ESE INICIO TAN TEMIDO: ACERCA DE LAS PRIMERAS SEMANAS DEL ACTUAL GOBIERNO. Anahí Durand

El 6 junio, a apenas un día de proclamado Ollanta Humala como presidente de la República, las actividades de la Bolsa de Valores de Lima fueron suspendidas a pocos minutos de iniciarse tras registrar la peor caída de su historia. Era la forma en que el empresariado y los grupos de poder económico hacían sentir su inconformidad con los resultados electorales. Este hecho reafirmaba además las zozobras avivadas durante toda la campaña por la prensa conservadora, con el Grupo El Comercio a la cabeza, la Sociedad Nacional de Industrias y los diversos grupos políticos de “centro derecha”, todos concertados en presentar el posible triunfo humalista como una amenaza a la estabilidad nacional; “un salto al vacío”, para usar los términos de Alejandro Toledo.
No obstante, transcurrido más de un mes de iniciado el Gobierno, ninguno de los pronósticos catastróficos se ha cumplido. Por el contrario, la economía peruana permanece estable, se han aprobado leyes importantes, no se han registrado conflictos de consideración y la aceptación presidencial bordea el 75%. ¿Qué otras medidas y gestos podrían presentarse como necesarios para avanzar en la inclusión prometida? ¿Qué reacciones cabría esperar desde la oposición política? ¿Qué más esperan los actores sociales y qué aspectos podrían configurar escenarios complicados para el actual Gobierno? Aunque es pronto para realizar balances y pronósticos, resulta importante centrar el análisis en cómo se ha posicionado el Ejecutivo, la dinámica de los opositores y las expectativas de diversos actores sociales.
Las medidas, el gesto y el discurso
El 28 de julio, el juramento presidencial culminó invocando “el espíritu de la Constitución del 79”. Con esta sola alusión, el nuevo mandatario afirmaba un legado, definía al adversario y ponía en evidencia lo que hasta hoy viene siendo la pauta de su actuación; la importancia del gesto como elemento constitutivo del discurso y mecanismo central para la transmisión de las medidas ejecutadas. Traer a la memoria la Constitución promulgada por la Asamblea Constituyente de 1979 no fue precisamente una torpeza ni una mera provocación; fue un gesto de reivindicación de uno de los procesos democráticos más relevantes del siglo XX, producto de amplias luchas populares, que contó con el protagonismo de líderes históricos como Haya de la Torre, y que logró el reconocimiento de importantes derechos económicos, políticos y sociales. Aludiendo a este espíritu democratizador, Humala congregaba a un amplio espectro político, descolocaba al APRA y aislaba al fujimorismo, principal promotor del cambio constitucional de 1993.

 

Ya en plena gestión, las medidas ejecutadas por el Gobierno han seguido la pauta anunciada en el discurso del 28, en tanto buscan marcar la diferencia con el pasado, evidenciar las prioridades del régimen y presentarse con gestos significativos. Es el caso del establecimiento del nuevo gravamen minero, por el cual las empresas aportarían al Estado 3,000 millones de nuevos soles adicionales. Este anuncio fue un claro mensaje a los sectores conservadores, que durante meses afirmaron que era nocivo y prácticamente imposible incrementar los impuestos a las empresas mineras, pues alejaría la inversión. El acuerdo logrado dejaba muy mal parado al APRA, al punto que la misma ministra Aráoz debió reconocer que efectivamente su gestión pudo hacer más. Asimismo, el mutismo de García contrastaba con el amplio respaldo recibido por Ollanta, que empezaba sus actividades como un presidente dispuesto a cumplir sus promesas de campaña.
Otra medida relevante en la planteada orientación fue el anuncio en Pisco de la desactivación de Forsur. La dura crítica presidencial a la malversación de millones de dólares que debieron destinarse a levantar la región tras el devastador terremoto de 2007 coincidía perfectamente con el masivo rechazo a la corrupción. Con estos cuestionamientos, se asestaba otro duro golpe al APRA y se perfilaba la intención de culminar la reconstrucción de modo eficaz y transparente, aunque implicara encargar a ingeniería del Ejército asumir el liderazgo en las obras. También destaca como medida significativa la aprobación de la Ley de Consulta Previa en la ciudad de Bagua. Al suscribir dicha norma, Ollanta Humala ponía fin a la política del “perro del hortelano”1 y daba un importante paso en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la interculturalidad. Nuevamente, contra quienes afirmaron que consultar a los pueblos indígenas resultaba inviable, el Gobierno demostró que aprobar la norma era factible y necesario para la inclusión de miles de peruanos, y resultaría beneficioso también para las empresas, en tanto disminuirá la conflictividad social. El visitar Bagua, principal escenario de las protestas amazónicas de 2008, fue además un gesto potente de reivindicación, y así debieron entenderlo los pobladores congregados en la plaza de Imacita, quienes hasta aplaudieron que el comandante Humala literalmente los mandara al cuartel.
Hasta aquí, las medidas, el discurso y los gestos presidenciales han logrado en buena parte el objetivo de definir una dinámica presidencial propia. No es difícil, para el peruano promedio, identificar a Ollanta como un presidente honrado, “chambeador”, con ánimo de atender a las mayorías, que prefiere el contacto directo con la población al protagonismo mediático. Este logro ha permitido que críticas importantes a sus medidas prácticamente pasen desapercibidas. Es el caso de las explicaciones pendientes sobre cuánto más recaudara el Estado con el nuevo gravamen minero, pues, como afirma Monge,2 “si este gravamen elimina el óvolo voluntario y reemplaza a las regalías, en realidad el aporte nuevo no serían los 3,000 millones de soles anunciados sino unos 2,000”. Tampoco se ha cuestionado el ánimo concentrador de la recaudación, pues este nuevo impuesto no se redistribuiría entre los gobiernos regionales, pues pasará directamente al Ejecutivo. Es poco también lo que se ha dicho sobre los constantes gestos de vocación militarista, expresados, por ejemplo, en la exaltación del servicio militar como salida a los jóvenes indígenas y de menos recursos, algo perfectamente entendible en un comandante del Ejército, pero no tanto en un presidente en funciones. No obstante, la oposición, además de sufrir sus propias crisis, continúa demasiado desconcertada con un Gobierno reacio a dejarse marcar la pauta de lo políticamente correcto.
Los adversarios políticos y los conflictos
Un aspecto que actualmente resalta actualmente es la creciente distancia entre la oposición política y los actores sociales movilizados. Los grupos opositores que lograron presencia en el Parlamento, incluyendo al APRA, atraviesan sendas crisis de organización, representación y mediación. Aspectos como el poco protagonismo de sus líderes, llámese Keiko Fujimori o PPK, y la cerrada cercanía a los grandes capitales ubican a estos grupos “al otro lado” de la conflictividad, lejos de quienes se movilizan y protestan. Justamente, el legado aprista de conflictos sociales involucra en su mayoría a comunidades y poblaciones enfrentadas a la explotación de empresas extractivas consideradas perjudiciales para su subsistencia. Las organizaciones sociales, comunidades o federaciones movilizadas, antes que compartir la agenda de los grupos de oposición política, mantienen aún grandes expectativas respecto a lo que este Gobierno pueda hacer.

 

Reparando en algunas de las actuaciones concertadas de la oposición, vemos que sus intervenciones han tenido limitado efecto, y han demostrado más bien su torpeza para remarcar líneas de cuestionamiento al Gobierno lo suficientemente aglutinadoras. Apenas iniciada la gestión, las baterías se enfocaron en la familia presidencial, criticando la negociación de Alexis con los empresarios rusos, el posible indulto a Antauro y las siempre polémicas posiciones etnocaceristas de don Isaac Humala. En sendas entrevistas y reportajes, periodistas y políticos opositores advertían de lo nocivo de este entorno familiar para un Gobierno con pretensiones de luchar contra la corrupción y defender los derechos humanos. Pero la escueta respuesta del oficialismo y el poco interés de la opinión pública en un tema varias veces ventilado sin resultado alguno hicieron que el asunto pasara a segundo plano. El siguiente blanco elegido fue Ricardo Soberón, recientemente designado como presidente de Devida. La difusión de correos electrónicos de Soberón críticos con la política de erradicación de plantaciones de coca dio pie a que políticos y “especialistas” del tema aprovecharan para exigir su inmediata renuncia, acusándolo de permisivo con el narcotráfico y “pro cocalero”. Sin embargo, lo que callaba interesadamente este concierto de críticos era los mediocres resultados de una política basada en erradicaciones, la necesidad de atacar otros eslabones de la cadena de la droga, como la comercialización de insumos, y la importancia de incluir al productor cocalero para concertar políticas de desarrollo en las zonas de cultivo. Esta vez, la presentación de Soberón en el Congreso, la cerrada defensa del Ejecutivo y la sensación de cargamontón al recién nombrado funcionario volvieron a mostrar las deficiencias de la oposición para enfocar sus críticas y su desconexión con los intereses de los principales sectores movilizados.
En términos de conflictividad, tenemos que el nuevo Gobierno no ha enfrentado aún crisis de envergadura. Hasta hoy, las expectativas favorables frente al Gobierno se han mantenido, y los gestos ofrecidos operan como señales de confianza de que efectivamente hay la voluntad política de atender las múltiples demandas. Por ejemplo, en el caso de los denominados conflictos socioambientales, la aprobación de la Ley de Consulta y la actitud abierta a la negociación con las empresas extractivas han contribuido a que el movimiento indígena amazónico o las comunidades afectadas por la minería perciban la intención del Gobierno de atender sus demandas. En cuanto a las protestas cocaleras, estas se han presentado de modo muy focalizado en el sector de Padre Abad, lugar donde se realizan las labores de erradicación. En este tema, además, la intención del Gobierno de revisar la política de erradicación y los padrones de Enaco ha tranquilizado por ahora a un movimiento cocalero nacional bastante fragmentado. Vale anotar también que aunque estos actores sociales votaron masivamente por Humala, mantienen una precaria capacidad de representación política. Salvo quizá el movimiento indígena amazónico, que cuenta con un congresista awajum y autoridades locales, ni los cocaleros ni las decenas de casos contra la contaminación minera presentan interlocutores legitimados capaces de representar sostenidamente sus intereses en los distintos poderes del Estado. Tal situación amplía el margen de maniobra del Ejecutivo, lo que le permite, por ahora, encauzar el diálogo y atender a casos específicos sin arribar a reformas más profundas ni ambiciosos compromisos.
Breve epílogo temporal

En estos pocos meses no es poco lo conseguido por el Gobierno. Se han disipado buena parte de los temores de quienes miraban a Humala con recelo, a la par que se ha mantenido la expectativa favorable de los que votaron por él. Los gestos políticos no solo han tenido resultados efectistas, sino que han funcionado como “dispositivos de poder”, en tanto, como afirma Foucault,3 dotan de sentido estratégico a las acciones y rearticulan correlaciones de fuerza. Han tenido así efectos concretos en las leyes aprobadas, las decisiones asumidas y los manejos institucionales, y han sido cruciales también para devolver la confianza en las instituciones y los políticos a la ciudadanía. También el Congreso ha optado por los gestos significativos, realizando la audiencia descentralizada en Ica o abriendo las rejas de la plaza Bolívar, ambas acciones resaltadas por su presidente, Daniel Abugattás, y muy bien recibidas por la población. Continuar esta dinámica puede seguir dando réditos políticos al Gobierno, pero puede a la vez soslayar puntos críticos, como los rasgos autoritarios, los ánimos centralizadores de la presidencia o el cuestionable desempeño de congresistas como Amado Romero, involucrado con la minería ilegal en Madre de Dios.

Por otra parte, no es difícil prever que a la oposición le será difícil reubicarse en este nuevo escenario. Acostumbrada a estar cerca de los poderes fácticos, pareciera creer que defender la estabilidad económica y tener amplia resonancia en los medios es suficiente para lograr protagonismo. La torpeza de sus acusaciones y el desinterés por reformular sus agendas demuestran que ha aprendido poco de sus sucesivos traspiés electorales y que continúa desconectada de la mayoría, que exige una mejor redistribución del crecimiento económico. Tampoco parece haber superado sus propias crisis partidarias. Al fujimorismo, su agresividad y supuesta base urbano popular no le ha alcanzado para salir del libreto de crítica inmediatista, y al APRA, los numerosos escándalos de corrupción lo mantienen ocupado en deslindes y mutuas acusaciones.

Finalmente, resulta interesante tener en cuenta dos temas relevantes por profundizar. Primero, el posicionamiento de un nuevo horizonte de justicia social, basado en la inclusión de las políticas sociales, enfoque especialmente compartido con la experiencia brasileña liderada por Lula. Aquellas banderas de universalidad de derechos económicos y sociales van siendo desplazadas por esta suerte de apología de la intervención focalizada. ¿Es esto lo que se necesita para construir un país más inclusivo y menos desigual? Quizá no, pero es lo que el Gobierno presenta como posible y deseable. Segundo, la dinámica de representación política continúa signada por la crisis de los partidos políticos y la vocación por el “contacto directo”, expresadas en un endeble Partido Nacionalista y un difuso Gana Perú, opacados por la figura de Ollanta Humala. ¿Qué tanto podrá avanzarse en la gestión del Estado y la implementación de un proyecto propio sin una base política consolidada? Quizá no mucho, y menos aún si la multiplicidad de actores que tienen expectativas favorables frente a la gestión no participan de su estructura de representación partidaria, lo que hace difícil vislumbrar hasta dónde se mantendrán lealtades y esperanzas. Queda por ver cómo el Gobierno avanza en construir el soporte político necesario para concretar las reformas anunciadas y qué tanto los diversos movimientos, organizaciones sociales, actores movilizados y grupos políticos cercanos se comprometen o no con la “gran transformación”.

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