09_Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Nicaragua por Nayar López

1.- Artículo de Roberto Regalado:  “FMLN: de la insurgencia a la oposición, y de la oposición al gobierno”

**click en el link.

 **  contexto_latinoamericano FMLN

2.- Texto de Manuel Ortega “Nicaragua 2006: el regreso del FSLN al poder

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN ESPECIAL / 2007 / 205-219

ARTÍCULOS

 Nicaragua 2006: el regreso del FSLN al poder

 Manuel Ortega Hegg

Universidad Centroamericana-UCA (E-mail: mortega@ns.uca.edu.ni)


Resumen

El presente artículo trata sobre los principales eventos económicos, sociales y políticos ocurridos en Nicaragua durante el año 2006. Una economía sin mayores logros sustantivos, una agenda social postergada que obligó a los trabajadores a búsquedas de respuesta salariales y las expectativas abiertas por el cambio de gobierno con las elecciones generales de este año, conforman los principales acontecimientos que se reseñan.

Abstract

This article synthesizes the most important economics, socials and political events of 2006 in Nicaragua. The situation of the economy, the social agenda, the results of the national elections and the expectations for the new sandinist government of Daniel Ortega are the most important events that are discussed in this paper.

PALABRAS CLAVE • Economía o Política • Elecciones generales • Elecciones autonómicas • Elecciones legislativas • Elecciones presidenciales


I. LA COYUNTURA ECONÓMICA

En este último año de gobierno del empresario Enrique Bolaños (2001-2006), que había prometido durante su toma de posesión en 2002 convertirse en el mejor Presidente de Nicaragua, el país ha tenido un discreto desempeño económico. A pesar de proyecciones optimistas de organismos como CEPAL que pronosticaban un crecimiento del PIB del 6% para el año 20061, los datos finales indican que el crecimiento real fue de apenas un 3,7%. El promedio de crecimiento de la economía nicaragüense durante su administración es del 3%, aunque el país necesitaría hacerlo al 7% de manera sostenida si quisiera comenzar a reducir la situación estructural actual de pobreza existente2.

Sin embargo, los datos indican que el gobierno de Bolaños deja un ambiente económico menos adverso que el que recibió a comienzos de su gobierno, cuando la economía tendía a la recesión como consecuencia de un entorno internacional desfavorable debido al clima de incertidumbre provocado por el reciente ataque a las Torres Gemelas, la crisis cafetalera, quiebras bancarias, y una macroeconomía frágil.

En 2006 el entorno económico-político exhibe una relativa estabilidad macroeconómica debido a una mayor disciplina fiscal, control de la inflación y el exitoso cumplimiento del programa con el FMI finalizado en el mes de diciembre. En el ámbito monetario, las Reservas Internacionales Brutas se han más que duplicado respecto al 2001, al pasar de 383 millones de dólares al mes de diciembre a 874 millones de dólares a julio del 2005, permitiendo ampliar su cobertura respecto a la Base Monetaria en número de veces de 1.57 a 2.23 y en número de meses de importaciones de 2.59 a 3.89, en el mismo período; el contexto internacional en términos de precios de los productos nicaragüenses aparece como propicio para el crecimiento; se mantiene el respaldo económico y político de la comunidad internacional, luego de un significativo alivio de la deuda externa, así como del apoyo presupuestario de países cooperantes y donantes para combatir la pobreza. El control de la inflación, la disciplina fiscal y el crecimiento de la economía ha creado un ambiente de seguridad económica para los inversionistas, sobre todo en el ámbito de los servicios turísticos. Este panorama favorable desde el punto de vista macroeconómico llevó al Presidente saliente a declarar a finales de su mandato que “dejaba la mesa servida”(Sandino, 2006).

Sin embargo, otros indicadores no parecen coincidir con este análisis optimista del Presidente saliente. El país no logra ampliar su capacidad productiva y se mantiene un balance negativo en la cuenta comercial de aproximadamente 35,8%. Por otro lado, a pesar de que el saldo de la deuda externa se ha reducido sustancialmente, la deuda interna sigue teniendo un peso sumamente alto para la economía nicaragüense, habiendo representado el 27% del PIB del año anterior. Más aún, los datos no muestran una reducción significativa de la pobreza ni de las desigualdades, y el desempeño actual de la economía no parece favorecer el cumplimiento de las metas del milenio (Equipo Nitlapan-Envío, 2006a).

De ahí que la mayoría de la población no sienta que haya sido invitada a la mesa servida que dice dejar la administración saliente. Una encuesta de opinión pública nacional dada a conocer en junio por Cid Gallup, indicaba que un 73 por ciento de los nicaragüenses consideraba que el país iba por el camino equivocado. La mayoría de las encuestas electorales de este año 2006 coincidieron en esta valoración ciudadana.

Esta percepción es coincidente con el Índice de Desarrollo Humano 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuando indica que Nicaragua sigue ocupando el lugar 112 de un total de 177 naciones. Este puesto es el mismo del año pasado. Este informe revela que la esperanza de vida de los nicaragüenses es de 70 años; la tasa bruta de matrícula en enseñanza primaria, secundaria y terciaria mejoró levemente a 70 por ciento, pero que el acceso a fuentes de agua mejorada disminuyó dos puntos porcentuales, hasta alcanzar 79 por ciento de la población. Señala también que casi ocho de cada diez nicaragüenses sobreviven con dos dólares diarios, y que 45,1 por ciento de la población sobrevive con apenas un dólar. En cuanto a la desigualdad, el 20 por ciento de la población nicaragüense más rica participa en el 49,3 por ciento de los ingresos o consumo, frente al 5,6 del 20 por ciento más pobre. La desigualdad también se constata en los ingresos percibidos entre mujeres y hombres, 2.018 dólares frente a 4.512 (álvarez, 2006).

II. LA COYUNTURA SOCIAL

1. Los efectos del incremento del precio del petróleo

La coyuntura social nicaragüense se vio muy afectada durante el año 2006 por el fuerte incremento internacional de los precios del petróleo. En abril de 2006 el crudo sobrepasó los 72 dólares por barril en el mercado internacional, casi duplicando los 40 dólares de agosto de 2004. El precio empezó a bajar hasta en octubre de 2006, cuando llegó a menos de 60 dólares por barril.

De manera general, este incremento en el precio del petróleo afectó a la población por el encarecimiento de la vida, pero los efectos más notorios se expresaron en el agravamiento de la crisis energética y en el incremento del precio del servicio del transporte público.

2. La crisis energética

En Nicaragua el 83% de la energía depende de los derivados del petróleo. A pesar de poseer importantes potencialidades de fuentes alternas de energía, como la energía geotérmica, eólica e hídrica, el país no ha invertido en su desarrollo. Pero tampoco lo ha hecho en el mantenimiento de la capacidad instalada existente, mostrando cada vez mayor insuficiencia de energía y altos niveles de obsolescencia de equipo, con costos de generación crecientemente altos por su dependencia del petróleo,

El incremento en los precios del petróleo, sumado a las deficiencias en el sector energético, provocó constantes racionamientos de energía durante todo el año, llegando a producirse apagones de hasta 15 horas en algunas regiones del país. La crisis llevó a enfrentamientos de los consumidores con el gobierno y la transnacional española UNIÓN FENOSA, empresa distribuidora de energía, alcanzando puntos críticos en algunos meses.

La incapacidad del gobierno para manejar esta crisis se hizo totalmente palpable y su actuación estuvo en su totalidad parcializada a favor de la transnacional, ofreciéndole subsidios monetarios (9 millones de dólares) y energía subsidiada de la empresa estatal Hidrogesa, incrementar la tarifa a los consumidores y autorizarla al uso de métodos arbitrarios para la detección de consumidores ilegales, a través de la ley de estabilidad energética.

En enero de 2006 la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), una de las redes más beligerantes del país, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Estabilidad Energética (Ley 554)3 y ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, una demanda en contra del alza del 7% en la tarifa del servicio eléctrico que fue aprobada por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el 16 de diciembre de 2005 y entró en vigencia el 2 de enero de 2006.

Las protestas de la población se generalizaron en todo el país, exigiendo incluso la salida de la empresa transnacional. Este proceso culminó el 21 de agosto en una marcha con la consigna de “No a la entrega de 9 millones de dólares a UNIÓN FENOSA” y la toma de las instalaciones del ente regulador de la energía (INE); bajo esta presión el Consejo Directivo del ente regulador resolvió iniciar un proceso de arbitraje, con base a la cláusula 27 del contrato de concesión de distribución a UNIÓN FENOSA. Por otro lado, el 25 de agosto, miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República denunciaron la nulidad del contrato de concesión de distribución de energía a UNIÓN FENOSA.

En medio de estas circunstancias, el INE emitió licencia formal de importación de hidrocarburos a Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANIC), facultando a esta empresa para negociar la traída de petróleo ofrecido por el presidente venezolano Hugo Chávez en condiciones muy favorables (Núñez de Escorcia, 2007).

Sin embargo, dados los déficits de generación, la crisis energética se mantuvo durante todo el año.

3. El incremento de los precios del transporte

La otra afectación importante provocada por los altos precios del petróleo fue el incremento de las tarifas del transporte público. La población nicaragüense se vio afectada por la aplicación por parte de los transportistas de un incremento arbitrario en el pasaje urbano. Así, el año inició con paros de transporte que afectaron a más de 850 mil usuarios de Managua. Los transportistas reclamaban un subsidio gubernamental de 20 millones de córdobas para compensar los altos precios del combustible o que les autorizaran un alza de 14 centavos de dólar en el precio del pasaje. Luego de una semana de paro, no había aún una solución a la problemática y se reportaban heridos y detenidos por enfrentamientos entre los transportistas y la Policía Nacional. El 14 de febrero de 2006, los transportistas y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo. El Gobierno concedió al sector un nuevo subsidio de 4.7 millones de dólares, los cuales se iban a obtener de un impuesto temporal sobre las utilidades mensuales de las empresas petroleras. La propuesta fue avalada por la Asamblea Nacional, pero la medida no prosperó, dadas las protestas y resistencias de las compañías petroleras que obligaron al Estado nicaragüense a echarse atrás. La crisis se superó hasta finales del año con la reducción de las tarifas del transporte negociada por el alcalde de Managua y los transportistas, luego de conseguir petróleo venezolano en condiciones de pago muy favorables.

4. La huelga médica

La problemática salarial del sector salud fue otro elemento de la agenda social sumamente tensionado durante 2006. Los médicos nicaragüenses han tenido un salario básico en el sistema de salud pública de entre 200 y 350 dólares. Desde hace algunos años, la lucha por mejoras salariales los llevaron a organizarse en una federación llamada Médicos Pro Salarios. La intransigencia del gobierno a las demandas llevó a que los médicos decretaran una huelga que se inició el 17 de noviembre del año 2005, y paralizó 32 hospitales y unos 100 centros de salud de todo el país. La huelga duró seis meses y finalizó el 15 de mayo. El objetivo de la huelga era que el salario les fuera nivelado al de sus colegas centroamericanos, es decir, a un mínimo de 1.000 dólares mensuales. El gremio médico aceptó un 16,25% de aumento salarial a partir de mayo, lo que completaba un 30% para el año 2006 con el aumento que había recibido en diciembre de 2005. Los médicos obtuvieron además el compromiso del gobierno de darles acceso a viviendas, seguro colectivo, plan de retiro y capacitación médica, pero sobre todo, el compromiso del gobierno de introducir en la Asamblea Nacional en el mes de septiembre una iniciativa de ley que regulara la carrera sanitaria y la política salarial para el gremio médico. Este acuerdo se cumplió el 13 de diciembre de 2006, cuando el Legislativo aprobó la Ley de Equiparación Salarial, en beneficio de las y los médicos y odontólogos que laboran para el sector público de Nicaragua. Por medio de dicha ley, el Estado asumió el compromiso a equiparar gradualmente los salarios de este sector a los de sus homólogos de otros países de Centroamérica en un período de cinco años.

Aunque con menos repercusiones en la vida cotidiana del país, otras huelgas por salarios durante este año fueron las de los trabajadores de la Dirección General de Ingresos y los trabajadores del sistema judicial. Ambas terminaron en procesos de negociación relativamente favorables a los huelguistas.

5. La prohibición del aborto terapéutico

Uno de los temas que más controversia generó durante el año 2006 fue el tema del aborto terapéutico. La Iglesia Católica utilizó las fiestas patronales de Managua a inicios del mes de agosto para impulsar una fuerte campaña contra el aborto terapéutico. El tema rápidamente se convirtió en un tópico electoral, y salvo el candidato Edmundo Jarquín, del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que rechazó su abolición, el resto de los candidatos se convirtió en defensores e impulsores de esta campaña. Destacó la defensa a esta posición conservadora del candidato del FSLN, Daniel Ortega, y de su esposa, Rosario Murillo, la que luego se convirtió en posición oficial de su partido. Ya el 13 de septiembre Daniel Ortega había firmado, durante una reunión con 500 líderes evangélicos de las Asambleas de Dios, el documento elaborado por esta denominación, que proponía penalizar el aborto terapéutico hasta con 20 o más años de cárcel. Ortega prometió los votos de los 38 diputados del FSLN para eliminar del Código Penal la figura del aborto terapéutico, vigente en Nicaragua desde hace más de cien años.

Con estos apoyos de los partidos mayoritarios del país, las iglesias católica y evangélica convocaron a una marcha conjunta que se realizó el 6 de octubre y concluyó con la entrega a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de firmas en contra del aborto terapéutico; el Presidente sandinista de la Asamblea Nacional, René Núñez, y los legisladores que recibieron a los altos jerarcas católicos y evangélicos que encabezaban la marcha, ofrecieron derogar el artículo 165 del Código Penal que establece la figura jurídica de aborto terapéutico y así lo hicieron el 26 de octubre. Cabe indicar que la Asamblea Nacional no quiso recibir a una delegación de mujeres representantes de diferentes organizaciones que protestaba contra la derogación de dicho artículo, ni quiso escuchar las opiniones científicas emitidas por médicos especialistas en ginecología y obstetricia, alineándose totalmente al criterio de los jerarcas eclesiásticos.

Con ello, Nicaragua se convirtió en el tercer país latinoamericano en retroceder en la garantía del ejercicio a los derechos humanos de las mujeres. El movimiento de mujeres calificó este hecho como un grave retroceso del carácter laico del Estado, y un atentado al derecho a la vida de las mujeres.

III. LA COYUNTURA POLÍTICA

El año 2006 fue un año electoral en Nicaragua. El 5 de marzo se realizaron las elecciones autonómicas en las dos regiones autónomas del Atlántico-Caribe del país y el 5 de noviembre las elecciones generales para Presidente y Vicepresidente de la República, diputados nacionales, diputados departamentales y diputados al Parlamento Centroamericano.

Según algunos observadores estas elecciones presentaban varios obstáculos, particularmente a los partidos emergentes, distintos del PLC y el FSLN, quienes controlan el Consejo Supremo Electoral. Algunos de esos obstáculos fueron señalados el 1 de agosto por la misión de observadores electorales de la OEA presentes en Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington: “La conformación partidaria de los órganos electorales, las imprecisiones de la Ley Electoral, un padrón electoral con deficiencias, un proceso de cedulación inapropiado y lento, limitaciones operativas y logísticas y una tradición política polarizada y confrontativa”. El jefe de la misión de observadores, el ex canciller boliviano Gustavo Fernández, resaltó que “las condiciones no son óptimas y se pueden mejorar”. Por otro lado, en ambas elecciones la injerencia externa fue alta, destacando la injerencia constante y sistemática de la embajada norteamericana en Nicaragua que pretendió evitar una posible victoria del FSLN y, de contrapartida, el apoyo del Presidente venezolano Hugo Chávez a Daniel Ortega y su partido.

Adicionalmente es importante recordar que las reformas electorales del 2000 pactadas entre el Líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega, y el líder del PLC, Arnoldo Alemán, bipartidarizaron toda la organización electoral desde el Consejo Supremo Electoral hasta las Juntas receptoras de votos, al establecer la obligación de elegir alternativamente como Presidente y primer miembro de estos consejos electorales a los representantes de los dos partidos que hubieren obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales (PLC y FSLN). De esta manera, el sistema se orienta a garantizar los intereses de los partidos pactantes, pero no los del resto de competidores. Ello ha introducido incertidumbre en los partidos minoritarios y suspicacias sobre la neutralidad y profesionalismo de este poder del Estado (Ortega, 2003). Esta bipartidarización hace que el Consejo Supremo Electoral funcione con bancadas, como la Asamblea Nacional, lo que utilizan en algunos momentos como un arma política para negociar ventajas partidarias. Antes de las elecciones regionales, por ejemplo, los magistrados del PLC se negaron a hacer quórum para tomar decisiones sobre asuntos importantes del proceso electoral, presionando para conseguir una amnistía de su líder Arnoldo Alemán. El Consejo entró en crisis, la que finalmente tuvo que ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

1. Los resultados de las elecciones autonómicas

Las elecciones autonómicas en Nicaragua se realizan cada cuatro años en las dos regiones autónomas que reconoce la Constitución Política: la Región Autónoma Atlántico Norte y la Región Autónoma Atlántico Sur. La característica particular de la multietnicidad de estas regiones es la que explica su autonomía, parte importante de la cual es la elección de sus propias autoridades. La Ley Electoral establece que en cada Región Autónoma se deben elegir un total de 45 representantes, en 15 circunscripciones por región, para constituir los respectivos Consejos Regionales. En el seno de cada Consejo Regional se elige un Coordinador Regional que funge como el Ejecutivo de cada región autónoma. La Ley Electoral establece que en estas elecciones pueden participar partidos y asociaciones regionales, además de los partidos políticos nacionales. Las primeras elecciones autonómicas se realizaron en 1990.

En las elecciones regionales de la Costa Caribe, participaron 8 partidos políticos, con un total de 675 candidaturas, de las cuales 166 fueron mujeres, que representan el 25% del total. Los partidos participantes fueron la Alianza PLC, la Alianza FSLN, Alianza ALN, Alianza MRS, Alianza por la República, Camino Cristiano Nicaragüense, y los partidos regionales Yatama (Hijos de la madre tierra) y movimiento Unidad Costeña (PAMUC)4.

Los resultados de las elecciones autonómicas de este año fueron dados a conocer oficialmente por el Consejo Supremo Electoral el 18 de marzo con la proclamación de los 45 miembros electos para conformar cada uno de los Consejos Regionales, y mostraron una clara e inesperada ventaja del PLC sobre el FSLN y los demás partidos. El desprestigio de su líder Arnoldo Alemán, condenado por corrupción, y la escisión de su seno del ALN, hacía que los pronósticos sobre los resultados electorales no le fueran favorables al PLC. Sin embargo, en la Región Autónoma Atlántico Norte, el PLC ganó 16 concejales, YÁTAMA 13 y el FSLN 16. En el Sur, el PLC ganó 22, YÁTAMA 6, el FSLN 11 y ALN 6. El partido local indígena YATAMA protestó estos resultados aduciendo que habían sido amañados para favorecer al PLC, logrando al final recuperar un escaño.

En términos de género, entre los 45 electos en el Norte, sólo 4 son mujeres (1 FSLN, 2 YÁTAMA, 1 PLC). En el Sur, de los 45 electos, 11 son mujeres (1 YÁTAMA, 4 PLC, 3 ALN, 3 FSLN).

Estos resultados fueron leídos de distinta manera por los partidos políticos, pero indudablemente sirvieron para medir fuerzas y redisponerse para las elecciones generales a realizarse el 5 de noviembre.

2. El regreso de Daniel Ortega al poder

A pesar que las encuestas electorales señalaron persistentemente la ventaja del candidato sandinista, el resultado más sorprendente de este año electoral fue la reelección de Daniel Ortega, ex Presidente del país (1984-1990) y líder del FSLN, que vuelve a ocupar el poder perdido en 1990, luego de haber sido derrotado en tres intentos anteriores.

A estas elecciones se presentaron la Alianza PLC y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partidos de derecha, la Alianza FSLN (Alianza Nicaragua Triunfa), la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y el Partido Alternativa por el cambio (AC). Los candidatos en la elección presidencial fueron por el PLC: José Rizo (Ex Vicepresidente de Bolaños) para Presidente y Antonio Alvarado (Ex Ministro de Educación y salud de los gobiernos liberales anteriores) para Vicepresidente; por ALN: Eduardo Montealegre (banquero y ex Ministro de Relaciones internacionales y Hacienda de los gobiernos liberales anteriores) para Presidente y Fabricio Cajina, ex alcalde, para Vicepresidente; Por el FSLN: Daniel Ortega para Presidente, y Jaime Morales, ex miembro del Directorio de la Contrarrevolución en la década del ochenta, para Vicepresidente; por el MRS: Edmundo Jarquín que sustituyó a Herty Lewites, fallecido durante la campaña electoral, para Presidente y Carlos Mejía Godoy, cantautor para Vicepresidente; por AC: Edén Pastora, ex guerrillero, para Presidente y Mercedes Tenorio, funcionaria de una ONG, para Vicepresidenta.

 

En esta elección se estima que votó el 67% de los inscritos en el padrón electoral, por lo que la abstención se incrementó en 23% con relación a las elecciones anteriores de 2001, pues esta vez anduvo por el orden del 33% frente al 10% en 2001. Cabe indicar que se estima que el padrón está sobredimensionado en aproximadamente un 15% por las defunciones no registradas y la emigración al exterior.

Los resultados del Consejo Supremo Electoral indican que Daniel Ortega ganó por el 38,07% de los votos frente al 29% % de la derechista Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) de Eduardo Montealegre, al 26,21% del candidato también derechista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Rizo y del 6,5% del candidato del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín. AC no logró llegar a 1% de los votos. Las elecciones en términos generales fueron aceptadas por todos como legítimas y los incidentes ocurridos no se considera que invaliden los resultados.

3. Las razones que explican la victoria de Daniel Ortega

a) Respuesta a la agenda social

Las distintas encuestas aplicadas durante la campaña electoral indicaban claramente que los electores iban a votar mayoritariamente por un cambio de rumbo del país. Ello debido a que, a pesar de la condonación de gran parte de la deuda externa, de los altos índices de cooperación internacional y de los planes de lucha contra la pobreza, Nicaragua sigue ocupando uno de los últimos lugares en el ranking de desarrollo humano de América Latina; tiene hoy más pobres absolutos que antes y casi un millón de emigrados en busca de empleo, mientras la brecha entre ricos y pobres se ha agrandado por encima del promedio latinoamericano. Daniel Ortega logró persuadir a una parte del electorado que él podía hacer el cambio.

b) Fraccionamiento del voto derechista

Esta elección tuvo la particularidad de que no se polarizó en dos únicas opciones sandinismo-antisandinismo, como ocurrió en las anteriores. El bipartidismo tradicional dio lugar a cuatro opciones fuertes: FSLN, PLC, ALN y MRS. La no concentración del voto en sólo dos opciones, como en todas las elecciones anteriores, favoreció al voto fiel y duro del FSLN, aun disminuido por la aparición del MRS.

c) La reducción del porcentaje de votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta

El pacto institucionalizado del año 2000 entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán permitió la reducción del porcentaje para ganar en primera vuelta, pasando de 45% al 40% y hasta el 35% si el candidato ganador le sacaba al menos cinco puntos de ventaja al candidato del segundo lugar. Esta reforma a la Constitución y la Ley Electoral permite en esta ocasión la victoria de Daniel Ortega en primera vuelta.

d) Otros factores

No menos importantes serían la política de alianza del FSLN con sectores antes adversos al sandinismo, como la cúpula católica conservadora representada por el cardenal Miguel Obando y Bravo, sectores de la contrarrevolución de la década de los ochenta, y alianzas aún con el mismo Partido Liberal del derrocado dictador Anastasio Somoza. Esta estrategia combinó esfuerzos con una maquinaria partidaria muy bien organizada, con un tendido territorial nacional muy denso, al cual contribuyó el control de 87 de las 153 alcaldías del país, la propiedad de canales de televisión y la red de radios nacionales y regionales que posee el FSLN y que no posee ningún otro partido en Nicaragua; además de una disposición de recursos millonarios muy por encima del resto de partidos, según estimaciones independientes.

No menos importante fueron las enormes expectativas que generó entre sus seguidores el discurso de campaña del candidato Ortega, de la realización de una “revolución espiritual” cuyos resultados iban a ser la erradicación total de la pobreza, con “cero desempleo, cero hambre, cero analfabetismo”, emulando el discurso del Presidente brasileño Lula Da Silva. Además de inversiones sustantivas en infraestructura que incluyen hasta un canal interoceánico por Nicaragua5.

IV. RESULTADO DE ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL Y AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

Las elecciones a la Asamblea Nacional se realizan conjuntamente con las elecciones a Presidente y Vicepresidente de la República. Se eligen un total de 90 diputados, siendo 20 de circunscripción nacional y 70 por circunscripción departamental y regional.

Los resultados de las elecciones de representantes a la Asamblea Nacional indican que el FSLN obtuvo 38 escaños (30 departamentales y 8 nacionales). En el 2001, el FSLN obtuvo 919.192 (41,84%) votos para diputados nacionales y 905.206 (41,84%) para diputados departamentales. En estas elecciones, el FSLN obtuvo 899.292 (37,19%) para diputados nacionales (19.900 votos menos) y 906.957 (37,49%) para departamentales (apenas 1.751 votos más). Ello indica que la política de alianzas prácticamente no le sumó votos.

El PLC obtuvo 26 escaños, perdiendo 17, pues antes de estas elecciones tenía 43. Logró el 27,53% de los votos para diputados nacionales (664.024), cantidad suficiente para lograr el segundo lugar en número de diputados departamentales y nacionales, con una diferencia de sólo 1,32% sobre sus rivales de la ALN de Eduardo Montealegre. Sin embargo, este resultado le permite al PLC seguirse manteniendo como interlocutor del FSLN y actualizar el pacto político que firmaron ambos partidos desde el año 2000. Una de las expectativas de los partidos emergentes como ALN y MRS en estas elecciones era precisamente romper la posibilidad del pactismo, reduciendo el número de escaños de estos dos partidos mayoritarios. Los resultados indican que aunque ningún partido obtuvo mayoría simple, la alianza FSLN-PLC podría hacer mayoría simple y aún mayoría calificada y legislar sin necesidad del resto de los partidos.

Aunque la Alianza Liberal Nicaragüense obtuvo el segundo lugar en votos para Presidente y Vicepresidente de la República, en los votos para diputados quedó en tercer lugar. Para diputados nacionales, la ALN alcanzó 635.679 votos (26,29%). Obtuvo así cinco diputados nacionales y 17 departamentales, a los que habría que sumar al propio ex candidato Eduardo Montealegre, que obtiene una curul por su calidad de candidato del segundo lugar, y a Enrique Bolaños cuando deje la Presidencia.

El MRS alcanzó 205.340 votos (8,49%) para diputados nacionales. Sin embargo, sólo logró un diputado, dado que desde el pacto Alemán-Ortega la Ley Electoral favorece a los partidos mayoritarios en la asignación de escaños. Obtuvo tres diputados departamentales6.

La distribución de diputados por género se muestra en la tabla siguiente:

 

Del total de diputados electos, tanto nacionales (20) como departamentales y regionales (70), el 81% fueron hombres y el 19% mujeres.

Finalmente en estas elecciones generales se eligieron también un total de 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Los resultados por partido y por género se muestran en la tabla siguiente:

 

Del total de 20 diputaciones a elegir para el Parlamento Centroamericano, el 35% son mujeres y el 65% son hombres. El partido que tiene equilibrio de género es el FSLN con 4 hombres y 4 mujeres. El MRS sólo obtuvo una diputación y la electa es una mujer.

De manera general, los datos indican que en la participación de las mujeres en el sistema político falta mucho por hacer para conseguir la equidad de género7.

V. PODER EJECUTIVO

El gobierno de Enrique Bolaños finaliza su período con un sello de gobierno sin partido, dada su ruptura temprana y su posterior enfrentamiento con el partido que lo llevó al poder (PLC). El estilo presidencial de Bolaños fue gobernar de cara al gran capital nacional y transnacional, al gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales, subestimando las bases internas de su poder. Ello lo llevó a crisis sucesivas de gobierno por su poca capacidad para negociar exitosamente con las fuerzas políticas mayoritarias en oposición. La ausencia de una bancada legislativa propia le hizo difícil gobernar, pues tuvo grandes dificultades en lograr hacer avanzar su agenda legislativa.

Por otro lado, la alianza entre el PLC y el FSLN que se mantuvo viva durante todo este período de gobierno buscó concentrar poderes a costa del Ejecutivo y gobernar desde la Asamblea Nacional8. Así, en el funcionamiento del Estado durante 2006 se hicieron sentir los efectos de la crisis política provocada por las reformas constitucionales de 2005, que tendían a restarle poder al Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios claves de su administración, incluyendo algunos ministros y los embajadores, y que amenazó con un golpe de estado al Presidente. Esta crisis sólo se resolvió con la intervención de la OEA que logró concertar la terminación del período presidencial por Bolaños y la suspensión de la aplicación de las reformas durante su mandato. Sin embargo, el efecto de este incidente fue un debilitamiento aún mayor del gobierno y durante el año 2006 fue evidente que el país contaba con un Presidente de la República y su gabinete que rehuían tomar decisiones y que sólo esperaban el desenlace electoral para entregar el gobierno.

El Presidente Bolaños se caracterizó por mantener un gabinete relativamente estable de funcionarios de su total confianza, con una orientación empresarial y tecnocrática, estrechamente alineado a los dictados del FMI. A pesar de fuertes cuestionamientos a algunos ministros por presunciones de corrupción, como el Ministro de Transporte e Infraestructura, y otros funcionarios de alto nivel -como el Director del instituto de Estadísticas y Censos (INEC) y el Director General de Migración y Extranjería-, el Presidente de la República tendió a una defensa cerrada de sus funcionarios. El único cambio que terminó por aceptar fue el del Director de Migración y Extranjería por indicios claros de tráfico de influencias en el otorgamiento de visas a ciudadanos extranjeros que utilizaban territorio nicaragüense como lugar de paso para migrar a los Estados Unidos.

El nuevo gabinete del gobierno entrante que se esperaba muy amplio dado el discurso de reconciliación y de unidad nacional durante la campaña electoral de Ortega, al menos inicialmente ha resultado ser un equipo surgido de los distintos grupos de poder y tendencias internas del FSLN, que no ha tomado en cuenta a las pequeñas agrupaciones socialcristianas, contras y somocistas, que conformaron la electoral Alianza Nicaragua Triunfa. La única contradicción aparente en la conformación de este gabinete se dio con las Fuerzas Armadas, que no aceptaron a la ex capitana Marisol Castillo como Ministra de Defensa, cargo que aún se encuentra sin titular. Los criterios de selección fueron fundamentalmente de lealtad política, equidad de género y capacidad técnica. Destaca el hecho de que Rosario Murillo, la esposa del Presidente Daniel Ortega, funciona en la práctica como jefa de gobierno, mientras su esposo actúa como jefe de Estado. Según la revista “Envío”, los sectores ideológicamente ubicados más a la “izquierda” dentro del FSLN dominan el gabinete social y el sector agropecuario. Los empresarios acaparan casi todos los puestos vinculados a negocios de todo tipo, pero también han sido integrados algunos representantes de los pueblos indígenas y caribeños. “El resultado final es un gabinete variopinto. La mezcolanza de empresarios, sindicalistas, intelectuales, activistas sociales, trepadores políticos y ex militares, no permite ninguna consistencia ideológica. Coexisten portavoces calificados de quienes creen en las bonanzas del libre mercado y de quienes postulan por un sistema socialista” (Equipo Nitlapán-Envío, 2007). Las primeras contradicciones han hecho que a menos de un mes haya caído la ministra de la Familia y al siguiente mes la ministra de Cultura. La tendencia observada del nuevo gobierno es a un estilo vertical, centralista y autoritario de gobierno.

VI. PODER LEGISLATIVO

La Asamblea Nacional se mantuvo funcionando con dos bancadas mayoritarias: una bancada del PLC de 43 diputados y una bancada del FSLN con 38 diputados. Además, en el transcurso del año funcionaron pequeñas bancadas minoritarias como Azul y Blanco, Alianza por la República-Partido Conservador, Progubernamentales, y Camino Cristiano Nicaragüense, aliado histórico del PLC.

El trabajo de la Asamblea Nacional durante 2006 fue considerado como deficiente comparado con el del año 2005. Entonces se aprobaron 59 leyes de carácter económico, político y social, así como 318 decretos, y se ratificaron préstamos por 271 millones de dólares.

Este año la Asamblea Nacional aprobó 40 leyes. Una razón importante de este pobre desempeño legislativo tuvo que ver con el hecho de que los diputados dedicaron una buena parte de su tiempo al proselitismo político, dadas las dos elecciones que tuvieron lugar durante el año. En promedio sesionaron durante el año alrededor de 51 diputados, cuando la Asamblea Nacional consta de 91 (Barberena, 2006).

Por otro lado, este año se caracterizó también por una falta total de cabildeo del Poder Ejecutivo con los diputados. Ello conllevó a que este poder del Estado se viera obligado permanentemente a hacer uso del derecho de veto, llegando a utilizarlo en casi una decena de casos.

En materia económica, este año se avanzó con la aprobación de una nueva Ley del Régimen de Administración Financiera y Régimen Presupuestario; una nueva Ley de Deuda Pública; Ley del Fondo de Garantías de Depósitos; reformas a la Superintendencia de Pensiones; una nueva Ley General de Bancos, así como la aprobación de una serie de tratados internacionales.

Al cierre de su última legislatura, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley Orgánica de ese poder del Estado. Este hecho generó una fuerte polémica dado que esta ley, en su artículo 52, le da potestad a los diputados, de obligar a cualquier persona natural, jurídica, nacional o extranjera a comparecer ante ellos cuando así lo dispongan, sin especificar motivos, circunstancias ni casos específicos y la persona que no compareciere sería castigada por desacato, que según el Código Penal amerita seis meses a cuatro años de prisión.

La ley fue recurrida por sectores de la sociedad civil alegando disposiciones inconstitucionales. Concretamente, consideraron que contravenían los artículos 2, 132, 138 inciso 25, y 150 inciso 5. Por otro lado, señalaban que el Poder Legislativo se arrogaba por medio de esta ley, competencias exclusivas del Poder Judicial, estableciendo una jurisdicción que no les corresponde.

Esta ley también restituye privilegios económicos para los diputados a través de la introducción libre de impuesto de vehículos, violando el precepto constitucional de la igualdad ante la ley.

Otra serie de leyes aprobadas en marzo se refieren a las reformas de leyes nacionales que exigía EE.UU. para que el TLC entrara en vigencia en Nicaragua. La aprobación de estas leyes no estuvo exenta de tensiones, pues los diputados del PLC intentaron “negociar” su aprobación a cambio de dar pase en el Parlamento a un decreto de amnistía para liberar a Arnoldo Alemán. Sin embargo, la maniobra no prosperó y los diputados del PLC, los del FSLN y los del gobierno reformaron la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas. El 21 de marzo concluyeron la tarea reformando la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales; la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y la Ley Especial de Delitos contra el Comercio internacional o la Inversión Internacional.

Uno de los ámbitos donde el déficit legislativo fue más evidente fue en lo referido a la agenda social. Sin embargo, se logró que el 22 de marzo fuera aprobada la Ley General de Educación. Ella pretende establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo nacional, las atribuciones y obligaciones del Estado, los derechos y responsabilidades de las personas y de la sociedad en su función educadora. La ley fue vetada por el Presidente de la República. No obstante, se superó este desencuentro con la reforma de los artículos 91 referido al crecimiento porcentual anual del presupuesto educativo, estableciendo dicho incremento en no más del 5%, y el artículo 102 referido al aumento salarial anual para los profesores. Una de las novedades de esta ley es la importancia que le otorga a la participación de la sociedad civil en las políticas educativas. La ley se convierte en un referente básico de la educación en el país, por encima de los proyectos partidarios y busca articular el sistema educativo y mejorar la calidad de la enseñanza.

VII. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Nicaragua es un país de democracia reciente. Las bases de este régimen se establecieron con el derrocamiento de la dictadura somocista (1979), y los procesos que se dieron a partir de la revolución sandinista y la derrota electoral del FSLN en 1990. Desde entonces se ha desarrollado un marco de amplias libertades públicas y una irrestricta libertad de expresión, y se ha ampliado el régimen de derechos en el país, pero con una débil base material económica que no brinda los recursos públicos para garantizarlos y una también débil institucionalidad que no logra fijarse en sus límites democráticos.

El regreso del FSLN al poder ha abierto una nueva coyuntura en el país y la expectativa en algunos sectores de una mayor atención a la agenda social. Sin embargo, la población mayoritaria que no votó por el FSLN ve con prevención y aún temor algunas señales, como el apoyo del FSLN a la derogación del artículo del Código Penal que garantizaba el aborto terapéutico, la tendencia a gobernar para sus simpatizantes y por encima del estado de derecho, la poca tolerancia a la crítica de los medios de comunicación y la casi nula información sobre sus planes de gobierno. Toca a la nueva administración de Daniel Ortega corresponder a la confianza de sus electores y de todos los nicaragüenses, aprovechando esta nueva oportunidad para mejorar y profundizar la democracia y sus instituciones en este período, mientras contribuye sustantivamente a la impostergable resolución de los problemas de equidad, pobreza y desigualdad que agobian al pueblo nicaragüense.

 

NOTAS

1 Cfr.Skyspercity Forums: 2006

2 Véase: Ortega y Castillo (2007); Alvarez (2006); Sandino (2006); Vargas (2006).

3 El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos señala que “esta ley, en su artículo 5, viola garantías y derechos consignados en la Constitución Política, pues le otorga a UNIÓN FENOSA la facultad y potestad para que a cualquier hora invada una propiedad privada, haga inspecciones y busque consumidores ilegales; también autoriza a la empresa a tomar fotos y videos con testigos para demostrar la sustracción ilegal de energía, fomentando de esta manera la obtención ilegal de la evidencia. Le da facultades que ni la Policía Nacional posee, porque la Constitución establece que para poder allanar una morada debe tener orden judicial” (Núñez de Escorcia, 2007).

4 Véase los datos del Consejo Supremo Electoral en: http://www.cse.gob.ni/.

5 Véanse más detalles en Ortega (2006b y 2007).

6 Para más detalles véase: Equipo Nitlapán-Envío (2006b); Núñez de Escorcia (2007).

7 Los datos de los resultados electorales aún parciales del Consejo Supremo Electoral se pueden ver en: http://www.cse.gob.ni. Aunque este poder del Estado no ha proporcionado a la opinión pública aún un informe completo de los resultados electorales, incluyendo número total de electores, número de votantes, votos nulos, votos válidos, índice de abstención y otros.

8 Más sobre el pacto PLC-FSLN en: Ortega y Castillo (2007); Ortega (2001); Red Nicaragüense por la Democracia y el desarrollo local (2000).

 

REFERENCIAS

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Manuel Ortega Hegg: Sociólogo nicaragüense. Director del Centro de Análisis Socio_Cultural (CASC) de la Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua.

 

 

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