Exige Finlandia justicia en caso Copala / Exigen Justicia para Bety y Jyri‏

Inder Bugarin

A dos años de la emboscada a la caravana de activistas que se dirigía a San Juan Copala, el Gobierno de Finlandia exigió a las autoridades mexicanas la captura inmediata de los responsables de la muerte del finlandés Jyri Antero Jaakkola y la mexicana Beatriz Cariño, quienes perdieron la vida en el ataque armado.

En entrevista con REFORMA, Heidi Hautala, Ministra de Desarrollo Internacional de Finlandia, afirmó que las autoridades mexicanas no tienen excusas para aplazar la detención de los homicidas, pues ya cuentan con los instrumentos requeridos para acabar con la impunidad.

De acuerdo con la Ministra, la Unión Europea ya asistió al Gobierno de Oaxaca en la implementación de un efectivo programa de protección de testigos.

Además, las autoridades estatales y federales han rechazado la asistencia técnica puesta a disposición por parte de la oficina a su cargo, asegurando que no era más necesaria al tener las herramientas requeridas para impartir justicia ante los crímenes registrados en San Juan Copala.

“Han pasado dos años y seguimos esperando que se haga justicia, es inaceptable”, condenó.

“Pienso que las autoridades mexicanas cuentan ya con toda la capacidad requerida para organizar la protección de testigos y otros asuntos técnicos. No quedan más motivos para no resolver el caso”.

Hautala, quien fue presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo cuando ocurrieron los hechos el 27 de abril de 2010, afirmó que mantiene contacto permanente con la Canciller Patricia Espinosa y la Embajadora de México ante la UE, Sandra Fuentes.

Para la funcionaria finlandesa el rompimiento con México no es la opción, pues la única forma de mantener la presión y activado el caso es manteniendo activada la denuncia.

“No nos queda otra que seguir trabajando con las autoridades mexicanas para mantener abierto el caso”, mencionó.

Para la ex líder de los Verdes en Finlandia, y reconocida defensora de las garantías individuales en Europa, México se juega en el caso de San Juan Copala su credibilidad ante la comunidad internacional como un país respetuoso del Estado de derecho.

“El caso es un punto de referencia de cómo los defensores de los derechos humanos y los indígenas son reprimidos por algunos grupos ilegítimos”, dijo, “No pueden mantener la situación como de costumbre, es un caso único que puede levantar el velo de la impunidad”.

También, advirtió, está en riesgo la credibilidad del PAN y la del Gobernador Gabino Cué, quien llegó al poder prometiendo que rompería con las prácticas del pasado y con la complicidad entre el Estado y los grupos paramilitares que aterrorizan las comunidades indígenas.

El 27 de abril de 2010, Beatriz Cariño y Antero Jaakkola murieron durante una emboscada perpetrada por un grupo armado en contra de una caravana en la que participaban militantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (Multi), extranjeros y maestros.

El caso es seguido de cerca por el Parlamento Europeo y forma parte de la agenda permanente de eurodiputados como la finlandesa Satu-Hassi, quien la próxima semana presentará en Bruselas una evaluación del estado de las investigaciones.
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BOLETIN DE PRENSA

·      A dos años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, organizaciones sociales e indígenas se manifiestan a las afueras de la PGR en la ciudad de México

·      Exigen la conclusión del expediente y que se consigne a los responsables

·      Anuncian la próxima visita a Finlandia para reunirse con autoridades de ese país y estudiar la presentación de una denuncia internacional penal contra el ex gobernador Ulises Ruíz.

Organizaciones civiles, sociales, indígenas y campesinas realizaron un mitin a las afueras de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal, para exigir a las autoridades el esclarecimiento del doble homicidio de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola ocurridos el 27 de abril del 2010 en San Juan Copala, Oaxaca.

En la manifestación exigieron la protección para los testigos del caso y urgieron a las autoridades a concluir el expediente “pues se tienen todas las pruebas y testimonios necesarios” y sólo es cuestión de voluntad política para resolverlo.

La investigación de los hechos fue integrada por más de un año por la PGR, sin que desde esa instancia se lograra acreditar la responsabilidad directa de los perpetradores del crimen, a pesar de contar con pruebas y elementos suficientes para fincar responsabilidad a varios integrantes del grupo paramilitar conocido como UBISORT, que hasta el año 2011 actuaba bajo las ordenes y financiados por el Gobierno priista de Oaxaca.

Durante ese tiempo las familias de las víctimas pidieron a la PGR que el caso lo conociera la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) en atención a que se trataba de un grupo paramilitar organizado con estructura y funciones específicas quienes cometían múltiples delitos en la zona Triqui de Oaxaca, incluyendo entre esos delitos, los asesinatos de Bety y Jyri, sin embargo, la SIEDO en dos ocasiones ha declinado dicha competencia argumentando que “no se trata de delincuencia organizada”.

La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, integra también un expediente por el asesinato de los dos defensores de derechos humanos, sin que hasta la fecha se hayan logrado concluir las investigaciones ni sancionar a los responsables, a pesar, de que algunos de ellos se encuentran plenamente identificados.

Ante la falta de acceso a la justicia, la defensa de las familia Esparza Cariño, viajará la próxima semana a Finlandia con la finalidad de reunirse con organizaciones civiles como Amnistía Internacional, con el colegio de abogados de Finlandia y con autoridades como la Ministra de Desarrollo y el Ministro de Asuntos Exteriores, a fin de estudiar la presentación de una denuncia internacional en aquel país en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortíz, por su actuación directa e indirecta en este doble homicidio, pues las pruebas que han reunido las familias Jaakkola-Esparza Cariño acreditan la relación directa de ese gobierno con el grupo paramilitar UBISORT, autores materiales del crimen.

La legislación de Finlandia permite presentar y tramitar una denuncia bajo las leyes finlandesas de un delito cometido fuera de su territorio contra un ciudadano finlandés en otro país” como es el caso de Jyri Jaakkola, señalo Omar Esparza, esposo de Bety Cariño, por ello el abogado de ambas familias David Peña viajará a Helsinki para estudiar y preparar la presentación de esta denuncia internacional.

Con los elementos probatorios que contamos en este momento, podemos demostrar la relación directa de financiamiento del gobierno de Ulises Ruíz a UBISORT, y como en México no se investiga esta relación, acudiremos con el Fiscal General de Finlandia, para presentarle esos documentos y pedirle que actúe en su contra”, señalo el abogado.

La procedencia de esa denuncia, dependerá de las reuniones que se sostengan en la próxima visita y de las pruebas que se puedan ofrecer ante las autoridades penales de Finlandia.

Sin embargo, la lucha por la exigencia de justicia no cejara en ningún momento, y “si es necesario acudir al otro lado del mundo para buscar justicia, así lo haremos”, señaló Omar Esparza, quien fue acompañado en el mitin por organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, entre otras más.

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP).

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