09_Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Nicaragua por Nayar López

1.- Artículo de Roberto Regalado:  “FMLN: de la insurgencia a la oposición, y de la oposición al gobierno”

**click en el link.

 **  contexto_latinoamericano FMLN

2.- Texto de Manuel Ortega “Nicaragua 2006: el regreso del FSLN al poder

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN ESPECIAL / 2007 / 205-219

ARTÍCULOS

 Nicaragua 2006: el regreso del FSLN al poder

 Manuel Ortega Hegg

Universidad Centroamericana-UCA (E-mail: mortega@ns.uca.edu.ni)


Resumen

El presente artículo trata sobre los principales eventos económicos, sociales y políticos ocurridos en Nicaragua durante el año 2006. Una economía sin mayores logros sustantivos, una agenda social postergada que obligó a los trabajadores a búsquedas de respuesta salariales y las expectativas abiertas por el cambio de gobierno con las elecciones generales de este año, conforman los principales acontecimientos que se reseñan.

Abstract

This article synthesizes the most important economics, socials and political events of 2006 in Nicaragua. The situation of the economy, the social agenda, the results of the national elections and the expectations for the new sandinist government of Daniel Ortega are the most important events that are discussed in this paper.

PALABRAS CLAVE • Economía o Política • Elecciones generales • Elecciones autonómicas • Elecciones legislativas • Elecciones presidenciales


I. LA COYUNTURA ECONÓMICA

En este último año de gobierno del empresario Enrique Bolaños (2001-2006), que había prometido durante su toma de posesión en 2002 convertirse en el mejor Presidente de Nicaragua, el país ha tenido un discreto desempeño económico. A pesar de proyecciones optimistas de organismos como CEPAL que pronosticaban un crecimiento del PIB del 6% para el año 20061, los datos finales indican que el crecimiento real fue de apenas un 3,7%. El promedio de crecimiento de la economía nicaragüense durante su administración es del 3%, aunque el país necesitaría hacerlo al 7% de manera sostenida si quisiera comenzar a reducir la situación estructural actual de pobreza existente2.

Sin embargo, los datos indican que el gobierno de Bolaños deja un ambiente económico menos adverso que el que recibió a comienzos de su gobierno, cuando la economía tendía a la recesión como consecuencia de un entorno internacional desfavorable debido al clima de incertidumbre provocado por el reciente ataque a las Torres Gemelas, la crisis cafetalera, quiebras bancarias, y una macroeconomía frágil.

En 2006 el entorno económico-político exhibe una relativa estabilidad macroeconómica debido a una mayor disciplina fiscal, control de la inflación y el exitoso cumplimiento del programa con el FMI finalizado en el mes de diciembre. En el ámbito monetario, las Reservas Internacionales Brutas se han más que duplicado respecto al 2001, al pasar de 383 millones de dólares al mes de diciembre a 874 millones de dólares a julio del 2005, permitiendo ampliar su cobertura respecto a la Base Monetaria en número de veces de 1.57 a 2.23 y en número de meses de importaciones de 2.59 a 3.89, en el mismo período; el contexto internacional en términos de precios de los productos nicaragüenses aparece como propicio para el crecimiento; se mantiene el respaldo económico y político de la comunidad internacional, luego de un significativo alivio de la deuda externa, así como del apoyo presupuestario de países cooperantes y donantes para combatir la pobreza. El control de la inflación, la disciplina fiscal y el crecimiento de la economía ha creado un ambiente de seguridad económica para los inversionistas, sobre todo en el ámbito de los servicios turísticos. Este panorama favorable desde el punto de vista macroeconómico llevó al Presidente saliente a declarar a finales de su mandato que “dejaba la mesa servida”(Sandino, 2006).

Sin embargo, otros indicadores no parecen coincidir con este análisis optimista del Presidente saliente. El país no logra ampliar su capacidad productiva y se mantiene un balance negativo en la cuenta comercial de aproximadamente 35,8%. Por otro lado, a pesar de que el saldo de la deuda externa se ha reducido sustancialmente, la deuda interna sigue teniendo un peso sumamente alto para la economía nicaragüense, habiendo representado el 27% del PIB del año anterior. Más aún, los datos no muestran una reducción significativa de la pobreza ni de las desigualdades, y el desempeño actual de la economía no parece favorecer el cumplimiento de las metas del milenio (Equipo Nitlapan-Envío, 2006a).

De ahí que la mayoría de la población no sienta que haya sido invitada a la mesa servida que dice dejar la administración saliente. Una encuesta de opinión pública nacional dada a conocer en junio por Cid Gallup, indicaba que un 73 por ciento de los nicaragüenses consideraba que el país iba por el camino equivocado. La mayoría de las encuestas electorales de este año 2006 coincidieron en esta valoración ciudadana.

Esta percepción es coincidente con el Índice de Desarrollo Humano 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuando indica que Nicaragua sigue ocupando el lugar 112 de un total de 177 naciones. Este puesto es el mismo del año pasado. Este informe revela que la esperanza de vida de los nicaragüenses es de 70 años; la tasa bruta de matrícula en enseñanza primaria, secundaria y terciaria mejoró levemente a 70 por ciento, pero que el acceso a fuentes de agua mejorada disminuyó dos puntos porcentuales, hasta alcanzar 79 por ciento de la población. Señala también que casi ocho de cada diez nicaragüenses sobreviven con dos dólares diarios, y que 45,1 por ciento de la población sobrevive con apenas un dólar. En cuanto a la desigualdad, el 20 por ciento de la población nicaragüense más rica participa en el 49,3 por ciento de los ingresos o consumo, frente al 5,6 del 20 por ciento más pobre. La desigualdad también se constata en los ingresos percibidos entre mujeres y hombres, 2.018 dólares frente a 4.512 (álvarez, 2006).

II. LA COYUNTURA SOCIAL

1. Los efectos del incremento del precio del petróleo

La coyuntura social nicaragüense se vio muy afectada durante el año 2006 por el fuerte incremento internacional de los precios del petróleo. En abril de 2006 el crudo sobrepasó los 72 dólares por barril en el mercado internacional, casi duplicando los 40 dólares de agosto de 2004. El precio empezó a bajar hasta en octubre de 2006, cuando llegó a menos de 60 dólares por barril.

De manera general, este incremento en el precio del petróleo afectó a la población por el encarecimiento de la vida, pero los efectos más notorios se expresaron en el agravamiento de la crisis energética y en el incremento del precio del servicio del transporte público.

2. La crisis energética

En Nicaragua el 83% de la energía depende de los derivados del petróleo. A pesar de poseer importantes potencialidades de fuentes alternas de energía, como la energía geotérmica, eólica e hídrica, el país no ha invertido en su desarrollo. Pero tampoco lo ha hecho en el mantenimiento de la capacidad instalada existente, mostrando cada vez mayor insuficiencia de energía y altos niveles de obsolescencia de equipo, con costos de generación crecientemente altos por su dependencia del petróleo,

El incremento en los precios del petróleo, sumado a las deficiencias en el sector energético, provocó constantes racionamientos de energía durante todo el año, llegando a producirse apagones de hasta 15 horas en algunas regiones del país. La crisis llevó a enfrentamientos de los consumidores con el gobierno y la transnacional española UNIÓN FENOSA, empresa distribuidora de energía, alcanzando puntos críticos en algunos meses.

La incapacidad del gobierno para manejar esta crisis se hizo totalmente palpable y su actuación estuvo en su totalidad parcializada a favor de la transnacional, ofreciéndole subsidios monetarios (9 millones de dólares) y energía subsidiada de la empresa estatal Hidrogesa, incrementar la tarifa a los consumidores y autorizarla al uso de métodos arbitrarios para la detección de consumidores ilegales, a través de la ley de estabilidad energética.

En enero de 2006 la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), una de las redes más beligerantes del país, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Estabilidad Energética (Ley 554)3 y ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, una demanda en contra del alza del 7% en la tarifa del servicio eléctrico que fue aprobada por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el 16 de diciembre de 2005 y entró en vigencia el 2 de enero de 2006.

Las protestas de la población se generalizaron en todo el país, exigiendo incluso la salida de la empresa transnacional. Este proceso culminó el 21 de agosto en una marcha con la consigna de “No a la entrega de 9 millones de dólares a UNIÓN FENOSA” y la toma de las instalaciones del ente regulador de la energía (INE); bajo esta presión el Consejo Directivo del ente regulador resolvió iniciar un proceso de arbitraje, con base a la cláusula 27 del contrato de concesión de distribución a UNIÓN FENOSA. Por otro lado, el 25 de agosto, miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República denunciaron la nulidad del contrato de concesión de distribución de energía a UNIÓN FENOSA.

En medio de estas circunstancias, el INE emitió licencia formal de importación de hidrocarburos a Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANIC), facultando a esta empresa para negociar la traída de petróleo ofrecido por el presidente venezolano Hugo Chávez en condiciones muy favorables (Núñez de Escorcia, 2007).

Sin embargo, dados los déficits de generación, la crisis energética se mantuvo durante todo el año.

3. El incremento de los precios del transporte

La otra afectación importante provocada por los altos precios del petróleo fue el incremento de las tarifas del transporte público. La población nicaragüense se vio afectada por la aplicación por parte de los transportistas de un incremento arbitrario en el pasaje urbano. Así, el año inició con paros de transporte que afectaron a más de 850 mil usuarios de Managua. Los transportistas reclamaban un subsidio gubernamental de 20 millones de córdobas para compensar los altos precios del combustible o que les autorizaran un alza de 14 centavos de dólar en el precio del pasaje. Luego de una semana de paro, no había aún una solución a la problemática y se reportaban heridos y detenidos por enfrentamientos entre los transportistas y la Policía Nacional. El 14 de febrero de 2006, los transportistas y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo. El Gobierno concedió al sector un nuevo subsidio de 4.7 millones de dólares, los cuales se iban a obtener de un impuesto temporal sobre las utilidades mensuales de las empresas petroleras. La propuesta fue avalada por la Asamblea Nacional, pero la medida no prosperó, dadas las protestas y resistencias de las compañías petroleras que obligaron al Estado nicaragüense a echarse atrás. La crisis se superó hasta finales del año con la reducción de las tarifas del transporte negociada por el alcalde de Managua y los transportistas, luego de conseguir petróleo venezolano en condiciones de pago muy favorables.

4. La huelga médica

La problemática salarial del sector salud fue otro elemento de la agenda social sumamente tensionado durante 2006. Los médicos nicaragüenses han tenido un salario básico en el sistema de salud pública de entre 200 y 350 dólares. Desde hace algunos años, la lucha por mejoras salariales los llevaron a organizarse en una federación llamada Médicos Pro Salarios. La intransigencia del gobierno a las demandas llevó a que los médicos decretaran una huelga que se inició el 17 de noviembre del año 2005, y paralizó 32 hospitales y unos 100 centros de salud de todo el país. La huelga duró seis meses y finalizó el 15 de mayo. El objetivo de la huelga era que el salario les fuera nivelado al de sus colegas centroamericanos, es decir, a un mínimo de 1.000 dólares mensuales. El gremio médico aceptó un 16,25% de aumento salarial a partir de mayo, lo que completaba un 30% para el año 2006 con el aumento que había recibido en diciembre de 2005. Los médicos obtuvieron además el compromiso del gobierno de darles acceso a viviendas, seguro colectivo, plan de retiro y capacitación médica, pero sobre todo, el compromiso del gobierno de introducir en la Asamblea Nacional en el mes de septiembre una iniciativa de ley que regulara la carrera sanitaria y la política salarial para el gremio médico. Este acuerdo se cumplió el 13 de diciembre de 2006, cuando el Legislativo aprobó la Ley de Equiparación Salarial, en beneficio de las y los médicos y odontólogos que laboran para el sector público de Nicaragua. Por medio de dicha ley, el Estado asumió el compromiso a equiparar gradualmente los salarios de este sector a los de sus homólogos de otros países de Centroamérica en un período de cinco años.

Aunque con menos repercusiones en la vida cotidiana del país, otras huelgas por salarios durante este año fueron las de los trabajadores de la Dirección General de Ingresos y los trabajadores del sistema judicial. Ambas terminaron en procesos de negociación relativamente favorables a los huelguistas.

5. La prohibición del aborto terapéutico

Uno de los temas que más controversia generó durante el año 2006 fue el tema del aborto terapéutico. La Iglesia Católica utilizó las fiestas patronales de Managua a inicios del mes de agosto para impulsar una fuerte campaña contra el aborto terapéutico. El tema rápidamente se convirtió en un tópico electoral, y salvo el candidato Edmundo Jarquín, del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que rechazó su abolición, el resto de los candidatos se convirtió en defensores e impulsores de esta campaña. Destacó la defensa a esta posición conservadora del candidato del FSLN, Daniel Ortega, y de su esposa, Rosario Murillo, la que luego se convirtió en posición oficial de su partido. Ya el 13 de septiembre Daniel Ortega había firmado, durante una reunión con 500 líderes evangélicos de las Asambleas de Dios, el documento elaborado por esta denominación, que proponía penalizar el aborto terapéutico hasta con 20 o más años de cárcel. Ortega prometió los votos de los 38 diputados del FSLN para eliminar del Código Penal la figura del aborto terapéutico, vigente en Nicaragua desde hace más de cien años.

Con estos apoyos de los partidos mayoritarios del país, las iglesias católica y evangélica convocaron a una marcha conjunta que se realizó el 6 de octubre y concluyó con la entrega a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de firmas en contra del aborto terapéutico; el Presidente sandinista de la Asamblea Nacional, René Núñez, y los legisladores que recibieron a los altos jerarcas católicos y evangélicos que encabezaban la marcha, ofrecieron derogar el artículo 165 del Código Penal que establece la figura jurídica de aborto terapéutico y así lo hicieron el 26 de octubre. Cabe indicar que la Asamblea Nacional no quiso recibir a una delegación de mujeres representantes de diferentes organizaciones que protestaba contra la derogación de dicho artículo, ni quiso escuchar las opiniones científicas emitidas por médicos especialistas en ginecología y obstetricia, alineándose totalmente al criterio de los jerarcas eclesiásticos.

Con ello, Nicaragua se convirtió en el tercer país latinoamericano en retroceder en la garantía del ejercicio a los derechos humanos de las mujeres. El movimiento de mujeres calificó este hecho como un grave retroceso del carácter laico del Estado, y un atentado al derecho a la vida de las mujeres.

III. LA COYUNTURA POLÍTICA

El año 2006 fue un año electoral en Nicaragua. El 5 de marzo se realizaron las elecciones autonómicas en las dos regiones autónomas del Atlántico-Caribe del país y el 5 de noviembre las elecciones generales para Presidente y Vicepresidente de la República, diputados nacionales, diputados departamentales y diputados al Parlamento Centroamericano.

Según algunos observadores estas elecciones presentaban varios obstáculos, particularmente a los partidos emergentes, distintos del PLC y el FSLN, quienes controlan el Consejo Supremo Electoral. Algunos de esos obstáculos fueron señalados el 1 de agosto por la misión de observadores electorales de la OEA presentes en Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington: “La conformación partidaria de los órganos electorales, las imprecisiones de la Ley Electoral, un padrón electoral con deficiencias, un proceso de cedulación inapropiado y lento, limitaciones operativas y logísticas y una tradición política polarizada y confrontativa”. El jefe de la misión de observadores, el ex canciller boliviano Gustavo Fernández, resaltó que “las condiciones no son óptimas y se pueden mejorar”. Por otro lado, en ambas elecciones la injerencia externa fue alta, destacando la injerencia constante y sistemática de la embajada norteamericana en Nicaragua que pretendió evitar una posible victoria del FSLN y, de contrapartida, el apoyo del Presidente venezolano Hugo Chávez a Daniel Ortega y su partido.

Adicionalmente es importante recordar que las reformas electorales del 2000 pactadas entre el Líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega, y el líder del PLC, Arnoldo Alemán, bipartidarizaron toda la organización electoral desde el Consejo Supremo Electoral hasta las Juntas receptoras de votos, al establecer la obligación de elegir alternativamente como Presidente y primer miembro de estos consejos electorales a los representantes de los dos partidos que hubieren obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales (PLC y FSLN). De esta manera, el sistema se orienta a garantizar los intereses de los partidos pactantes, pero no los del resto de competidores. Ello ha introducido incertidumbre en los partidos minoritarios y suspicacias sobre la neutralidad y profesionalismo de este poder del Estado (Ortega, 2003). Esta bipartidarización hace que el Consejo Supremo Electoral funcione con bancadas, como la Asamblea Nacional, lo que utilizan en algunos momentos como un arma política para negociar ventajas partidarias. Antes de las elecciones regionales, por ejemplo, los magistrados del PLC se negaron a hacer quórum para tomar decisiones sobre asuntos importantes del proceso electoral, presionando para conseguir una amnistía de su líder Arnoldo Alemán. El Consejo entró en crisis, la que finalmente tuvo que ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

1. Los resultados de las elecciones autonómicas

Las elecciones autonómicas en Nicaragua se realizan cada cuatro años en las dos regiones autónomas que reconoce la Constitución Política: la Región Autónoma Atlántico Norte y la Región Autónoma Atlántico Sur. La característica particular de la multietnicidad de estas regiones es la que explica su autonomía, parte importante de la cual es la elección de sus propias autoridades. La Ley Electoral establece que en cada Región Autónoma se deben elegir un total de 45 representantes, en 15 circunscripciones por región, para constituir los respectivos Consejos Regionales. En el seno de cada Consejo Regional se elige un Coordinador Regional que funge como el Ejecutivo de cada región autónoma. La Ley Electoral establece que en estas elecciones pueden participar partidos y asociaciones regionales, además de los partidos políticos nacionales. Las primeras elecciones autonómicas se realizaron en 1990.

En las elecciones regionales de la Costa Caribe, participaron 8 partidos políticos, con un total de 675 candidaturas, de las cuales 166 fueron mujeres, que representan el 25% del total. Los partidos participantes fueron la Alianza PLC, la Alianza FSLN, Alianza ALN, Alianza MRS, Alianza por la República, Camino Cristiano Nicaragüense, y los partidos regionales Yatama (Hijos de la madre tierra) y movimiento Unidad Costeña (PAMUC)4.

Los resultados de las elecciones autonómicas de este año fueron dados a conocer oficialmente por el Consejo Supremo Electoral el 18 de marzo con la proclamación de los 45 miembros electos para conformar cada uno de los Consejos Regionales, y mostraron una clara e inesperada ventaja del PLC sobre el FSLN y los demás partidos. El desprestigio de su líder Arnoldo Alemán, condenado por corrupción, y la escisión de su seno del ALN, hacía que los pronósticos sobre los resultados electorales no le fueran favorables al PLC. Sin embargo, en la Región Autónoma Atlántico Norte, el PLC ganó 16 concejales, YÁTAMA 13 y el FSLN 16. En el Sur, el PLC ganó 22, YÁTAMA 6, el FSLN 11 y ALN 6. El partido local indígena YATAMA protestó estos resultados aduciendo que habían sido amañados para favorecer al PLC, logrando al final recuperar un escaño.

En términos de género, entre los 45 electos en el Norte, sólo 4 son mujeres (1 FSLN, 2 YÁTAMA, 1 PLC). En el Sur, de los 45 electos, 11 son mujeres (1 YÁTAMA, 4 PLC, 3 ALN, 3 FSLN).

Estos resultados fueron leídos de distinta manera por los partidos políticos, pero indudablemente sirvieron para medir fuerzas y redisponerse para las elecciones generales a realizarse el 5 de noviembre.

2. El regreso de Daniel Ortega al poder

A pesar que las encuestas electorales señalaron persistentemente la ventaja del candidato sandinista, el resultado más sorprendente de este año electoral fue la reelección de Daniel Ortega, ex Presidente del país (1984-1990) y líder del FSLN, que vuelve a ocupar el poder perdido en 1990, luego de haber sido derrotado en tres intentos anteriores.

A estas elecciones se presentaron la Alianza PLC y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partidos de derecha, la Alianza FSLN (Alianza Nicaragua Triunfa), la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y el Partido Alternativa por el cambio (AC). Los candidatos en la elección presidencial fueron por el PLC: José Rizo (Ex Vicepresidente de Bolaños) para Presidente y Antonio Alvarado (Ex Ministro de Educación y salud de los gobiernos liberales anteriores) para Vicepresidente; por ALN: Eduardo Montealegre (banquero y ex Ministro de Relaciones internacionales y Hacienda de los gobiernos liberales anteriores) para Presidente y Fabricio Cajina, ex alcalde, para Vicepresidente; Por el FSLN: Daniel Ortega para Presidente, y Jaime Morales, ex miembro del Directorio de la Contrarrevolución en la década del ochenta, para Vicepresidente; por el MRS: Edmundo Jarquín que sustituyó a Herty Lewites, fallecido durante la campaña electoral, para Presidente y Carlos Mejía Godoy, cantautor para Vicepresidente; por AC: Edén Pastora, ex guerrillero, para Presidente y Mercedes Tenorio, funcionaria de una ONG, para Vicepresidenta.

 

En esta elección se estima que votó el 67% de los inscritos en el padrón electoral, por lo que la abstención se incrementó en 23% con relación a las elecciones anteriores de 2001, pues esta vez anduvo por el orden del 33% frente al 10% en 2001. Cabe indicar que se estima que el padrón está sobredimensionado en aproximadamente un 15% por las defunciones no registradas y la emigración al exterior.

Los resultados del Consejo Supremo Electoral indican que Daniel Ortega ganó por el 38,07% de los votos frente al 29% % de la derechista Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) de Eduardo Montealegre, al 26,21% del candidato también derechista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Rizo y del 6,5% del candidato del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín. AC no logró llegar a 1% de los votos. Las elecciones en términos generales fueron aceptadas por todos como legítimas y los incidentes ocurridos no se considera que invaliden los resultados.

3. Las razones que explican la victoria de Daniel Ortega

a) Respuesta a la agenda social

Las distintas encuestas aplicadas durante la campaña electoral indicaban claramente que los electores iban a votar mayoritariamente por un cambio de rumbo del país. Ello debido a que, a pesar de la condonación de gran parte de la deuda externa, de los altos índices de cooperación internacional y de los planes de lucha contra la pobreza, Nicaragua sigue ocupando uno de los últimos lugares en el ranking de desarrollo humano de América Latina; tiene hoy más pobres absolutos que antes y casi un millón de emigrados en busca de empleo, mientras la brecha entre ricos y pobres se ha agrandado por encima del promedio latinoamericano. Daniel Ortega logró persuadir a una parte del electorado que él podía hacer el cambio.

b) Fraccionamiento del voto derechista

Esta elección tuvo la particularidad de que no se polarizó en dos únicas opciones sandinismo-antisandinismo, como ocurrió en las anteriores. El bipartidismo tradicional dio lugar a cuatro opciones fuertes: FSLN, PLC, ALN y MRS. La no concentración del voto en sólo dos opciones, como en todas las elecciones anteriores, favoreció al voto fiel y duro del FSLN, aun disminuido por la aparición del MRS.

c) La reducción del porcentaje de votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta

El pacto institucionalizado del año 2000 entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán permitió la reducción del porcentaje para ganar en primera vuelta, pasando de 45% al 40% y hasta el 35% si el candidato ganador le sacaba al menos cinco puntos de ventaja al candidato del segundo lugar. Esta reforma a la Constitución y la Ley Electoral permite en esta ocasión la victoria de Daniel Ortega en primera vuelta.

d) Otros factores

No menos importantes serían la política de alianza del FSLN con sectores antes adversos al sandinismo, como la cúpula católica conservadora representada por el cardenal Miguel Obando y Bravo, sectores de la contrarrevolución de la década de los ochenta, y alianzas aún con el mismo Partido Liberal del derrocado dictador Anastasio Somoza. Esta estrategia combinó esfuerzos con una maquinaria partidaria muy bien organizada, con un tendido territorial nacional muy denso, al cual contribuyó el control de 87 de las 153 alcaldías del país, la propiedad de canales de televisión y la red de radios nacionales y regionales que posee el FSLN y que no posee ningún otro partido en Nicaragua; además de una disposición de recursos millonarios muy por encima del resto de partidos, según estimaciones independientes.

No menos importante fueron las enormes expectativas que generó entre sus seguidores el discurso de campaña del candidato Ortega, de la realización de una “revolución espiritual” cuyos resultados iban a ser la erradicación total de la pobreza, con “cero desempleo, cero hambre, cero analfabetismo”, emulando el discurso del Presidente brasileño Lula Da Silva. Además de inversiones sustantivas en infraestructura que incluyen hasta un canal interoceánico por Nicaragua5.

IV. RESULTADO DE ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL Y AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

Las elecciones a la Asamblea Nacional se realizan conjuntamente con las elecciones a Presidente y Vicepresidente de la República. Se eligen un total de 90 diputados, siendo 20 de circunscripción nacional y 70 por circunscripción departamental y regional.

Los resultados de las elecciones de representantes a la Asamblea Nacional indican que el FSLN obtuvo 38 escaños (30 departamentales y 8 nacionales). En el 2001, el FSLN obtuvo 919.192 (41,84%) votos para diputados nacionales y 905.206 (41,84%) para diputados departamentales. En estas elecciones, el FSLN obtuvo 899.292 (37,19%) para diputados nacionales (19.900 votos menos) y 906.957 (37,49%) para departamentales (apenas 1.751 votos más). Ello indica que la política de alianzas prácticamente no le sumó votos.

El PLC obtuvo 26 escaños, perdiendo 17, pues antes de estas elecciones tenía 43. Logró el 27,53% de los votos para diputados nacionales (664.024), cantidad suficiente para lograr el segundo lugar en número de diputados departamentales y nacionales, con una diferencia de sólo 1,32% sobre sus rivales de la ALN de Eduardo Montealegre. Sin embargo, este resultado le permite al PLC seguirse manteniendo como interlocutor del FSLN y actualizar el pacto político que firmaron ambos partidos desde el año 2000. Una de las expectativas de los partidos emergentes como ALN y MRS en estas elecciones era precisamente romper la posibilidad del pactismo, reduciendo el número de escaños de estos dos partidos mayoritarios. Los resultados indican que aunque ningún partido obtuvo mayoría simple, la alianza FSLN-PLC podría hacer mayoría simple y aún mayoría calificada y legislar sin necesidad del resto de los partidos.

Aunque la Alianza Liberal Nicaragüense obtuvo el segundo lugar en votos para Presidente y Vicepresidente de la República, en los votos para diputados quedó en tercer lugar. Para diputados nacionales, la ALN alcanzó 635.679 votos (26,29%). Obtuvo así cinco diputados nacionales y 17 departamentales, a los que habría que sumar al propio ex candidato Eduardo Montealegre, que obtiene una curul por su calidad de candidato del segundo lugar, y a Enrique Bolaños cuando deje la Presidencia.

El MRS alcanzó 205.340 votos (8,49%) para diputados nacionales. Sin embargo, sólo logró un diputado, dado que desde el pacto Alemán-Ortega la Ley Electoral favorece a los partidos mayoritarios en la asignación de escaños. Obtuvo tres diputados departamentales6.

La distribución de diputados por género se muestra en la tabla siguiente:

 

Del total de diputados electos, tanto nacionales (20) como departamentales y regionales (70), el 81% fueron hombres y el 19% mujeres.

Finalmente en estas elecciones generales se eligieron también un total de 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Los resultados por partido y por género se muestran en la tabla siguiente:

 

Del total de 20 diputaciones a elegir para el Parlamento Centroamericano, el 35% son mujeres y el 65% son hombres. El partido que tiene equilibrio de género es el FSLN con 4 hombres y 4 mujeres. El MRS sólo obtuvo una diputación y la electa es una mujer.

De manera general, los datos indican que en la participación de las mujeres en el sistema político falta mucho por hacer para conseguir la equidad de género7.

V. PODER EJECUTIVO

El gobierno de Enrique Bolaños finaliza su período con un sello de gobierno sin partido, dada su ruptura temprana y su posterior enfrentamiento con el partido que lo llevó al poder (PLC). El estilo presidencial de Bolaños fue gobernar de cara al gran capital nacional y transnacional, al gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales, subestimando las bases internas de su poder. Ello lo llevó a crisis sucesivas de gobierno por su poca capacidad para negociar exitosamente con las fuerzas políticas mayoritarias en oposición. La ausencia de una bancada legislativa propia le hizo difícil gobernar, pues tuvo grandes dificultades en lograr hacer avanzar su agenda legislativa.

Por otro lado, la alianza entre el PLC y el FSLN que se mantuvo viva durante todo este período de gobierno buscó concentrar poderes a costa del Ejecutivo y gobernar desde la Asamblea Nacional8. Así, en el funcionamiento del Estado durante 2006 se hicieron sentir los efectos de la crisis política provocada por las reformas constitucionales de 2005, que tendían a restarle poder al Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios claves de su administración, incluyendo algunos ministros y los embajadores, y que amenazó con un golpe de estado al Presidente. Esta crisis sólo se resolvió con la intervención de la OEA que logró concertar la terminación del período presidencial por Bolaños y la suspensión de la aplicación de las reformas durante su mandato. Sin embargo, el efecto de este incidente fue un debilitamiento aún mayor del gobierno y durante el año 2006 fue evidente que el país contaba con un Presidente de la República y su gabinete que rehuían tomar decisiones y que sólo esperaban el desenlace electoral para entregar el gobierno.

El Presidente Bolaños se caracterizó por mantener un gabinete relativamente estable de funcionarios de su total confianza, con una orientación empresarial y tecnocrática, estrechamente alineado a los dictados del FMI. A pesar de fuertes cuestionamientos a algunos ministros por presunciones de corrupción, como el Ministro de Transporte e Infraestructura, y otros funcionarios de alto nivel -como el Director del instituto de Estadísticas y Censos (INEC) y el Director General de Migración y Extranjería-, el Presidente de la República tendió a una defensa cerrada de sus funcionarios. El único cambio que terminó por aceptar fue el del Director de Migración y Extranjería por indicios claros de tráfico de influencias en el otorgamiento de visas a ciudadanos extranjeros que utilizaban territorio nicaragüense como lugar de paso para migrar a los Estados Unidos.

El nuevo gabinete del gobierno entrante que se esperaba muy amplio dado el discurso de reconciliación y de unidad nacional durante la campaña electoral de Ortega, al menos inicialmente ha resultado ser un equipo surgido de los distintos grupos de poder y tendencias internas del FSLN, que no ha tomado en cuenta a las pequeñas agrupaciones socialcristianas, contras y somocistas, que conformaron la electoral Alianza Nicaragua Triunfa. La única contradicción aparente en la conformación de este gabinete se dio con las Fuerzas Armadas, que no aceptaron a la ex capitana Marisol Castillo como Ministra de Defensa, cargo que aún se encuentra sin titular. Los criterios de selección fueron fundamentalmente de lealtad política, equidad de género y capacidad técnica. Destaca el hecho de que Rosario Murillo, la esposa del Presidente Daniel Ortega, funciona en la práctica como jefa de gobierno, mientras su esposo actúa como jefe de Estado. Según la revista “Envío”, los sectores ideológicamente ubicados más a la “izquierda” dentro del FSLN dominan el gabinete social y el sector agropecuario. Los empresarios acaparan casi todos los puestos vinculados a negocios de todo tipo, pero también han sido integrados algunos representantes de los pueblos indígenas y caribeños. “El resultado final es un gabinete variopinto. La mezcolanza de empresarios, sindicalistas, intelectuales, activistas sociales, trepadores políticos y ex militares, no permite ninguna consistencia ideológica. Coexisten portavoces calificados de quienes creen en las bonanzas del libre mercado y de quienes postulan por un sistema socialista” (Equipo Nitlapán-Envío, 2007). Las primeras contradicciones han hecho que a menos de un mes haya caído la ministra de la Familia y al siguiente mes la ministra de Cultura. La tendencia observada del nuevo gobierno es a un estilo vertical, centralista y autoritario de gobierno.

VI. PODER LEGISLATIVO

La Asamblea Nacional se mantuvo funcionando con dos bancadas mayoritarias: una bancada del PLC de 43 diputados y una bancada del FSLN con 38 diputados. Además, en el transcurso del año funcionaron pequeñas bancadas minoritarias como Azul y Blanco, Alianza por la República-Partido Conservador, Progubernamentales, y Camino Cristiano Nicaragüense, aliado histórico del PLC.

El trabajo de la Asamblea Nacional durante 2006 fue considerado como deficiente comparado con el del año 2005. Entonces se aprobaron 59 leyes de carácter económico, político y social, así como 318 decretos, y se ratificaron préstamos por 271 millones de dólares.

Este año la Asamblea Nacional aprobó 40 leyes. Una razón importante de este pobre desempeño legislativo tuvo que ver con el hecho de que los diputados dedicaron una buena parte de su tiempo al proselitismo político, dadas las dos elecciones que tuvieron lugar durante el año. En promedio sesionaron durante el año alrededor de 51 diputados, cuando la Asamblea Nacional consta de 91 (Barberena, 2006).

Por otro lado, este año se caracterizó también por una falta total de cabildeo del Poder Ejecutivo con los diputados. Ello conllevó a que este poder del Estado se viera obligado permanentemente a hacer uso del derecho de veto, llegando a utilizarlo en casi una decena de casos.

En materia económica, este año se avanzó con la aprobación de una nueva Ley del Régimen de Administración Financiera y Régimen Presupuestario; una nueva Ley de Deuda Pública; Ley del Fondo de Garantías de Depósitos; reformas a la Superintendencia de Pensiones; una nueva Ley General de Bancos, así como la aprobación de una serie de tratados internacionales.

Al cierre de su última legislatura, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley Orgánica de ese poder del Estado. Este hecho generó una fuerte polémica dado que esta ley, en su artículo 52, le da potestad a los diputados, de obligar a cualquier persona natural, jurídica, nacional o extranjera a comparecer ante ellos cuando así lo dispongan, sin especificar motivos, circunstancias ni casos específicos y la persona que no compareciere sería castigada por desacato, que según el Código Penal amerita seis meses a cuatro años de prisión.

La ley fue recurrida por sectores de la sociedad civil alegando disposiciones inconstitucionales. Concretamente, consideraron que contravenían los artículos 2, 132, 138 inciso 25, y 150 inciso 5. Por otro lado, señalaban que el Poder Legislativo se arrogaba por medio de esta ley, competencias exclusivas del Poder Judicial, estableciendo una jurisdicción que no les corresponde.

Esta ley también restituye privilegios económicos para los diputados a través de la introducción libre de impuesto de vehículos, violando el precepto constitucional de la igualdad ante la ley.

Otra serie de leyes aprobadas en marzo se refieren a las reformas de leyes nacionales que exigía EE.UU. para que el TLC entrara en vigencia en Nicaragua. La aprobación de estas leyes no estuvo exenta de tensiones, pues los diputados del PLC intentaron “negociar” su aprobación a cambio de dar pase en el Parlamento a un decreto de amnistía para liberar a Arnoldo Alemán. Sin embargo, la maniobra no prosperó y los diputados del PLC, los del FSLN y los del gobierno reformaron la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas. El 21 de marzo concluyeron la tarea reformando la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales; la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y la Ley Especial de Delitos contra el Comercio internacional o la Inversión Internacional.

Uno de los ámbitos donde el déficit legislativo fue más evidente fue en lo referido a la agenda social. Sin embargo, se logró que el 22 de marzo fuera aprobada la Ley General de Educación. Ella pretende establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo nacional, las atribuciones y obligaciones del Estado, los derechos y responsabilidades de las personas y de la sociedad en su función educadora. La ley fue vetada por el Presidente de la República. No obstante, se superó este desencuentro con la reforma de los artículos 91 referido al crecimiento porcentual anual del presupuesto educativo, estableciendo dicho incremento en no más del 5%, y el artículo 102 referido al aumento salarial anual para los profesores. Una de las novedades de esta ley es la importancia que le otorga a la participación de la sociedad civil en las políticas educativas. La ley se convierte en un referente básico de la educación en el país, por encima de los proyectos partidarios y busca articular el sistema educativo y mejorar la calidad de la enseñanza.

VII. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Nicaragua es un país de democracia reciente. Las bases de este régimen se establecieron con el derrocamiento de la dictadura somocista (1979), y los procesos que se dieron a partir de la revolución sandinista y la derrota electoral del FSLN en 1990. Desde entonces se ha desarrollado un marco de amplias libertades públicas y una irrestricta libertad de expresión, y se ha ampliado el régimen de derechos en el país, pero con una débil base material económica que no brinda los recursos públicos para garantizarlos y una también débil institucionalidad que no logra fijarse en sus límites democráticos.

El regreso del FSLN al poder ha abierto una nueva coyuntura en el país y la expectativa en algunos sectores de una mayor atención a la agenda social. Sin embargo, la población mayoritaria que no votó por el FSLN ve con prevención y aún temor algunas señales, como el apoyo del FSLN a la derogación del artículo del Código Penal que garantizaba el aborto terapéutico, la tendencia a gobernar para sus simpatizantes y por encima del estado de derecho, la poca tolerancia a la crítica de los medios de comunicación y la casi nula información sobre sus planes de gobierno. Toca a la nueva administración de Daniel Ortega corresponder a la confianza de sus electores y de todos los nicaragüenses, aprovechando esta nueva oportunidad para mejorar y profundizar la democracia y sus instituciones en este período, mientras contribuye sustantivamente a la impostergable resolución de los problemas de equidad, pobreza y desigualdad que agobian al pueblo nicaragüense.

 

NOTAS

1 Cfr.Skyspercity Forums: 2006

2 Véase: Ortega y Castillo (2007); Alvarez (2006); Sandino (2006); Vargas (2006).

3 El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos señala que “esta ley, en su artículo 5, viola garantías y derechos consignados en la Constitución Política, pues le otorga a UNIÓN FENOSA la facultad y potestad para que a cualquier hora invada una propiedad privada, haga inspecciones y busque consumidores ilegales; también autoriza a la empresa a tomar fotos y videos con testigos para demostrar la sustracción ilegal de energía, fomentando de esta manera la obtención ilegal de la evidencia. Le da facultades que ni la Policía Nacional posee, porque la Constitución establece que para poder allanar una morada debe tener orden judicial” (Núñez de Escorcia, 2007).

4 Véase los datos del Consejo Supremo Electoral en: http://www.cse.gob.ni/.

5 Véanse más detalles en Ortega (2006b y 2007).

6 Para más detalles véase: Equipo Nitlapán-Envío (2006b); Núñez de Escorcia (2007).

7 Los datos de los resultados electorales aún parciales del Consejo Supremo Electoral se pueden ver en: http://www.cse.gob.ni. Aunque este poder del Estado no ha proporcionado a la opinión pública aún un informe completo de los resultados electorales, incluyendo número total de electores, número de votantes, votos nulos, votos válidos, índice de abstención y otros.

8 Más sobre el pacto PLC-FSLN en: Ortega y Castillo (2007); Ortega (2001); Red Nicaragüense por la Democracia y el desarrollo local (2000).

 

REFERENCIAS

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Manuel Ortega Hegg: Sociólogo nicaragüense. Director del Centro de Análisis Socio_Cultural (CASC) de la Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua.

 

 

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08_Uruguay un área de oportunidades

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Uruguay un area de oportunidades_Rodolfo Camarosano

 

 

07_LOS PELIGROS DE LA MILITARIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: Ana Esther Ceceña

18/08/2011

Desentrañar el significado de la violencia capitalista que se impuso en el mundo supone subvertir las narrativas que la acompañaron desacreditando todas las grandes civilizaciones con las que se confrontó; supone reconstruir la historia desde ellas con todas sus derivas posteriores; supone recuperar nuestros otros lugares epistemológicos; supone rearmar las imágenes desordenadas por el poder pero, sobre todo, encontrar nuestras propias imágenes.

La modalidad militarizada del capitalismo de nuestros días juega con mecanismos de involucramiento generalizado y aborda científicamente la dimensión simbólica y de creación de sentidos que permite construir un imaginario social sustentado en la existencia de un enemigo siempre acechante y legitimar la visión guerrera de las relaciones sociales y las políticas que la acompañan. Esto supone que la militarización de las relaciones sociales es un fenómeno complejo que no se restringe a las situaciones de guerra abierta sino que incluye acciones de contrainsurgencia muy diversas, que comprenden el manejo de imaginarios, todos los trabajos de inteligencia, el control de fronteras, la creación de bancos de información de datos personales, la introducción de nuevas funciones y estilos en las policías ocupadas de la seguridad interna, e incluso la modificación del estatuto de la seguridad en el conjunto de responsabilidades y derechos de los Estados.

Las lógicas del poder, que se transforman aparencialmente de acuerdo a las situaciones y circunstancias históricas, adoptan formas imperiales, como las que se expresan con los procesos de militarización, pero también formas consensuales para imponer sus reglas del juego. Los acuerdos aprobados en la OMC, las reglas legitimadas del FMI, las disposiciones perversas de los tratados de libre comercio e incluso las reglas de las democracias formales que padecemos son algunas de las más destacadas formas de establecimiento consensual de las relaciones de dominación. El imperialismo es una de las formas que asume la dominación, pero no es la única. Con la desaparición del  imperialismo no se resuelve la dominación que abarca dimensiones tan complejas como las de las relaciones de género, de cultura, de lengua y muchas otras que significan las prácticas relacionales en los micro y macroniveles. Como estudiosos de los fenómenos económicos y sociopolíticos contemporáneos, como pensadores críticos y actores políticos, estamos obligados a ser muy precisos y desentrañar la sustancia oculta de éstos sin simplificaciones abusivas que en vez de contribuir a una buena comprensión y al diseño de estrategias de lucha inteligentes, nos lleven a enfrentamientos de conjunto, incapaces de penetrar por las porosidades del poder.

 En la lucha de los pueblos americanos el problema no se terminaría aboliendo las relaciones de explotación, aunque seguramente es un punto fundamental, sino que tenemos que enfrentar simultáneamente problemas de clase, de discriminación racial, de género y muchos otros que tienen que ver con la difícil conformación de una socialidad impuesta, contradictoria y resistida. La 1 Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. colonización no se realizó en la esfera del trabajo o de la producción, aunque también, sino que sobre todo se enfocó a los cambios de mentalidad, a la extirpación cultural e histórica de los pueblos mesoamericanos, caribeños y andinos, a la conquista de las mentes.

 La esencia de las relaciones sociales, de las relaciones entre sujetos que no están establecidos o conformados de una vez y para siempre, no emanan naturalmente de las estructuras. Los sujetos se construyen a sí mismos en el proceso social, en la lucha, en la resistencia y a través de esa lucha es que se van modificando también las formas y modalidades de la dominación.

No sería posible explicar de otro modo la tónica militarista que invade las escenas de la “libertad de mercado” impulsadas por el neoliberalismo como mecanismo privilegiado de reordenamiento social. No hay más libre mercado, si es que lo hubo. Las normatividades que se van estableciendo universalmente por la vía de los tratados económicos y de las negociaciones en organismos internacionales como la OMC, no propician la libertad sino la imposición, pero además se acompañan, cada vez más, de medidas de control militar y militarizado ahí donde el rechazo de la población se manifiesta de forma organizada y/o masiva.

 La modalidad militarizada del capitalismo de nuestros días juega con mecanismos de involucramiento generalizado y aborda científicamente2 la dimensión simbólica y de creación de sentidos que permite construir un imaginario social sustentado en la existencia de un enemigo siempre acechante y legitimar la visión guerrera de las relaciones sociales y las políticas que la acompañan (Ceceña, 2004). Esto supone que la militarización de las relaciones sociales es un fenómeno complejo que no se restringe a las situaciones de guerra abierta sino que incluye acciones de contrainsurgencia muy diversas, que comprenden el manejo de imaginarios, todos los trabajos de inteligencia, el control de fronteras, la creación de bancos de información de datos personales, la introducción de nuevas funciones y estilos 2 Así como la introducción del taylorismo y fordismo supuso un estudio cuidadoso de los procesos de trabajo y su transformación científica con base en su desagregación en tiempos y movimientos, a la vez que el ambiente y organización del trabajo era objeto de la aplicación de dinámicas de estimulación y corresponsabilidad, recientemente los estudios sobre sistemas complejos experimentan con estímulos al comportamiento de colectivos diversos y los medios de comunicación buscan las mejores alternativas para la creación de sentidos, no sólo en términos de contenidos sino de imágenes y manejo de tiempos y secuencias. Todo esto vinculado a los campos de control y contrainsurgencia directamente generados por el Comando Conjunto de Estados Unidos en las policías ocupadas de la seguridad interna, e incluso la modificación del estatuto de la seguridad en el conjunto de responsabilidades y derechos de losEstados.

 Caracterizar el momento actual sobre la base de la militarización de las visiones y estrategias hegemónicas no descarta la identificación de la guerra, de la sustancia de la guerra, como un elemento inmanente, consustancial, a las relaciones capitalistas. Pero si bien la guerra es sólo otra forma de entender la competencia, históricamente se van modificando los énfasis o los terrenos en los cuales se desatan las estrategias de clase, en este caso de la clase dominante, y en que se configuran las diferentes modalidades o momentos en las relaciones de dominación. Hace algunos años nadie hablaba del militarismo como elemento dominante y sin embargo estábamos en este mismo sistema. Se hablaba del neoliberalismo, del mercado, de que el eje ordenador de la sociedad eran las relaciones de mercado y que era a través de estas relaciones de mercado como se disciplinaba y como se concebía a la sociedad en su conjunto. Hoy eso nos es insuficiente para entenderla, pero también le es insuficiente al poder para reorganizarla y controlarla; entre otras cosas porque es una sociedad que se mueve tanto, que se insubordina tanto, que no permitió que el mercado la disciplinara, obligando a los poderosos a usar otro tipo de herramientas. No quiere decir que el mercado desaparezca como disciplinador, quiere decir que la dimensión militar se sobrepone al mercado desplazándolo de su carácter de eje ordenador, que la visión del mundo adopta un contenido particularmente militarizado, y que es a partir de la visión militar que la totalidad no sólo se reordena sino que cobra un nuevo sentido.

 La hegemonía consiste en universalizar una visión del mundo, pero la universalización se hace de muchas maneras. A través de imágenes, a través de imposiciones, de discursos, de prácticas. Con respecto a la militarización de los últimos tiempos la batalla más importante la están ganando los poderosos en el terreno cultural, a través de una serie de mecanismos entre los cuales destacan los medios de comunicación. Están ganando la batalla en la medida en que logran convencer de que el mundo es un lugar de competencia, de disputa, en el que tenemos que batirnos unos con otros para ocupar nuestro espacio, por lo demás, siempre incierto. Tenemos que competir entre nosotros por un empleo, por los planes de desempleo, por la seguridad social. Batirnos a muerte por ser incluidos en el reino de los explotados y precarizados, como si esa fuera nuestra utopía de mundo para el futuro.

 Esa batalla cultural es una batalla por la construcción de sentido, no es de colocación de bases militares. La militarización se está metiendo en las cabezas y no solamente en las bases militares. Se está metiendo en las leyes, antiterroristas o simplemente de control de movimientos como son los regímenes de tolerancia cero que nos convierten a todos en sospechosos. Percibo que en términos de los paradigmas de militarización para América hay una construcción de capas envolventes en las cuales se van abarcando diferentes dimensiones de establecimiento de relaciones de sometimiento. Entre esas capas envolventes se encuentran, como círculos concéntricos, los cambios de normatividad, el establecimiento de normas continentales para la seguridad interna, el cuidado de las fronteras, los ejercicios militares en tierra, los ejercicios en los ríos y canales de internación en los territorios, el establecimiento de una red continental de bases militares y los ejercicios navales que permiten circundar todo el continente, estableciendo una última frontera, más allá de las jurisdicciones nacionales.

 Desde Irak hasta la Patagonia, los poderosos han puesto especial cuidado hoy en construir una legalidad que justifique sus acciones de intromisión. Ante una legitimidad fuertemente cuestionada se generalizan las leyes antiterroristas que tienden a crear, por un lado, una complicidad entre todos los Estados y por esa vía van imponiendo políticas y juridicidades supranacionales y, por el otro, una paradójica situación similar a la de un estado de excepción permanente en el que todos los ciudadanos serán rigurosamente vigilados porque todos son sospechosos, aunque todavía no se sepa ni siquiera de qué. Generalmente de pretenderse sujetos. El derecho se coloca al servicio de la impunidad aunque se reivindique democrático y los cuerpos de seguridad empiezan a construir el panóptico que vigila desde todos los ángulos: con cámaras de video en los bancos, en los semáforos, en las calles transitadas; que permite la intercepción telefónica en casos que así lo ameriten; que permite la tortura cuando se trata de detenidos catalogados como terroristas sin ningún juicio previo, y que admite la detención de cualquier ciudadano sin orden de aprehensión previa, simplemente para investigar. Es decir, se trata de imponer la cultura del miedo en una población que no podrá saber previamente a la detención si era sospechosa de algo, como medio para paralizar y disuadir de conductas terroristas o insurgentes. Los delincuentes comunes tienen construida toda otra red de relaciones que sólo casualmente son tratados de acuerdo a estas mismas normas.

 Como parte del panóptico y nuevamente como otra de las paradojas de los discursos del poder, al lado de la pregonada libertad de tránsito para las mercancías, las inversiones y los cuerpos de seguridad, se ha ido restringiendo cada vez más el libre tránsito de personas. Los mejores y más trágicos ejemplos son las fronteras impuestas al pueblo palestino en su propia tierra y los muros de contención a migrantes desesperados en la frontera entre México y Estados Unidos y en el sur de España, no obstante, las fronteras no siempre se cierran de manera tan visible y evidente. Mucho más sutil pero quizá más peligroso por la amplitud y alcances que puede llegar a tener es el control de inteligencia que hoy utiliza los adelantos de la tecnología para aprovechar el tránsito a través de las fronteras como mecanismo de seguimiento personalizado. El panóptico se materializa en las nuevas fotografías que incluyen los pasaportes, con reconocimiento de iris o con otro tipo de identificación biogenética que inmediatamente incorporan los movimientos de la persona a un banco de datos centralizado en Estados Unidos y que está a disposición de los servicios migratorios de la región (en el caso nuestro del Continente americano) como en otro momento y con menos recursos tecnológicos ya se hizo con el Plan Cóndor.

 La eficacia macabra con la que el Cóndor desarticuló los movimientos sociales en los años de las dictaduras militares en América del Sur tiene hoy posibilidades multiplicadas al poder usar tecnologías que son a la vez mucho más precisas y mucho más abarcantes; sin embargo tiene en contra, evidentemente, el aprendizaje de los pueblos y su capacidad de lucha y resistencia. Este control de fronteras y la imposición de leyes con implicancias supranacionales, combinado con la dilución de los límites internacionales, convierten en una ilusión las soberanías nacionales. La pretensión de privatizar las aduanas de México, los tratados transfronterizos para la gestión de recursos naturales que caen bajo la jurisdicción de más de un Estado y que están permitiendo evadir leyes nacionales, por ejemplo, son mecanismos de conculcación de soberanía. En el acuífero Guaraní, por citar un caso muy delicado y relevante, la negociación se hace entre los cuatro países implicados y con la intervención de Estados Unidos (en el esquema del cuatro más uno) mediante el apoyo experto del Banco Mundial. Lo mismo ocurre con selvas, oleoductos u otros recursos que pasan a ser tratados ya sea como novedosos y por tanto no contemplados en las legislaciones nacionales, ya sea como problemas de “seguridad nacional”. Y en este continente se sabe que seguridad nacional es seguridad de Estados Unidos en el territorio que no es de Estados Unidos, o no sólo en territorio que es de Estados Unidos. Las fronteras, que hasta ahora eran custodiadas por las fuerzas garantes de la seguridad interna en la vieja acepción, hoy se han convertido en zonas de seguridad estratégica custodiadas cada vez más por los cuerpos de seguridad del gendarme mundial.

 En diversos casos los ríos o lagos son los que marcan las fronteras. Pues bien, estos son justamente los espacios privilegiados de localización de los ejercicios militares conjuntos (con Estados Unidos, se entiende) actualmente. Los ríos son un canal de penetración muy distinto al que se estaba utilizando cuando se hacían los ejercicios directamente en tierra y permiten además no sólo la utilización de fuerzas anfibias sino la definición de actividades tanto en agua como en tierra, matando dos pájaros de un tiro. En esta situación se encuentra la zona del río Paraná, y en algún momento estuvo la del río Usumacinta, entre México y Guatemala. Curiosamente, cuando se trata de ejercicios ribereños, es más fácil evadir la aprobación de los Congresos de los países limítrofes porque el río aparece como territorio relativamente neutro. Es como si se estuviera ante una legislación ausente o vacía ya que se refiere a un territorio fluido y no fijo.

 Una de las capas envolventes más importantes por su capacidad de influir en los modos de uso de los territorios y en los modos de control de los sujetos críticos consiste en la colocación de bases militares de Estados Unidos en puntos seleccionados del continente con dos propósitos explícitos y evidentes: garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos y contener, disuadir y/o eliminar la resistencia ante las políticas hegemónicas y la insurgencia abierta.

 Actualmente Estados Unidos cuenta con un sistema de bases que ha logrado establecer dos áreas de control: 1. el círculo formado por las islas del Caribe, el Golfo de México y Centroamérica, que cubre los yacimientos petroleros más importantes de América Latina y que se forma ya no solamente con las bases de Guantánamo, Reina Beatriz, Hato Rey, Lampira, Roosevelt, Palmerola-Soto Cano y Comalapa, como fue hasta 2009, sino que ahora incorpora las nuevas posiciones convenidas con Colombia (7), Panamá (11) y Honduras (2), además de las bases itinerantes, mucho más flexibles, ubicadas en los 43 buques de guerra que Costa Rica ha permitido actuar en sus aguas territoriales desde julio de 2010; 2. el círculo que rodea la cuenca amazónica bajando desde Panamá, en el que el canal, las riquezas de la región y la posición de entrada a América del Sur han sido esenciales, y que se forma con las bases colombianas ya viejas (Larandia, Tres Esquinas, Caño Limón, Marandúa y Riohacha), con las posiciones que comparten en Perú (Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Chiclayo), y con todas las nuevas de Colombia y Panamá.

 Algo que podría ser concebido como la última frontera o la capa envolvente más externa, está conformada por los ejercicios militares en los océanos Pacífico y Atlántico y en el Mar Caribe: en todo lo que circunda a América Latina. Hasta ahora la percepción que se tenía era la de ejercicios circunstanciales y esporádicos y en parte por esa razón no se les ha concedido demasiada importancia. Mucho menos se les ha considerado parte de la estrategia continental de control. Sin embargo, se trata de ejercicios sistemáticos, que permiten realizar un patrullaje constante alrededor de América Latina y mantener ahí una presencia más o menos permanente. Son ejercicios que tienen un carácter secuencial, evolutivo, y que marcan en verdad un circuito de frontera que, por ser externa a las aguas territoriales de los países correspondientes, queda a cargo, nuevamente, del gendarme mundial a través de su IV flota.

 Ahora bien, estas capas envolventes, que atañen a América Latina en su conjunto, van a estar focalizadas en tres áreas distintas en las que parecen atender a tres estrategias diferenciadas. Esas tres subregiones se caracterizan también por tres paradigmas distintos de dominación y sus diferencias geopolíticas son muy claras. En los tres casos, por diferentes razones, se trata de puntos estratégicos tanto por los recursos que albergan como por su posición geográfica específica.

 La primera región es la constituida por Colombia y su área circundante. Yo destacaría dos elementos en este caso, relacionados con la estrategia contrainsurgente y de ocupación militar: 1. el experimento de la polarización, acompañado de una sistemática ruptura de tejido comunitario, para valorar hasta dónde es posible dominar, controlar e incluso hegemonizar a través de un esquema de polarización exacerbada con sólo dos opciones antagónicas, y 2.hasta dónde es posible, a partir de asentamientos o de construcciones sociales como la colombiana, el control de la que Estados Unidos considera la mayor amenaza hoy en el continente, que es Venezuela, evaluando el carácter de las tensiones fronterizas que se desarrollan y la capacidad de control de la insurgencia venezolana desde Colombia

 La segunda subregión es la del Caribe y la cuenca del Golfo de México, extendida hasta Venezuela. La estrategia regional en esta zona avanza por dos líneas: la ocupación directa por un lado, y la creación de acuerdos que propician la extraterritorialidad de Estados Unidos, asumida por el Comando Conjunto mediante el establecimiento de la jurisdicción del Comando Norte del ejército abarcando el área Canadá-Estados Unidos-México completa, por el otro. El enclave paradigmático de ocupación directa en este momento se localiza en Haití, aunque, evidentemente, con fuertes implicaciones para Cuba. Haití es un caso muy importante porque es donde se está ensayando otra manera de establecer la hegemonía a través de la complicidad casi obligatoria de todos los ejércitos del continente, sin olvidar la de Francia, que asegura tener ahí un conflicto de intereses. La ocupación de Haití, así sea por los llamados cuerpos de paz, es una ocupación militar, impuesta. Todos sabemos que la figura de cuerpos de paz fue creada como parte de los mecanismos de penetración contrainsurgente de la USAID en los momentos inmediatos posteriores a la Segunda guerra mundial. Aunque ahora esta figura esté sancionada por la ONU, la conformación latinoamericana de los ocupantes de Haití está involucrando una estrategia que hasta ahora no había tenido éxito, y es que los países de América Latina todavía no acaban de aceptar en las Conferencias Hemisféricas la construcción de la fuerza militar hemisférica, como fuerza multinacional, porque saben el riesgo que tiene en términos de pérdida de soberanía, y sin embargo en los hechos ha sido puesta en funcionamiento a través de su participación en Haití; son Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia los que están a cargo del disciplinamiento y la represión al pueblo haitiano, de la destrucción de sus organizaciones políticas en razón de su supuesta incapacidad para autogobernarse.

 Después del terremoto de 2011 la ocupación militar de Haití cambió de carácter pues fue directamente el Comando Sur quien se estableció en este territorio, subordinó a la misión internacional de la ONU y tomó el control de las comunicaciones y del funcionamiento interno del país, estableciendo un enclave militar de primer nivel en el centro del Caribe.

 La línea de la extraterritorialidad que ha impulsado Estados Unidos avanza en el otro costado del Golfo de México bajo el manto de un acuerdo, una alianza, que construye como fronteras externas las que circundan el bloque trinacional de América del Norte. Frontera externa compartida que debe ser defendida en colaboración por los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas de los tres países cuyos territorios conforman el área de seguridad interna. La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), mediante un acuerdo ejecutivo no sometido a las instancias de representación ni mucho menos a la sociedad en su conjunto, ha entregado la soberanía, de manera voluntaria, a las fuerzas del orden de Estados Unidos y abrió la puerta para implantar el Plan México (Iniciativa Mérida), que combina y en cierto sentido supera al Plan Colombia.

 De este modo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se amplía hacia la integración energética que resolverá la crisis de Estados Unidos en este renglón y hacia la integración de políticas y acciones de seguridad bajo los criterios dictados por el Comando Conjunto de Estados Unidos que incluyen, entre otras cosas, la misión de garantizar el acceso irrestricto a los recursos considerados indispensables para la seguridad nacional (de Estados Unidos, claro). Es decir, las riquezas de México quedan legítimamente encadenadas a los intereses estratégicos estadounidenses, además de la extensión de las medidas adoptadas después del 11 de septiembre de 2001 en la Ley patriótica, referentes al combate a la subversión, terrorismo y disidencia. La conculcación de derechos ciudadanos a que se ha sometido al pueblo estadounidense se extiende al tratamiento de los pueblos canadiense y mexicano.

 Ahora bien, desde una perspectiva geopolítica, poner a las fuerzas de seguridad estadounidenses como custodia de las fronteras mexicanas no afecta solamente a los mexicanos sino a toda la región caribeña y centroamericana. Con la ASPAN, la Iniciativa Mérida y la ocupación de Haití; con las bases militares y los patrullajes y ejercicios constantes en esta región se garantiza el cuidado de las cuencas petrolíferas del Golfo de México y Venezuela; se controlan los pasos más importantes de los migrantes y las drogas; se mantiene bajo vigilancia los procesos cubano, venezolano y en general del bloque del ALBA; y se sienta el precedente de los nuevos tratados de integración que se intenta imponer en el continente y que han permitido recientemente la creación de la Iniciativa de Seguridad del Caribe.

 El otro eje del paradigma, el otro ensayo de estrategia, es el caso de Paraguay. Corazón de una subregión que si bien ha sido escenario de acción de dictaduras militares que se significaron por su creatividad perversa en todo tipo de torturas y por ser máquinas implacables de desaparición y muerte, hasta ahora sólo tenía la base de Mariscal Estigarribia, con una pista de aterrizaje para tránsito pesado en en centro de la zona hidrocarburífera (el Chaco). Los ejercicios conjuntos en Paraguay han sido sistemáticos y hoy se complementan con la instalación de una Base de Operaciones en la zona norte, concedida a Estados Unidos.

 El cono sur concentra una enorme porción del agua dulce del planeta en sus abundantes ríos y lagos, en los acuíferos subterráneos y en los glaciares del sur, además de minerales y otros recursos valiosos como petróleo y gas, particularmente en Argentina y Bolivia. Es en este sentido de una importancia indudable.

 El sobredimensionamiento de la presencia militar estadounidense en la región amazónico-caribeña ocurrido en los últimos 5 años principalmente, hace pensar en que los próximos movimientos se harán hacia el sur, intentando llenar los vacíos o escasos posicionamientos en el cono sur. Paraguay ha sido hasta ahora uno de los principales puertos de entrada y es donde tienen ya sentadas algunas posiciones importantes. Perú es el otro punto con el que se logran tender algunos entramados que en conjunto permiten un control bastante aceptable de la región.

 Ana

Las nuevas elecciones en Perú podrían significar un cambio en las posibilidades de Estados unidos en esta región pero, a juzgar por los acuerdos previos a las elecciones y por los primeros pasos dados por el gobierno de Humala, es previsible que la estrategia trazada previamente siga su curso y vaya permitiendo una nueva situación de dominio y articulación continental a través de la Alianza del Pacífico, del nuevo estilo del protagonismo colombiano con el presidente Santos y de la complicidad de las oligarquías locales con los proyectos de Washington.

 Para nosotros, pensadores críticos y luchadores sociales, esta coyuntura abre nuevos retos y desafíos más profundos.

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05_Unasur frente a la crisis capitalista: Ángel Guerra Cabrera

 El creciente peligro de una segunda recesión de la economía mundial, sin apenas haber salido de la de 2008, ya se da por sentado públicamente hasta por observadores de la derecha empresarial y académica. Los temores se acrecientan después del acuerdo sobre el presupuesto, donde la ultraderecha del Tea Party impuso su agenda a los republicanos e hizo retroceder a Obama de nuevo. En este caso mucho, a la contracción del gasto público, que  estrangulará más la exangüe economía, continuará enriqueciendo a los ricos e impondrá un sacrificio todavía mayor a la clase media, los trabajadores y los más de catorce millones de desempleados, que en realidad podrían pasar fácilmente de veinte millones. El problema es que no estamos ante otra crisis cíclica del sistema y, ni siquiera, de una comparable por su magnitud con la Gran Depresión de 1929, pese a las terribles consecuencias y la duración de esa hecatombe. En aquella oportunidad, no obstante el pánico que cundió en la plutocracia, todavía el capitalismo tenía reservas para encontrar soluciones y después de la Segunda Guerra Mundial logró la expansión más larga de su historia. En cambio, el trastorno actual está formada por una variedad de crisis sistémicas, todas las cuales se retroalimentan y exacerban mutuamente con los remedios a que recurre el sistema. De allí que se compare con frecuencia a Obama con un Franklyn Delano Roosevelt al revés pues mientras aquel, para salir de la crisis, metió en cintura a los banqueros,  los especuladores y las corporaciones e impuso el crecimiento del déficit y el aumento astronómico del gasto público en obras de infraestructura y servicios sociales, Obama ha intentado enfrentar la actual entregando millonadas a los bancos y corporaciones, que pagarán al fisco por generaciones los ciudadanos comunes y corrientes, que no tuvieron responsabilidad en la gestación de la crisis. Ante este cuadro y el del otro grave enfermo europeo se aprecia muy claramente la trascendencia que pueden alcanzar mecanismos de unidad, integración y complementación latinoamericana y caribeña como la Unión de Naciones de América del Sur(Unasur), la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América(Alba), Petrocaribe y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe(Celac), por nacer en Caracas en este semestre. Los gobiernos suramericanos, por ejemplo, más allá de sus diferencias ideológicas coinciden en la valoración de la gravísima amenaza para sus históricas reservas de divisas –unos 700 mil millones de dólares- y la salud de sus economías, que representaría una gran devaluación del dólar, el euro y sus instrumentos de deuda así como en la necesidad de proteger sus economías.  En la cumbre extraordinaria de Unasur, celebrada en Perú el 28 de julio,  inmediatamente después de la toma de posesión de Ollanta Humala –originalmente dedicada al tema de la desigualdad y la pobreza-, los jefes de Estado decidieron añadir a la agenda una reunión a puertas cerradas para analizar la crisis financiera internacional, la eventualidad de un default en Estados Unidos y tomar medidas extraordinarias. Que “blinden nuestras economías”, en palabras de Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rouseff, expresadas al día siguiente en su encuentro para inaugurar el edificio de la embajada argentina en Brasilia. “Argentina tenía un edificio en Washington y no en el país vecino y aliado”, definió gráficamente Cristina lo que fue la relación de su país con Brasil antes del kirchnerismo, anomalía más o menos aplicable a la relación bilateral entre los demás países de nuestra región antes de los iniciales esfuerzos integracionistas y la derrota del Alca, impulsados conjuntamente por Chávez, Lula y Kirchner en  los noventas. De la cumbre de Lima salió el acuerdo de celebrar una reunión de ministros de Economía de Unasur en la propia capital peruana el 5 de agosto, la que será preparatoria de otra, una semana más tarde en Buenos Aires, de los mismos titulares y los de los bancos centrales, para profundizar el debate sobre la crisis y recomendar a los presidentes las medidas a tomar. En referencia a estas citas, el viceministro de economía de Argentina Roberto Feletti  subrayó la importancia de “coordinar políticas como bloque y afianzar nuestra autonomía frente a la crisis, considerando que todos tenemos importantes reservas monetarias, superávit fiscal y externo y un comercio intrarregional de 120 mil millones de dólares”.

 http://alainet.org/active/48492&lang=es

4-ago-2011

05_Petróleo para el bien común: Ángel Guerra Cabrera

 Las cuantiosas reservas de energéticos de Venezuela fueron convertidas en una poderosa arma revolucionaria por Hugo Chávez. Con ellas al servicio de la nación no sólo se ha elevado considerablemente la calidad de vida de los venezolanos, sino impulsado y dado cauce institucional a la solidaridad con otros pueblos. Los hidrocarburos dejaron de ser objeto de saqueo de las transnacionales estadunidenses y de una exigua elite oligárquica, como había sido antes y durante los gobiernos de los partidos del Pacto de Punto Fijo. Con Chávez en la presidencia y, en particular, después de la derrota del boicot petrolero de 2002-2003, pasaron a convertirse en pivote del desarrollo económico, social y cultural a escala nacional y del rescate de las entonces exangües iniciativas de integración latinoamericana y caribeña.Petrocaribe(2005) y la Alba(2004) son ejemplos de ello. Sentaron una impronta y relanzaron un proceso integracionista que contó también con los inapreciables esfuerzos de Lula da Silva, Néstor y Cristina Kirchner, Fidel y Raúl Castro, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Manuel Zelaya, Michel Bachelet y Leonel Fernández, por sólo mencionar a los más relevantes. Fructificó primero en la creación de Unasur y desembocará en la histórica fundación en Caracas, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños los próximos 5 y 6 de julio.Petrocaribe, constituida un 29 de junio hace seis años por iniciativa de Chávez, es una prueba rotunda de que el petróleo no tiene por qué verse intrínsecamente como “el excremento del diablo”, generador de codicia, violencia y guerras sin fin. Fue una acción solidaria muy oportuna para impedir la ruina de los países de la cuenca caribeña no productores de petróleo. Estos ya no podían pagar la factura del crudo debido a los gravámenes impuestos por los intermediarios y a la abrupta escalada de los precios en 2005 como consecuencia de la especulación. Es una pesadilla tratar de imaginarse lo que habría sido de sus economías sin la existencia de Petrocaribe cuando el precio del barril de crudo trepó por encima de los 130 dólares o ahora mismo que ronda los 100 dólares.Petrocaribe ofreció mucho mejores condiciones que los Pactos de Caracas y San José. Estableció una escala de financiamiento del 40% de la factura petrolera, tomando como referencia el precio internacional del petróleo. Comparado con esos acuerdos extiende el período de gracia para el financiamiento de uno a dos años y prevé una extensión del período de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés del 2 al 1 por ciento si el precio del crudo supera los 40 dólares por barril. El pago a corto plazo del 60% se extiende de 30 a 90 días. Venezuela acepta, además, que una parte se realice con bienes y servicios, por los que puede ofrecer, en algunos casos, precios especiales.Pero el mecanismo implica también la definición de una política energética común, la creación de un fondo para obras sociales en cada país con el ahorro facilitado por la compra de petróleo venezolano, así como la constitución de empresas energéticas binacionales para edificar instalaciones portuarias y de almacenamiento que no existían, construir y operar refinerías, plantas generadoras de electricidad y líneas de transmisión y distribución, así como impulsar el uso del gas y de energías alternativas. No es gratuito que Washington presionara durante años al presidente René Preval para impedir que la iniciativa operara en Haití, según cables revelados por Wikileaks.Integran Petrocaribe Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela.En mayo de 2009, el suministro de hidrocarburos por Venezuela a los demás miembros acumulaba 90.5 millones de barriles. La porción financiada de la factura petrolera (3.000 millones de dólares) representaba un ahorro de 1.400 millones de dólares. Petrocaribe ha financiado la planta de llenado de GLP en San Vicente y las Granadinas, la de almacenamiento y distribución de combustible en Dominica, así como la reactivación en Cuba de la refinería “Camilo Cienfuegos”. Proyectos de generación eléctrica se desarrollan en Nicaragua, Haití, Antigua y Barbuda, Dominica y San Cristóbal y Nieves. En la actualidad Venezuela entrega 200 000 barriles de crudo diariamente a los integrantes del mecanismo.

16-jun-2011

05_Cuba,Haiti- Una ignorada batalla por la vida: Ángel Guerra Cabrera

 La colaboración médica cubana con muchos de los países más empobrecidos e ignorados del planeta es un entrañable capítulo por escribir de la Revolución en la mayor de la Antillas. Sus inicios se remontan a los tempranos sesentas cuando ya había médicos internacionalistas cubanos en varios países de África. Pero fue hasta décadas después que Cuba pudo disponer para este fin de una gran fuerza de profesionales de la salud excelentemente  educados pues después del triunfo de la Revolución Estados Unidos estimuló el éxodo de la mitad de los galenos.  De modo que hubo que formar aceleradamente decenas de miles de trabajadores de la medicina que proporcionaran una universalización de calidad de los servicios recibidos gratuitamente por la población cubana en lugar del sistema prerrevolucionario de atención elitista y restringido a las áreas urbanas.La labor formativa hizo posible enviar colaboradores de la salud de manera creciente a países subdesarrollados, como es el caso ejemplar, pero lejos de ser único, de la Brigada Médica Cubana (BMC) en Haití, convertida en la fuerza decisiva en el combate a la epidemia de cólera en la hermana república. El enorme éxito de lograr menos de uno por ciento de mortalidad entre los pacientes atendidos por la BMC, comparado con el 3.2 de otras instituciones, sólo se explica por la entrega sin reservas  al paciente que prevalece en la profesión médica en Cuba y por la larga tradición de trabajo de campo de sus profesionales en las condiciones geográficas, climatológicas y económico-sociales más adversas, aunque siempre ligados a la comunidad y con su apoyo, principio fundamental en que descansa el propio sistema de salud cubano. Un factor muy importante también es la familiaridad de la BMC con el terreno y la cultura haitiana y sus estrechas relaciones con la población, los ministros de culto, alcaldes, activistas comunitarios y autoridades sanitarias nacionales y de otros grupos internacionales que le han proporcionado su presencia durante 12 años en el país, donde ya pueden comunicarse con los pacientes en el patois haitiano.La epidemia de cólera en Haití es extremadamente amenazadora por su aparición en un país destrozado por el terremoto de enero de 2010, inundado por el ciclón que lo abatió después, que sufre la ausencia de la tan proclamada ayuda internacional y, por consiguiente, del inicio de la reconstrucción. Fidel Castro ha sacado la cuenta de lo insignificante que resulta la cifra de 20 mil millones calculada necesaria para la reconstrucción si se la compara con el millón quinientos mil millones gastados anualmente en armas y guerras. Pero quien conozca la historia sabe que sería ingenuo esperar ese aporte de los países desarrollados ni siquiera en justa retribución al fabuloso aporte de la otrora colonia francesa de Saint Domingue a la acumulación originaria capitalista y a la opulencia de aquellos. Existe, además el grave peligro de que esta epidemia, de una cepa asiática desconocida en América Latina, se extienda por la región.En todo caso, el gobierno cubano decidió poner todos los recursos disponibles para enfrentar de conjunto con las autoridades haitianas y otras organizaciones la epidemia que ya ha cobrado más de 2200 vidas y se pronostica que podría infectar a 400 000 personas sólo en Haití. Luego del incansable trabajo inicial de la BMC en el enfrentamiento y labor de profilaxis ante el mal, Cuba envió en refuerzo la Brigada Internacional Henry Reeve integrada por graduados de varios países de la Escuela Latinoamericana de Medicina, así como personal médico y de enfermería cubano, para un total de 1200 profesionales que llegará a todas las comunas, suficiente para derrotar el mal en opinión de la dirección de la BMC. El portal británico Worlwide Healthcare at a Glance interrumpió por un instante el ciego silencio mediático sobre este gran combate del siglo XXI por la vida.  Allí se lee: “Cuba sin hacer publicidad ha hecho más que nadie para ayudar a su vecino y ha cooperado con las Naciones Unidas en el envío de su personal a las zonas más difíciles de ese país. Los médicos cubanos están en los lugares donde los médicos de habla inglesa jamás han conseguido llegar ni con grandes subvenciones –los pueblos de montaña más afectados- y en esos lugares incluso han creado centros estables para el tratamiento de la emergencia”. Ya son 9 los grandes Centros de Atención al Cólera establecidos por Cuba con apoyo venezolano y llegarán a 20.

16-DIC-2010

05_Kirchner: latinoamericano de su tiempo: Ángel Guerra Cabrera

 La muerte de Néstor Kirchner ha privado a América Latina de uno de los impulsores principales de la trasformación de nuestra región de traspatio de Estados Unidos a un conglomerado de países que cada vez actúa con más unidad e independencia respecto al vecino del norte. Sobre todo en la parte austral del continente, donde la existencia del Mercosur, la histórica creación de Unasur y la presencia de varios de los miembros de la Alba ha creado un espacio de diálogo, resolución de conflictos e integración sin la presencia de ninguna potencia extrarregional que no tiene precedente en dos siglos de historia republicana. No tengo datos para valorar el desempeño de Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Sólo pude apreciar por la tele en su natal Río Gallegos, capital de aquella región y de la que también fue alcalde, a una fervorosa multitud que se volcó en las calles para acompañarlo hasta el lugar donde reposan sus restos, que me llevó a pensar que de él se conserva un buen recuerdo. Lo que no me cabe duda es que a partir de su llegada a la presidencia sobrepasó con creces las más optimistas expectativas tanto en su política interior como exterior y en los últimos años en que acompañó a Cristina, su compañera de vida y lucha, cuando le tocó a ella el desempeño de igual responsabilidad y él demostró una enorme capacidad de liderazgo y de maniobra al frente de ese ente tan contradictorio que es el peronismo y su aún poderosa columna vertebral, la Central General de Trabajadores(CGT) así como el armado de la política de alianzas en el Congreso Nacional y con distintas fuerzas sociales. El peronismo y la CGT son muy controvertidos para sectores de izquierda pero la evidencia indica que la estabilidad política de cualquier gobierno argentino depende en gran medida desde 1945 de su capacidad de concertación con estas formaciones. Con el primero porque, junto al irigoyenismo, abarca una de las dos grandes tradiciones políticas nacional-populares del país desde la segunda mitad del siglo XX y en la segunda porque, pese a los burócratas que la dirigen, agrupa a la mayor parte de la clase obrera organizada y bases que rebasan por la izquierda a su liderazgo.  Ningún líder político auténtico surge, por mejor dotado que sea, si no existe la coyuntura política y la necesidad histórica que lo reclame y Kirchner, como Cristina, son fruto de una circunstancia dramática y casi única en la historia argentina. Apenas un desconocido, llega a la jefatura del Estado con una bicoca de votos en medio de la debacle económica, política, social y moral en que dejó al país el menemismo y su servidumbre al Consenso de Washington. El matrimonio fue capaz de darse cuenta del gran giro que requería el país para rescatar la política después del clamoroso ¡que se vayan todos! En política interna Kirchner disciplinó al ejército y dejó claro su repudio como comandante en jefe a los crímenes de la dictadura militar y su firme compromiso con el fin de la impunidad y el rescate de la memoria histórica. Durante los mandatos de ambos se rescató la legitimidad del Estado y llevaron a cabo meritorias medidas de distribución de la riqueza. Su acompañamiento a Chávez, Lula, Evo, Correa y otros líderes en la integración regional deja muy clara su posición latinoamericanista. Sin la actitud resuelta de Kirhnert ante Bush el ALCA no habría sido derrotado en Mar del Plata. Él y Cristina fueron piezas claves en el desmontaje del golpe “cívico” en Bolivia, el rechazo al de Honduras y a la reciente intentona contra Correa. En lugar de en el Congreso, como dicta el protocolo, la presidenta decidió velarlo en el salón de los héroes latinoamericanos, -habilitado en su momento en la Casa Rosada por iniciativa del matrimonio- a la vera de Perón, Allende, Che, Sandino, Bolívar y San Martín, donde se produjo una de las más grandes y combativas manifestaciones de luto de la historia argentina, con relevante presencia juvenil, que hace pensar en el surgimiento de una nueva identidad política y constituyó un plebiscito de la gestión de ambos y por la reelección de Cristina. Señal de los tiempos, la única persona invitada por la presidenta a acompañar la íntima y familiar ceremonia previa a la entrega de los restos de su esposo a la tierra que lo vio nacer fue Hugo Chávez. Me resisto a encasillar a Kirchner en algún esquema ideológico importado pero de lo que estoy seguro es que fue un valiosísimo latinoamericano de su tiempo.

4-NOV-2010

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