicepresidente; por el MRS: Edmundo Jarquín que sustituyó a Herty Lewites, fallecido durante la campaña electoral, para Presidente y Carlos Mejía Godoy, cantautor para Vicepresidente; por AC: Edén Pastora, ex guerrillero, para Presidente y Mercedes Tenorio, funcionaria de una ONG, para Vicepresidenta.

 

En esta elección se estima que votó el 67% de los inscritos en el padrón electoral, por lo que la abstención se incrementó en 23% con relación a las elecciones anteriores de 2001, pues esta vez anduvo por el orden del 33% frente al 10% en 2001. Cabe indicar que se estima que el padrón está sobredimensionado en aproximadamente un 15% por las defunciones no registradas y la emigración al exterior.

Los resultados del Consejo Supremo Electoral indican que Daniel Ortega ganó por el 38,07% de los votos frente al 29% % de la derechista Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) de Eduardo Montealegre, al 26,21% del candidato también derechista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Rizo y del 6,5% del candidato del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín. AC no logró llegar a 1% de los votos. Las elecciones en términos generales fueron aceptadas por todos como legítimas y los incidentes ocurridos no se considera que invaliden los resultados.

3. Las razones que explican la victoria de Daniel Ortega

a) Respuesta a la agenda social

Las distintas encuestas aplicadas durante la campaña electoral indicaban claramente que los electores iban a votar mayoritariamente por un cambio de rumbo del país. Ello debido a que, a pesar de la condonación de gran parte de la deuda externa, de los altos índices de cooperación internacional y de los planes de lucha contra la pobreza, Nicaragua sigue ocupando uno de los últimos lugares en el ranking de desarrollo humano de América Latina; tiene hoy más pobres absolutos que antes y casi un millón de emigrados en busca de empleo, mientras la brecha entre ricos y pobres se ha agrandado por encima del promedio latinoamericano. Daniel Ortega logró persuadir a una parte del electorado que él podía hacer el cambio.

b) Fraccionamiento del voto derechista

Esta elección tuvo la particularidad de que no se polarizó en dos únicas opciones sandinismo-antisandinismo, como ocurrió en las anteriores. El bipartidismo tradicional dio lugar a cuatro opciones fuertes: FSLN, PLC, ALN y MRS. La no concentración del voto en sólo dos opciones, como en todas las elecciones anteriores, favoreció al voto fiel y duro del FSLN, aun disminuido por la aparición del MRS.

c) La reducción del porcentaje de votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta

El pacto institucionalizado del año 2000 entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán permitió la reducción del porcentaje para ganar en primera vuelta, pasando de 45% al 40% y hasta el 35% si el candidato ganador le sacaba al menos cinco puntos de ventaja al candidato del segundo lugar. Esta reforma a la Constitución y la Ley Electoral permite en esta ocasión la victoria de Daniel Ortega en primera vuelta.

d) Otros factores

No menos importantes serían la política de alianza del FSLN con sectores antes adversos al sandinismo, como la cúpula católica conservadora representada por el cardenal Miguel Obando y Bravo, sectores de la contrarrevolución de la década de los ochenta, y alianzas aún con el mismo Partido Liberal del derrocado dictador Anastasio Somoza. Esta estrategia combinó esfuerzos con una maquinaria partidaria muy bien organizada, con un tendido territorial nacional muy denso, al cual contribuyó el control de 87 de las 153 alcaldías del país, la propiedad de canales de televisión y la red de radios nacionales y regionales que posee el FSLN y que no posee ningún otro partido en Nicaragua; además de una disposición de recursos millonarios muy por encima del resto de partidos, según estimaciones independientes.

No menos importante fueron las enormes expectativas que generó entre sus seguidores el discurso de campaña del candidato Ortega, de la realización de una “revolución espiritual” cuyos resultados iban a ser la erradicación total de la pobreza, con “cero desempleo, cero hambre, cero analfabetismo”, emulando el discurso del Presidente brasileño Lula Da Silva. Además de inversiones sustantivas en infraestructura que incluyen hasta un canal interoceánico por Nicaragua5.

IV. RESULTADO DE ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL Y AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

Las elecciones a la Asamblea Nacional se realizan conjuntamente con las elecciones a Presidente y Vicepresidente de la República. Se eligen un total de 90 diputados, siendo 20 de circunscripción nacional y 70 por circunscripción departamental y regional.

Los resultados de las elecciones de representantes a la Asamblea Nacional indican que el FSLN obtuvo 38 escaños (30 departamentales y 8 nacionales). En el 2001, el FSLN obtuvo 919.192 (41,84%) votos para diputados nacionales y 905.206 (41,84%) para diputados departamentales. En estas elecciones, el FSLN obtuvo 899.292 (37,19%) para diputados nacionales (19.900 votos menos) y 906.957 (37,49%) para departamentales (apenas 1.751 votos más). Ello indica que la política de alianzas prácticamente no le sumó votos.

El PLC obtuvo 26 escaños, perdiendo 17, pues antes de estas elecciones tenía 43. Logró el 27,53% de los votos para diputados nacionales (664.024), cantidad suficiente para lograr el segundo lugar en número de diputados departamentales y nacionales, con una diferencia de sólo 1,32% sobre sus rivales de la ALN de Eduardo Montealegre. Sin embargo, este resultado le permite al PLC seguirse manteniendo como interlocutor del FSLN y actualizar el pacto político que firmaron ambos partidos desde el año 2000. Una de las expectativas de los partidos emergentes como ALN y MRS en estas elecciones era precisamente romper la posibilidad del pactismo, reduciendo el número de escaños de estos dos partidos mayoritarios. Los resultados indican que aunque ningún partido obtuvo mayoría simple, la alianza FSLN-PLC podría hacer mayoría simple y aún mayoría calificada y legislar sin necesidad del resto de los partidos.

Aunque la Alianza Liberal Nicaragüense obtuvo el segundo lugar en votos para Presidente y Vicepresidente de la República, en los votos para diputados quedó en tercer lugar. Para diputados nacionales, la ALN alcanzó 635.679 votos (26,29%). Obtuvo así cinco diputados nacionales y 17 departamentales, a los que habría que sumar al propio ex candidato Eduardo Montealegre, que obtiene una curul por su calidad de candidato del segundo lugar, y a Enrique Bolaños cuando deje la Presidencia.

El MRS alcanzó 205.340 votos (8,49%) para diputados nacionales. Sin embargo, sólo logró un diputado, dado que desde el pacto Alemán-Ortega la Ley Electoral favorece a los partidos mayoritarios en la asignación de escaños. Obtuvo tres diputados departamentales6.

La distribución de diputados por género se muestra en la tabla siguiente:

 

Del total de diputados electos, tanto nacionales (20) como departamentales y regionales (70), el 81% fueron hombres y el 19% mujeres.

Finalmente en estas elecciones generales se eligieron también un total de 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Los resultados por partido y por género se muestran en la tabla siguiente:

 

Del total de 20 diputaciones a elegir para el Parlamento Centroamericano, el 35% son mujeres y el 65% son hombres. El partido que tiene equilibrio de género es el FSLN con 4 hombres y 4 mujeres. El MRS sólo obtuvo una diputación y la electa es una mujer.

De manera general, los datos indican que en la participación de las mujeres en el sistema político falta mucho por hacer para conseguir la equidad de género7.

V. PODER EJECUTIVO

El gobierno de Enrique Bolaños finaliza su período con un sello de gobierno sin partido, dada su ruptura temprana y su posterior enfrentamiento con el partido que lo llevó al poder (PLC). El estilo presidencial de Bolaños fue gobernar de cara al gran capital nacional y transnacional, al gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales, subestimando las bases internas de su poder. Ello lo llevó a crisis sucesivas de gobierno por su poca capacidad para negociar exitosamente con las fuerzas políticas mayoritarias en oposición. La ausencia de una bancada legislativa propia le hizo difícil gobernar, pues tuvo grandes dificultades en lograr hacer avanzar su agenda legislativa.

Por otro lado, la alianza entre el PLC y el FSLN que se mantuvo viva durante todo este período de gobierno buscó concentrar poderes a costa del Ejecutivo y gobernar desde la Asamblea Nacional8. Así, en el funcionamiento del Estado durante 2006 se hicieron sentir los efectos de la crisis política provocada por las reformas constitucionales de 2005, que tendían a restarle poder al Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios claves de su administración, incluyendo algunos ministros y los embajadores, y que amenazó con un golpe de estado al Presidente. Esta crisis sólo se resolvió con la intervención de la OEA que logró concertar la terminación del período presidencial por Bolaños y la suspensión de la aplicación de las reformas durante su mandato. Sin embargo, el efecto de este incidente fue un debilitamiento aún mayor del gobierno y durante el año 2006 fue evidente que el país contaba con un Presidente de la República y su gabinete que rehuían tomar decisiones y que sólo esperaban el desenlace electoral para entregar el gobierno.

El Presidente Bolaños se caracterizó por mantener un gabinete relativamente estable de funcionarios de su total confianza, con una orientación empresarial y tecnocrática, estrechamente alineado a los dictados del FMI. A pesar de fuertes cuestionamientos a algunos ministros por presunciones de corrupción, como el Ministro de Transporte e Infraestructura, y otros funcionarios de alto nivel -como el Director del instituto de Estadísticas y Censos (INEC) y el Director General de Migración y Extranjería-, el Presidente de la República tendió a una defensa cerrada de sus funcionarios. El único cambio que terminó por aceptar fue el del Director de Migración y Extranjería por indicios claros de tráfico de influencias en el otorgamiento de visas a ciudadanos extranjeros que utilizaban territorio nicaragüense como lugar de paso para migrar a los Estados Unidos.

El nuevo gabinete del gobierno entrante que se esperaba muy amplio dado el discurso de reconciliación y de unidad nacional durante la campaña electoral de Ortega, al menos inicialmente ha resultado ser un equipo surgido de los distintos grupos de poder y tendencias internas del FSLN, que no ha tomado en cuenta a las pequeñas agrupaciones socialcristianas, contras y somocistas, que conformaron la electoral Alianza Nicaragua Triunfa. La única contradicción aparente en la conformación de este gabinete se dio con las Fuerzas Armadas, que no aceptaron a la ex capitana Marisol Castillo como Ministra de Defensa, cargo que aún se encuentra sin titular. Los criterios de selección fueron fundamentalmente de lealtad política, equidad de género y capacidad técnica. Destaca el hecho de que Rosario Murillo, la esposa del Presidente Daniel Ortega, funciona en la práctica como jefa de gobierno, mientras su esposo actúa como jefe de Estado. Según la revista “Envío”, los sectores ideológicamente ubicados más a la “izquierda” dentro del FSLN dominan el gabinete social y el sector agropecuario. Los empresarios acaparan casi todos los puestos vinculados a negocios de todo tipo, pero también han sido integrados algunos representantes de los pueblos indígenas y caribeños. “El resultado final es un gabinete variopinto. La mezcolanza de empresarios, sindicalistas, intelectuales, activistas sociales, trepadores políticos y ex militares, no permite ninguna consistencia ideológica. Coexisten portavoces calificados de quienes creen en las bonanzas del libre mercado y de quienes postulan por un sistema socialista” (Equipo Nitlapán-Envío, 2007). Las primeras contradicciones han hecho que a menos de un mes haya caído la ministra de la Familia y al siguiente mes la ministra de Cultura. La tendencia observada del nuevo gobierno es a un estilo vertical, centralista y autoritario de gobierno.

VI. PODER LEGISLATIVO

La Asamblea Nacional se mantuvo funcionando con dos bancadas mayoritarias: una bancada del PLC de 43 diputados y una bancada del FSLN con 38 diputados. Además, en el transcurso del año funcionaron pequeñas bancadas minoritarias como Azul y Blanco, Alianza por la República-Partido Conservador, Progubernamentales, y Camino Cristiano Nicaragüense, aliado histórico del PLC.

El trabajo de la Asamblea Nacional durante 2006 fue considerado como deficiente comparado con el del año 2005. Entonces se aprobaron 59 leyes de carácter económico, político y social, así como 318 decretos, y se ratificaron préstamos por 271 millones de dólares.

Este año la Asamblea Nacional aprobó 40 leyes. Una razón importante de este pobre desempeño legislativo tuvo que ver con el hecho de que los diputados dedicaron una buena parte de su tiempo al proselitismo político, dadas las dos elecciones que tuvieron lugar durante el año. En promedio sesionaron durante el año alrededor de 51 diputados, cuando la Asamblea Nacional consta de 91 (Barberena, 2006).

Por otro lado, este año se caracterizó también por una falta total de cabildeo del Poder Ejecutivo con los diputados. Ello conllevó a que este poder del Estado se viera obligado permanentemente a hacer uso del derecho de veto, llegando a utilizarlo en casi una decena de casos.

En materia económica, este año se avanzó con la aprobación de una nueva Ley del Régimen de Administración Financiera y Régimen Presupuestario; una nueva Ley de Deuda Pública; Ley del Fondo de Garantías de Depósitos; reformas a la Superintendencia de Pensiones; una nueva Ley General de Bancos, así como la aprobación de una serie de tratados internacionales.

Al cierre de su última legislatura, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley Orgánica de ese poder del Estado. Este hecho generó una fuerte polémica dado que esta ley, en su artículo 52, le da potestad a los diputados, de obligar a cualquier persona natural, jurídica, nacional o extranjera a comparecer ante ellos cuando así lo dispongan, sin especificar motivos, circunstancias ni casos específicos y la persona que no compareciere sería castigada por desacato, que según el Código Penal amerita seis meses a cuatro años de prisión.

La ley fue recurrida por sectores de la sociedad civil alegando disposiciones inconstitucionales. Concretamente, consideraron que contravenían los artículos 2, 132, 138 inciso 25, y 150 inciso 5. Por otro lado, señalaban que el Poder Legislativo se arrogaba por medio de esta ley, competencias exclusivas del Poder Judicial, estableciendo una jurisdicción que no les corresponde.

Esta ley también restituye privilegios económicos para los diputados a través de la introducción libre de impuesto de vehículos, violando el precepto constitucional de la igualdad ante la ley.

Otra serie de leyes aprobadas en marzo se refieren a las reformas de leyes nacionales que exigía EE.UU. para que el TLC entrara en vigencia en Nicaragua. La aprobación de estas leyes no estuvo exenta de tensiones, pues los diputados del PLC intentaron “negociar” su aprobación a cambio de dar pase en el Parlamento a un decreto de amnistía para liberar a Arnoldo Alemán. Sin embargo, la maniobra no prosperó y los diputados del PLC, los del FSLN y los del gobierno reformaron la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas. El 21 de marzo concluyeron la tarea reformando la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales; la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y la Ley Especial de Delitos contra el Comercio internacional o la Inversión Internacional.

Uno de los ámbitos donde el déficit legislativo fue más evidente fue en lo referido a la agenda social. Sin embargo, se logró que el 22 de marzo fuera aprobada la Ley General de Educación. Ella pretende establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo nacional, las atribuciones y obligaciones del Estado, los derechos y responsabilidades de las personas y de la sociedad en su función educadora. La ley fue vetada por el Presidente de la República. No obstante, se superó este desencuentro con la reforma de los artículos 91 referido al crecimiento porcentual anual del presupuesto educativo, estableciendo dicho incremento en no más del 5%, y el artículo 102 referido al aumento salarial anual para los profesores. Una de las novedades de esta ley es la importancia que le otorga a la participación de la sociedad civil en las políticas educativas. La ley se convierte en un referente básico de la educación en el país, por encima de los proyectos partidarios y busca articular el sistema educativo y mejorar la calidad de la enseñanza.

VII. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Nicaragua es un país de democracia reciente. Las bases de este régimen se establecieron con el derrocamiento de la dictadura somocista (1979), y los procesos que se dieron a partir de la revolución sandinista y la derrota electoral del FSLN en 1990. Desde entonces se ha desarrollado un marco de amplias libertades públicas y una irrestricta libertad de expresión, y se ha ampliado el régimen de derechos en el país, pero con una débil base material económica que no brinda los recursos públicos para garantizarlos y una también débil institucionalidad que no logra fijarse en sus límites democráticos.

El regreso del FSLN al poder ha abierto una nueva coyuntura en el país y la expectativa en algunos sectores de una mayor atención a la agenda social. Sin embargo, la población mayoritaria que no votó por el FSLN ve con prevención y aún temor algunas señales, como el apoyo del FSLN a la derogación del artículo del Código Penal que garantizaba el aborto terapéutico, la tendencia a gobernar para sus simpatizantes y por encima del estado de derecho, la poca tolerancia a la crítica de los medios de comunicación y la casi nula información sobre sus planes de gobierno. Toca a la nueva administración de Daniel Ortega corresponder a la confianza de sus electores y de todos los nicaragüenses, aprovechando esta nueva oportunidad para mejorar y profundizar la democracia y sus instituciones en este período, mientras contribuye sustantivamente a la impostergable resolución de los problemas de equidad, pobreza y desigualdad que agobian al pueblo nicaragüense.

 

NOTAS

1 Cfr.Skyspercity Forums: 2006

2 Véase: Ortega y Castillo (2007); Alvarez (2006); Sandino (2006); Vargas (2006).

3 El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos señala que “esta ley, en su artículo 5, viola garantías y derechos consignados en la Constitución Política, pues le otorga a UNIÓN FENOSA la facultad y potestad para que a cualquier hora invada una propiedad privada, haga inspecciones y busque consumidores ilegales; también autoriza a la empresa a tomar fotos y videos con testigos para demostrar la sustracción ilegal de energía, fomentando de esta manera la obtención ilegal de la evidencia. Le da facultades que ni la Policía Nacional posee, porque la Constitución establece que para poder allanar una morada debe tener orden judicial” (Núñez de Escorcia, 2007).

4 Véase los datos del Consejo Supremo Electoral en: http://www.cse.gob.ni/.

5 Véanse más detalles en Ortega (2006b y 2007).

6 Para más detalles véase: Equipo Nitlapán-Envío (2006b); Núñez de Escorcia (2007).

7 Los datos de los resultados electorales aún parciales del Consejo Supremo Electoral se pueden ver en: http://www.cse.gob.ni. Aunque este poder del Estado no ha proporcionado a la opinión pública aún un informe completo de los resultados electorales, incluyendo número total de electores, número de votantes, votos nulos, votos válidos, índice de abstención y otros.

8 Más sobre el pacto PLC-FSLN en: Ortega y Castillo (2007); Ortega (2001); Red Nicaragüense por la Democracia y el desarrollo local (2000).

 

REFERENCIAS

Álvarez, Gustavo. 2006. “Sin esperanzas de obtener ni una canasta básica”. El Nuevo Diario 9141. [En línea] <www.elnuevodiario.com.ni>. [Consulta: 21-01-2006].         [ Links ]

Barberena, Edgard. 2006. “Pobre desempeño en la Asamblea”. El Nuevo Diario 9513. [En línea] <www.elnuevodiario.com.ni>.[Consulta: 06-12-2006].         [ Links ]

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Núñez de Escorcia, Vilma. 2007. Nicaragua. Informe de Desarrollo Humano 2006. Edición Helena Ramos. [En línea] <www.cenidh.org>. [Consulta: 2-01-2007].         [ Links ]

PNUD-Red de Apoyo del Proyecto Regional de Diálogo Democrático. 2007. Informe de Observatorio 2006. Informe de Nicaragua. Managua: PNUD.         [ Links ]

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Manuel Ortega Hegg: Sociólogo nicaragüense. Director del Centro de Análisis Socio_Cultural (CASC) de la Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua.

 

 

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“El estudiante”, la eduación chilena NO SE VENDE, se defiende…

Apoyo al movimiento estudiantil en Chile, 
¡han avanzado bastante, sigan en pie!,
porque... MÁS VALE MORIR DE PIE, QUE VIVIR DE RODILLAS...

 

Gregorio Selser, un investigador-militante de las realidades de Nuestra América por Gilberto López y Rivas

A 20 años de su aniversario luctuoso, es necesario plantear-replantear-recordar-vislumbrar la vida y obra de Gregorio Selser, un acucioso investigador-historiador-periodista-divulgador de la historia contemporánea de América Latina; un entrañable formador-maestro-tejedor del anti-imperialismo como brújula de la accidentada geografía-historia-gesta de nuestra patria grande; un consecuente militante del periodismo de investigación-acción-denuncia; un hombre afable-modesto-generoso para quienes nos acercábamos en búsqueda de su siempre pertinente consejo.

Para ello, aquí destacamos el compromiso político que permeó su obra, digno de mención y de memoria; y, sobre todo, el rescate historiográfico –como basamento de nuestra identidad latinoamericana– que significó para muchos de nosotros sus memorables trabajos, algunos de los cuales se tornaron clásicos, como: Sandino, General de hombres libres (1955) y El pequeño ejército loco (1958), obras bandera-símbolo-imaginario de resistencias y revoluciones, pero, también, paradigma de una ciencia social comprometida con su realidad social. Recuerdo que las tareas internacionalistas de la Nicaragua de la década de los ochenta tuvieron lugar con el acompañamiento de estas lecturas obligadas, referentes imprescindibles para comprender a ese pueblo de guerreros y poetas. En especial, Sandino, general de hombres libres, publicado originalmente en 1955, se reeditó cuatro años después, con mucha más documentación y con prólogo del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, pasaba de mano en mano entre esa generación formada al calor de las revoluciones cubana y nicaragüense.
 
En Apuntes sobre Nicaragua” (1981) se recapitula todo el movimiento emancipador y libertario de Sandino, la lucha contra la invasión norteamericana y su enlace con las figuras de Zeledón, el papel de la iglesia, la dinastía Somoza y sus tratados, sus alianzas internacionales con el Fondo Monetario Iinternacional y con Israel; también se aborda la batalla por el poder y las empresas transnacionales en Nicaragua, y sobre todo, la resistencia del pueblo nicaragüense por medio de las armas y la poesía, cerrando con el fin de la sangrienta dictadura.
 
A lo largo de su vida, Selser impulsó, con todo el peso ético y la seriedad investigativa-informativa que lo caracterizaron, lo que todo investigador debe tomar en cuenta, y por ello, Selser es un ejemplo claro y digno del balance-equilibrio-coherencia entre los datos, la objetividad, la belleza, incluso literaria, de la narrativa-trama, y el contenido-perspectiva de la razón de clase, de las determinaciones estructurales de los personajes, de la comprensión inequívoca y sigilosa de toda obra que pretenda dar cuenta –para las generaciones que nos siguen– de lo que los hechos históricos significan para una lucha de liberación.
 
Gregorio Selser no solo fue un ejemplo del cómo abordar los temas; también, fue toda una panacea del quehacer histórico, literario y comunicativo, con su inmensa labor periodística. La muestra probatoria radica en todo lo que de su pluma salió, y se confirma con todos los intentos de los poderosos por callarlo y detenerlo en su búsqueda infinita por encunar ideas y mostrar cuidadosamente la verdad-realidad que le tocó vivir, que lo encausó a comprometerse congruentemente con todo lo que escribió prolíferamente, en la década de los sesenta, por ejemplo: El Guatemalazo (1961); Diplomacia, garrote y dólares en América Latina (1962); El rapto de Panamá: de cómo los Estados Unidos inventaron un país y se apropiaron de un canal (1964); Alianza para el progreso, la mal nacida (1964); ¡Aquí, Santo Domingo! La tercera guerra sucia (1966;) Espionaje en América: el Pentágono y las técnicas sociológicas (1966); De Dulles a Raborn: la CIA, métodos, logros y pifias del espionaje (1967), todas ellas, obras de coyuntura-actualidad que dan cuenta principalmente de las agresiones imperialistas, de sus métodos abiertos-encubiertos- diplomáticos, siendo uno de los primeros intelectuales latinoamericanos en estudiar los aparatos de inteligencia de nuestro enemigo histórico que se despliegan con especial fuerza a partir de la fundación de la Agencia Central de Inteligencia en 1947, cuando Estados Unidos inicia la llamada “guerra fría”, recrudecida en Nuestra América con el triunfo de la revolución cubana en 1959, y 20 años después, con el de la sandinista.
 
Selser se convirtió en el cronista-historiador- sociólogo-periodista-maestro –con los grados máximos que le dio la universidad de la vida–, a partir también de una de sus grandes cualidades cómo investigador, antes que el Internet existiera, el meticuloso registro, la clasificación de su gran acervo bibliográfico, de sus archivos periodísticos-documentales- representativos de toda la información que circulaba y utilizaba para integrar sus textos sobre toda la situación de América Latina y el Caribe, sobre las redes del dominio imperial, sobre la propia metrópoli estadounidense. Este archivo, ahora situado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se ha constituido en un hecho sin precedentes desde cualquier punto de vista, pues, se encuentra etiquetado y organizado de acuerdo a los distintos temas que Selser devoró en cuerpo y alma. El resultado de esa labor fue la creación de uno de los centros de documentación más importantes de Nuestra América, particularmente para el estudio de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y esta región en el siglo XX. Hoy, está ordenado en 150 archiveros de que contienen 3.700 carpetas con recortes de prensa y 50 revisteros con publicaciones de Argentina, Cuba, América Central, Estados Unidos, Puerto Rico y algunos países europeos. Este archivo también incluye ponencias universitarias, panfletos, discursos de líderes políticos y conferencias académicas.
En el archivo también están los datos biográficos de todos los tiranos sudamericanos, centroamericanos y caribeños del siglo XX y de la mayoría de personajes clave de la política exterior estadounidense, desde los presidentes James Monroe, Theodore Roosevelt y Ronald Reagan, todos ellos exponentes del destino manifiesto, del siglo XIX al XX, hasta secretarios de Estado, cómo Henry Kissinger, del que publicó “Informe Kissinger contra Centroamérica” (El Día, México, 1984), un documento dirigido a quienes mandaban Estados Unidos para aconsejarles sobre los medios que deben emplear en la coyuntura revolucionaria del istmo centroamericano para contener y reprimir el proceso de cambio protagonizado por los pueblos de la subregión, en nombre de los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos.
 
Este texto, por su contenido y por lo revelador de sus mensajes francos o implícitos, lo hacen sumamente instructivo para los estudiosos de la temática y los problemas de nuestro subcontinente. El “Informe Kissinger”, con sus notas y comentarios, destaca Selser: “nacieron del conjunto de reuniones…y de las sugerencias y lecturas suscitadas por ese intercambio y comunión de latinoamericanos. Al dejar sentada nuestra gratitud a esos estudiosos, a cuya generosidad y sapiencia deben atribuirse los aciertos que pudiesen hallarse en esta edición, corresponde señalar que las omisiones, fallas o errores son de exclusiva responsabilidad de este autor. Esta contribución no ha tenido en momento alguno la intención de ser una respuesta a Kissinger, sino sólo una herramienta de trabajo útil para quienes se propongan abordar la temática de ese proyecto imperial revestido de prosopopeya y ropaje académico. En este sentido, es mucho más lo que resta por analizar, descubrir y refutar desde nuestra óptica iberoamericana. Importaba empero, sobre todo, proporcionar una traducción menos chapucera que la que nos propinó la Universidad de Boston y, que no es poco, más responsable y fiel al original. Y más honesta” (Selser, “Informe Kissinger contra Centroamérica”, El Día, 1984, p. 8.)
Selser dentro de sus archivos también contaba con obras alusivas a la actividad de los contras en Honduras y Costa Rica, información muy importante para la conducción sandinista revolucionaria de la guerra patriótica de defensa nacional, las operaciones terroristas de los cubanos refugiados en Miami, la guerra de las Islas Malvinas y la venta de armas israelíes a dictaduras latinoamericanas.
Antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, el escritor publicó La CIA en Bolivia (1970), Los cuatro viajes de Cristóbal Rockefeller (1971), De la CECLA a la MECLA o la diplomacia panamericana de la zanahoria (1972), Una empresa multinacional: la ITT en Estados Unidos y en Chile (1974), Chile para recordar (1974), Los marines: intervenciones norteamericanas en América Latina (1974) y De cómo Kissinger desestabilizó a Chile (1975).
 
A partir de su exilio mexicano, Selser publicó –entre otros títulos– La batalla de Nicaragua (en colaboración con Ernesto Cardenal, Gabriel García Márquez y Daniel Waksman, 1980), Bolivia, el cuartelazo de los cocadólares (1982), Reagan: de El Salvador a las Malvinas (1982), Honduras, república alquilada (1983), Nicaragua de Walker a Somoza (1984), Cinco años de agresiones estadunidenses contra Centroamérica y el Caribe” – 1979-1984 (1984), Salvador Allende y Estados Unidos: la CIA y el golpe militar de 1973 (1987) y Panamá: érase un país a un canal pegado (1989).
 
Selser también redactó una monumental Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, en cuatro tomos, que comienza con la independencia de Estados Unidos en julio de 1776 y concluye con la invasión norteamericana a Panamá en diciembre de 1989. Aquí encontramos toda la historia del continente, desde Alaska hasta la Patagonia; se trata de la descripción día a día de más de 200 años de luchas emancipadoras, guerras civiles, conflictos fronterizos, tratados de límites, convenios comerciales, acuerdos diplomáticos, golpes de Estado, asesinatos políticos, rebeliones armadas, movimientos insurgentes, negociaciones de paz, elecciones. En más de dos mil páginas Selser describe la actividad de presidentes, militares, embajadores, líderes populares, agentes secretos, guerrilleros, héroes, mártires y traidores. (Ver: http://www.jornada.unam.mx/ 2010/11/10/politica/018n1pol)
Una de las facetas más notables de su proyección humanista, y la entrega generosa de su persona a la colectividad, es su labor docente, parte importante del profesional en la divulgación que fue Selser. Aquí hay que mencionar el papel de conciencia crítica que representó en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM; su presencia en numerosas universidades europeas, empezando por la Complutense, y su cercanía con los jóvenes estudiantes de todas latitudes, para quienes siempre tenía tiempo.
 
Gregorio Selser fue un incansable creador de opinión-información- divulgación en torno a las condiciones estructurales sociales, políticas, económicas y culturales de toda América Latina. Se sitúa, sin duda, a lado de los intelectuales más significativos que han dado razón y existencia al pensamiento crítico de Nuestra América. No escatimó ningún esfuerzo en plasmar de manera objetiva sus reflexiones y su sentir en una cuestión trascendental para la condición humana: la libertad de pensamiento y acción. En una época en que una buena parte de la academia y la intelectualidad se refugian en el cientificismo, la acumulación de prestigios y la alineación al orden establecido, el recuerdo de ese artesano de la palabra-unida- inevitablemente-a-la- actividad-política-en-favor- de-los-desposeídos cobra vida y vigencia, interpelando y alumbrando a la oscurana.
 
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Nuevamente, etnocidio contra los yaquis por Gilberto López y Rivas

30 de Septiembre de 2011
Gilberto López y Rivas

Nuevamente, etnocidio contra los yaquis

Violando el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en desacato de diversas disposiciones judiciales y medidas cautelares, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, en complicidad con diversas secretarías del gobierno federal, ha continuado la construcción del acueducto –paradójicamente llamado Independencia– que pretende llevar a Hermosillo agua de El Novillo, una de las presas intermedias del sistema de la cuenca del río Yaqui, desviando su cauce y amenazando con ello las bases materiales de la reproducción de los pueblos indígenas y no indígenas de siete municipios al causar severos daños ambientales a toda la región.
Ante la inminencia y el peligro de semejante despojo, las autoridades tradicionales de los pueblos de Vícam y Potam, apoyados por sus hermanos mayos y guarojíos, productores agrícolas locales, organizaciones indígenas y de la sociedad civil del estado y de todo el país, acordaron en asamblea celebrada el 4 de septiembre, continuar impulsando acciones de desobediencia civil pacífica ante la negativa del gobierno sonorense de obedecer las resoluciones dictadas por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de suspender la obra. La ilegalidad con la que actúa el gobierno del estado ha ido de la mano de amenazas de muerte que ha recibido la juez del octavo tribunal de distrito y su familia, y por una constante represión policiaca en contra del pueblo yaqui, que ha dejado heridos y detenidos, y ha criminalizado el movimiento de resistencia con la cooperación aceitada de buena parte de los medios de comunicación masiva de Sonora.
También, como es de uso y costumbre en toda la República, los delegados estatales de la desprestigiada Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), heredera del desaparecido Instituto Nacional Indigenista y para la cual trabajan sin rubor numerosos antropólogos, intentaron cooptar a los gobernadores del pueblo yaqui para apoyar la construcción del acueducto, y al fracasar parcialmente (sólo obtuvieron una firma), no dudaron en clonar las firmas de otros tres para publicar un desplegado de plana entera en la prensa local.
En un comunicado reciente, las autoridades de la tribu yaqui de Vícam y Potam manifiestan lo siguiente: “En un acto de prepotencia y alarde de impunidad, el gobierno de Sonora, en contubernio con el federal, mantuvieron prácticamente en estado de sitio el pueblo yaqui de Vícam. Con una concentración de las fuerzas armadas y de seguridad pública, el mal gobierno intentó intimidar a nuestra gente, misma que manifiesta pacíficamente su total rechazo a la construcción indebida del acueducto Independencia, que sigue avanzando en su construcción, a pesar de existir en contra de su realización varios impedimentos legales. Ni amparos ni medidas cautelares ni la aplicación de convenios internacionales firmados por el Estado mexicano han detenido la ambición desmedida de quien pretende convertir el agua de la cuenca del río Yaqui en una mercancía que se vende y se compra al mejor postor. Queremos decirle nuevamente al mal gobierno que, en ejercicio de nuestra autonomía y el legado histórico de nuestros guerreros yaquis, llevaremos hasta las últimas consecuencias la defensa de las aguas de nuestro río, porque sólo así garantizamos que el futuro de nuestros hijos y la sobrevivencia misma de nuestra tribu yaqui se respete y por fin se salde la deuda histórica que tiene el gobierno mexicano con nosotros. Es por eso que con el sabio consejo de nuestros mayores no caímos en la provocación de quien nos da el mensaje que efectivamente –como ya lo intentaron en muchas otras ocasiones– la verdadera intención que subyace en sus actos es la de eliminarnos de este nuestro territorio sagrado. Y no sólo eso, sino que también condena a la población del valle del Yaqui a emigrar en busca de trabajo hacia la idealizada megaurbe, donde pretenden mantenernos como reserva de mano de obra barata, en tanto agotan nuestros recursos naturales, agua y territorio, que tanto dolor y muerte ha costado ya a nuestros antepasados conservar. En este sentido, hacemos un llamado a la sociedad civil del valle del Yaqui, a los productores agrícolas, a los prestadores de servicios, organismos no gubernamentales, luchadores sociales, a toda persona honesta, de buen corazón y a todos los hermanos indígenas de México y del mundo, a que se solidaricen con nuestra lucha y manifiesten su sentir ante los actos de abuso de poder y prepotencia de quien pretende el uso de la fuerza pública en contra de quienes se manifiestan pacíficamente, y protege al que violenta y manipula la Constitución, misma que juraron cumplir y hacer cumplir. Por eso y más decimos: ¡Nunca más un México sin nosotros!”
El gobernador de Sonora y los funcionarios que resulten responsables en los tres ámbitos de gobierno cometen el crimen de etnocidio al atentar contra la integridad territorial, física, salud o reproducción de los pueblos indígenas con el propósito de destruirlos total o parcialmente; al quebrantar el derecho de estos pueblos a disfrutar, enriquecer y transmitir su cultura, su lengua y sus autogobiernos; al negar su derecho a la consulta y libre determinación; al usar la fuerza pública y los recursos de los contribuyentes para imponer proyectos privatizadores del agua y otros recursos naturales y estratégicos; al fomentar de manera coercitiva –y por medio de la violencia del Estado– la asimilación de sus integrantes a otras culturas o modos de vida; al contribuir a su dispersión y fragmentación a través de desplazamientos involuntarios que los alejen de sus familias y territorios.

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Fuerzas especiales de carabineros (policía) de Chile haciendo barricadas

¿Luego son l@s chav@s los bándalos?

                                                                                            !!! QUE VERGÜENZA ¡¡¡

ESE INICIO TAN TEMIDO: ACERCA DE LAS PRIMERAS SEMANAS DEL ACTUAL GOBIERNO. Anahí Durand

El 6 junio, a apenas un día de proclamado Ollanta Humala como presidente de la República, las actividades de la Bolsa de Valores de Lima fueron suspendidas a pocos minutos de iniciarse tras registrar la peor caída de su historia. Era la forma en que el empresariado y los grupos de poder económico hacían sentir su inconformidad con los resultados electorales. Este hecho reafirmaba además las zozobras avivadas durante toda la campaña por la prensa conservadora, con el Grupo El Comercio a la cabeza, la Sociedad Nacional de Industrias y los diversos grupos políticos de “centro derecha”, todos concertados en presentar el posible triunfo humalista como una amenaza a la estabilidad nacional; “un salto al vacío”, para usar los términos de Alejandro Toledo.
No obstante, transcurrido más de un mes de iniciado el Gobierno, ninguno de los pronósticos catastróficos se ha cumplido. Por el contrario, la economía peruana permanece estable, se han aprobado leyes importantes, no se han registrado conflictos de consideración y la aceptación presidencial bordea el 75%. ¿Qué otras medidas y gestos podrían presentarse como necesarios para avanzar en la inclusión prometida? ¿Qué reacciones cabría esperar desde la oposición política? ¿Qué más esperan los actores sociales y qué aspectos podrían configurar escenarios complicados para el actual Gobierno? Aunque es pronto para realizar balances y pronósticos, resulta importante centrar el análisis en cómo se ha posicionado el Ejecutivo, la dinámica de los opositores y las expectativas de diversos actores sociales.
Las medidas, el gesto y el discurso
El 28 de julio, el juramento presidencial culminó invocando “el espíritu de la Constitución del 79”. Con esta sola alusión, el nuevo mandatario afirmaba un legado, definía al adversario y ponía en evidencia lo que hasta hoy viene siendo la pauta de su actuación; la importancia del gesto como elemento constitutivo del discurso y mecanismo central para la transmisión de las medidas ejecutadas. Traer a la memoria la Constitución promulgada por la Asamblea Constituyente de 1979 no fue precisamente una torpeza ni una mera provocación; fue un gesto de reivindicación de uno de los procesos democráticos más relevantes del siglo XX, producto de amplias luchas populares, que contó con el protagonismo de líderes históricos como Haya de la Torre, y que logró el reconocimiento de importantes derechos económicos, políticos y sociales. Aludiendo a este espíritu democratizador, Humala congregaba a un amplio espectro político, descolocaba al APRA y aislaba al fujimorismo, principal promotor del cambio constitucional de 1993.

 

Ya en plena gestión, las medidas ejecutadas por el Gobierno han seguido la pauta anunciada en el discurso del 28, en tanto buscan marcar la diferencia con el pasado, evidenciar las prioridades del régimen y presentarse con gestos significativos. Es el caso del establecimiento del nuevo gravamen minero, por el cual las empresas aportarían al Estado 3,000 millones de nuevos soles adicionales. Este anuncio fue un claro mensaje a los sectores conservadores, que durante meses afirmaron que era nocivo y prácticamente imposible incrementar los impuestos a las empresas mineras, pues alejaría la inversión. El acuerdo logrado dejaba muy mal parado al APRA, al punto que la misma ministra Aráoz debió reconocer que efectivamente su gestión pudo hacer más. Asimismo, el mutismo de García contrastaba con el amplio respaldo recibido por Ollanta, que empezaba sus actividades como un presidente dispuesto a cumplir sus promesas de campaña.
Otra medida relevante en la planteada orientación fue el anuncio en Pisco de la desactivación de Forsur. La dura crítica presidencial a la malversación de millones de dólares que debieron destinarse a levantar la región tras el devastador terremoto de 2007 coincidía perfectamente con el masivo rechazo a la corrupción. Con estos cuestionamientos, se asestaba otro duro golpe al APRA y se perfilaba la intención de culminar la reconstrucción de modo eficaz y transparente, aunque implicara encargar a ingeniería del Ejército asumir el liderazgo en las obras. También destaca como medida significativa la aprobación de la Ley de Consulta Previa en la ciudad de Bagua. Al suscribir dicha norma, Ollanta Humala ponía fin a la política del “perro del hortelano”1 y daba un importante paso en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la interculturalidad. Nuevamente, contra quienes afirmaron que consultar a los pueblos indígenas resultaba inviable, el Gobierno demostró que aprobar la norma era factible y necesario para la inclusión de miles de peruanos, y resultaría beneficioso también para las empresas, en tanto disminuirá la conflictividad social. El visitar Bagua, principal escenario de las protestas amazónicas de 2008, fue además un gesto potente de reivindicación, y así debieron entenderlo los pobladores congregados en la plaza de Imacita, quienes hasta aplaudieron que el comandante Humala literalmente los mandara al cuartel.
Hasta aquí, las medidas, el discurso y los gestos presidenciales han logrado en buena parte el objetivo de definir una dinámica presidencial propia. No es difícil, para el peruano promedio, identificar a Ollanta como un presidente honrado, “chambeador”, con ánimo de atender a las mayorías, que prefiere el contacto directo con la población al protagonismo mediático. Este logro ha permitido que críticas importantes a sus medidas prácticamente pasen desapercibidas. Es el caso de las explicaciones pendientes sobre cuánto más recaudara el Estado con el nuevo gravamen minero, pues, como afirma Monge,2 “si este gravamen elimina el óvolo voluntario y reemplaza a las regalías, en realidad el aporte nuevo no serían los 3,000 millones de soles anunciados sino unos 2,000”. Tampoco se ha cuestionado el ánimo concentrador de la recaudación, pues este nuevo impuesto no se redistribuiría entre los gobiernos regionales, pues pasará directamente al Ejecutivo. Es poco también lo que se ha dicho sobre los constantes gestos de vocación militarista, expresados, por ejemplo, en la exaltación del servicio militar como salida a los jóvenes indígenas y de menos recursos, algo perfectamente entendible en un comandante del Ejército, pero no tanto en un presidente en funciones. No obstante, la oposición, además de sufrir sus propias crisis, continúa demasiado desconcertada con un Gobierno reacio a dejarse marcar la pauta de lo políticamente correcto.
Los adversarios políticos y los conflictos
Un aspecto que actualmente resalta actualmente es la creciente distancia entre la oposición política y los actores sociales movilizados. Los grupos opositores que lograron presencia en el Parlamento, incluyendo al APRA, atraviesan sendas crisis de organización, representación y mediación. Aspectos como el poco protagonismo de sus líderes, llámese Keiko Fujimori o PPK, y la cerrada cercanía a los grandes capitales ubican a estos grupos “al otro lado” de la conflictividad, lejos de quienes se movilizan y protestan. Justamente, el legado aprista de conflictos sociales involucra en su mayoría a comunidades y poblaciones enfrentadas a la explotación de empresas extractivas consideradas perjudiciales para su subsistencia. Las organizaciones sociales, comunidades o federaciones movilizadas, antes que compartir la agenda de los grupos de oposición política, mantienen aún grandes expectativas respecto a lo que este Gobierno pueda hacer.

 

Reparando en algunas de las actuaciones concertadas de la oposición, vemos que sus intervenciones han tenido limitado efecto, y han demostrado más bien su torpeza para remarcar líneas de cuestionamiento al Gobierno lo suficientemente aglutinadoras. Apenas iniciada la gestión, las baterías se enfocaron en la familia presidencial, criticando la negociación de Alexis con los empresarios rusos, el posible indulto a Antauro y las siempre polémicas posiciones etnocaceristas de don Isaac Humala. En sendas entrevistas y reportajes, periodistas y políticos opositores advertían de lo nocivo de este entorno familiar para un Gobierno con pretensiones de luchar contra la corrupción y defender los derechos humanos. Pero la escueta respuesta del oficialismo y el poco interés de la opinión pública en un tema varias veces ventilado sin resultado alguno hicieron que el asunto pasara a segundo plano. El siguiente blanco elegido fue Ricardo Soberón, recientemente designado como presidente de Devida. La difusión de correos electrónicos de Soberón críticos con la política de erradicación de plantaciones de coca dio pie a que políticos y “especialistas” del tema aprovecharan para exigir su inmediata renuncia, acusándolo de permisivo con el narcotráfico y “pro cocalero”. Sin embargo, lo que callaba interesadamente este concierto de críticos era los mediocres resultados de una política basada en erradicaciones, la necesidad de atacar otros eslabones de la cadena de la droga, como la comercialización de insumos, y la importancia de incluir al productor cocalero para concertar políticas de desarrollo en las zonas de cultivo. Esta vez, la presentación de Soberón en el Congreso, la cerrada defensa del Ejecutivo y la sensación de cargamontón al recién nombrado funcionario volvieron a mostrar las deficiencias de la oposición para enfocar sus críticas y su desconexión con los intereses de los principales sectores movilizados.
En términos de conflictividad, tenemos que el nuevo Gobierno no ha enfrentado aún crisis de envergadura. Hasta hoy, las expectativas favorables frente al Gobierno se han mantenido, y los gestos ofrecidos operan como señales de confianza de que efectivamente hay la voluntad política de atender las múltiples demandas. Por ejemplo, en el caso de los denominados conflictos socioambientales, la aprobación de la Ley de Consulta y la actitud abierta a la negociación con las empresas extractivas han contribuido a que el movimiento indígena amazónico o las comunidades afectadas por la minería perciban la intención del Gobierno de atender sus demandas. En cuanto a las protestas cocaleras, estas se han presentado de modo muy focalizado en el sector de Padre Abad, lugar donde se realizan las labores de erradicación. En este tema, además, la intención del Gobierno de revisar la política de erradicación y los padrones de Enaco ha tranquilizado por ahora a un movimiento cocalero nacional bastante fragmentado. Vale anotar también que aunque estos actores sociales votaron masivamente por Humala, mantienen una precaria capacidad de representación política. Salvo quizá el movimiento indígena amazónico, que cuenta con un congresista awajum y autoridades locales, ni los cocaleros ni las decenas de casos contra la contaminación minera presentan interlocutores legitimados capaces de representar sostenidamente sus intereses en los distintos poderes del Estado. Tal situación amplía el margen de maniobra del Ejecutivo, lo que le permite, por ahora, encauzar el diálogo y atender a casos específicos sin arribar a reformas más profundas ni ambiciosos compromisos.
Breve epílogo temporal

En estos pocos meses no es poco lo conseguido por el Gobierno. Se han disipado buena parte de los temores de quienes miraban a Humala con recelo, a la par que se ha mantenido la expectativa favorable de los que votaron por él. Los gestos políticos no solo han tenido resultados efectistas, sino que han funcionado como “dispositivos de poder”, en tanto, como afirma Foucault,3 dotan de sentido estratégico a las acciones y rearticulan correlaciones de fuerza. Han tenido así efectos concretos en las leyes aprobadas, las decisiones asumidas y los manejos institucionales, y han sido cruciales también para devolver la confianza en las instituciones y los políticos a la ciudadanía. También el Congreso ha optado por los gestos significativos, realizando la audiencia descentralizada en Ica o abriendo las rejas de la plaza Bolívar, ambas acciones resaltadas por su presidente, Daniel Abugattás, y muy bien recibidas por la población. Continuar esta dinámica puede seguir dando réditos políticos al Gobierno, pero puede a la vez soslayar puntos críticos, como los rasgos autoritarios, los ánimos centralizadores de la presidencia o el cuestionable desempeño de congresistas como Amado Romero, involucrado con la minería ilegal en Madre de Dios.

Por otra parte, no es difícil prever que a la oposición le será difícil reubicarse en este nuevo escenario. Acostumbrada a estar cerca de los poderes fácticos, pareciera creer que defender la estabilidad económica y tener amplia resonancia en los medios es suficiente para lograr protagonismo. La torpeza de sus acusaciones y el desinterés por reformular sus agendas demuestran que ha aprendido poco de sus sucesivos traspiés electorales y que continúa desconectada de la mayoría, que exige una mejor redistribución del crecimiento económico. Tampoco parece haber superado sus propias crisis partidarias. Al fujimorismo, su agresividad y supuesta base urbano popular no le ha alcanzado para salir del libreto de crítica inmediatista, y al APRA, los numerosos escándalos de corrupción lo mantienen ocupado en deslindes y mutuas acusaciones.

Finalmente, resulta interesante tener en cuenta dos temas relevantes por profundizar. Primero, el posicionamiento de un nuevo horizonte de justicia social, basado en la inclusión de las políticas sociales, enfoque especialmente compartido con la experiencia brasileña liderada por Lula. Aquellas banderas de universalidad de derechos económicos y sociales van siendo desplazadas por esta suerte de apología de la intervención focalizada. ¿Es esto lo que se necesita para construir un país más inclusivo y menos desigual? Quizá no, pero es lo que el Gobierno presenta como posible y deseable. Segundo, la dinámica de representación política continúa signada por la crisis de los partidos políticos y la vocación por el “contacto directo”, expresadas en un endeble Partido Nacionalista y un difuso Gana Perú, opacados por la figura de Ollanta Humala. ¿Qué tanto podrá avanzarse en la gestión del Estado y la implementación de un proyecto propio sin una base política consolidada? Quizá no mucho, y menos aún si la multiplicidad de actores que tienen expectativas favorables frente a la gestión no participan de su estructura de representación partidaria, lo que hace difícil vislumbrar hasta dónde se mantendrán lealtades y esperanzas. Queda por ver cómo el Gobierno avanza en construir el soporte político necesario para concretar las reformas anunciadas y qué tanto los diversos movimientos, organizaciones sociales, actores movilizados y grupos políticos cercanos se comprometen o no con la “gran transformación”.

08_Uruguay un área de oportunidades

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Uruguay un area de oportunidades_Rodolfo Camarosano